La Policía de Tucumán, el sistema penitenciario, la Justicia provincial y la estructura sanitaria estatal todavía no están listos para la denominada “desfederalización” de las causas penales por tenencia y venta de drogas a menor escala, cuya puesta en marcha había sido fijada para el 1 de enero próximo. Ante aquellas carencias, expresadas en un proyecto del bloque oficial Justicialista de Todos, la Legislatura tomará una medida que llevará alivio a los tribunales provinciales: en la sesión del jueves que viene, se aplazará hasta el 1 de septiembre de 2020 la aplicación de la ley contra los “dealers”.
La decisión del cuerpo legislativo, además, está argumentada en que sería inminente el cambio de paradigma en la tramitación de los procesos por delitos de competencia provincial, a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, prevista para el 4 de mayo de 2020.
Este escenario, sumado a los planteos judiciales contra la “desfederalización” de las causas por narcomenudeo, llevó a las autoridades del Poder Legislativo y a los jefes de los bloques políticos a acordar este debate en la sesión convocada para el jueves de la próxima semana. Incluso, el vicegobernador Osvaldo Jaldo confirmó tras el encuentro de ayer que, a pesar de los obstáculos, persiste la decisión política del gobierno de habilitar al Poder Judicial de Tucumán a perseguir, arrestar y procesar a los traficantes que operan desde “quioscos” barriales.
Inaplicable, derogada y cuestionada
Faltan 26 días para que comience a estar operativa la ley contra los dealers, que fue sancionada en septiembre por la Legislatura y promulgada en octubre -bajo el número 9.188- por el gobernador, Juan Manzur. ¿Por qué es relevante su entrada en vigencia? En la actualidad, sólo la Justicia federal tiene competencia para investigar delitos relacionados con la venta de drogas. Si bien las fuerzas provinciales pueden actuar en caso de flagrancia, las normativas de fondo impiden que esos expedientes sean tramitados por jueces y fiscales de la Justicia tucumana. Sin embargo, las leyes nacionales 23.737 y 26.052, entre otras, posibilitan la adhesión a un régimen de “desfederalización” de esas causas, siempre que se trate de escasas cantidades. Ese es el rumbo hacia el cual apunta el oficialismo.
Hubo un intento por cambiar el esquema, a partir de 2015, pero el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, obtuvo una cautelar de la Corte Suprema de Tucumán que frenó la aplicación de ese régimen. Según se determinó, el fuero penal provincial carecía de la infraestructura adecuada para asumir la competencia de los casos por narcomenudeo.
En septiembre pasado, y por impulso del vicegobernador Jaldo, la Legislatura sancionó una nueva norma, que derogó el texto cuestionado y puso en vigencia uno nuevo. Así, se determinó como plazo para la implementación de este sistema el 1 de enero próximo. Otra vez, sin embargo, surgieron objeciones judiciales desde el Ministerio Público Fiscal, basadas en cuestionamientos efectuados por diversos organismos con injerencia en el tema.
Con una comisión especial
Esta serie de eventos llevó a que, en las últimas semanas, se iniciaran ruedas de diálogo entre representantes de los tres poderes del Estado provincial. Como consecuencia de ello, el vicepresidente 1° de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse (Justicialista de Todos), presentó ayer un proyecto de ley que propone el 1 de septiembre de 2020 como fecha para la puesta en vigencia de la ley contra los “dealers”. Además, el peronista incluyó en la propuesta -que contaría con el visto bueno del vicegobernador- la creación de una comisión especial interpoderes, cuya misión será determinar y concretar las medidas necesarias para la implementación de la norma. Esto, incluso, fue detallado en los fundamentos del proyecto. “Se advierte la necesidad imperiosa de contar con ciertos elementos materiales y cuestiones formales, de tal modo que, al momento de su entrada en vigencia, esta nueva herramienta legal contra el ‘narcodelito’ tenga todas las condiciones indispensables para ser utilizada de forma eficaz y eficiente”, señaló Vargas Aignasse, que preside la comisión de Seguridad.
Con respecto a la Policía, señaló que será clave la capacitación en la persecución de esta clase de delitos. Detalló que, además, se deben revisar las condiciones materiales que reviste la fuerza. Enumeró los reactivos químicos y otros instrumentos fundamentales para las pericias, incluido un cromatógrafo gaseoso. “Para el caso de no contar con el mismo, debería recurrirse a la jurisdicción federal, que para su utilización en dicha sede implicaría una erogación con un costo mínimo de $100.000 y con demoras de 15 a 20 días”, advirtió Vargas Aignasse.
En cuanto al sistema penitenciario, remarcó que diversos organismos públicos han señalado la “superpoblación” en los sitios de detención. Ello, explicó, hace necesario “construir o montar una alcaldía para todos los procesados y penados por delitos federales y por narcomenudeo provincial”.
En relación al Ministerio Público Fiscal, el proyecto señala que se deberán fortalecer los recursos humanos. “La transferencia (de expedientes) a las Fiscalías provinciales sería de unos 300 casos por año, sobre 500 vinculados a infracciones a la ley 23.737”, consignó. Aclaró que, de todos modos, en los distritos donde se aplicó la “desfederalización” hubo un aumento exponencial en estas cifras. El legislador consignó además la inminente puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal en la provincia, que establecerá el sistema adversarial de resolución de causas. A todo esto, explicó, se suma la cuestión sanitaria, ya que sería necesario el refuerzo de áreas de asistencia para adictos en centros públicos.
La intención es que, en poco más de nueve meses, se mejore en cada uno de estos aspectos para implementar la nueva ley contra los “dealers”.
Seis puntos a mejorar, según el proyecto
Capacitación para la Policía de la Provincia
“En la actualidad, la fuerza policial no tiene facultades para intervenir en este tipo de ilícitos, cuya especificidad es determinante (…); por tanto, se debería implementar una determinada y adecuada capacitación en la materia”.
Infraestructura en el servicio penitenciario
“A partir de las experiencias en otras provincias, se advertiría un incremento en el número de personas privadas de libertad, lo que implica un importante aumento de la población penitenciaria. (Se necesitarán) lugares de alojamiento aptos”.
Recursos humanos para el Ministerio Público Fiscal
“En (la Justicia de) Tucumán existen 29 cargos, entre Fiscales de Instrucción y de Cámara. Salta, que desde 2014 tiene transferida la competencia federal en (narcomenudeo), cuenta con 50 fiscales y 102 auxiliares de fiscal”.
Laboratorios para pericias en los tribunales
“El Ministerio Público Fiscal requerirá de espacios físicos y de una serie de elementos técnicos imprescindibles para llevar adelante una investigación eficiente (en casos de droga). Se necesitan un Laboratorio Forense y otro de Toxicología”.
Adecuación al nuevo Código Procesal Penal local
“El nuevo Código Procesal Penal de Tucumán se implementará en toda la provincia a partir del 4 de mayo de 2020. Pero la ley (del narcomenudeo) mantiene la lógica y la terminología de un texto procesal que en pocos meses quedará caduco”.
El foco en la atención médica (caso “Arriola”)
“(Se debería considerar la creación) de áreas en todos los hospitales de la Provincia con personal médico especializado en la atención primaria y urgente de ingresos con motivo de la ingesta de estupefacientes o de otro tipo de adicciones”.
AUTOR
Luis María Ruiz
LA GACETA
