El Gobierno le hará cambios a la reforma laboral por pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y publicará la semana que viene el decreto reglamentario en el boletín oficial. La mesa técnica del Ejecutivo está trabajando con los equipos de la central sindical.
“Vamos a hacer algunas aclaraciones que nos pidieron en la figura del trabajador independiente, de forma que no se puedan crear unidades adjuntas a empresas y se realice fraude laboral”, expresó un funcionario.
Se trata del artículo 97 que establece que los independientes puedan contratar hasta tres trabajadores para un emprendimiento productivo sin que exista un vínculo de dependencia. Incluye el aporte individual de una cuota mensual que comprende el régimen previsional, la obra social y el seguro.
El articulado que ampliará Nación es el que prohíbe “fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley”. Definirá además el régimen especial unificado que lo complementa, de forma que regule que no se implementen relaciones en dependencia encubiertas.
El texto de la reglamentación lo trabajó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en conjunto con la mesa técnica de Balcarce 50. La integran el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal.
El Gobierno quiere evitar una judicialización y un eventual tercer paro general. Es por eso que mantuvo contactos con Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (UOCRA) y Andrés Rodríguez (UPCN).
La Casa Rosada postergó la publicación de la norma para negociar con el ala dialoguista de la CGT. El encargado de llevar las conversaciones es el secretario de Trabajo, Julio Cordero. La acusación de los cegetistas es que el texto original va en contra de los derechos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Ejecutivo también realizará modificaciones al artículo 94, que modifica la Ley 20.744 y habilita despidos en casos de bloqueos a las empresas. Establece que “podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento”.
La CGT propuso agregar una instancia judicial antes del despido en el articulado y la mesa chica de Balcarce 50 está definiendo los grados de alcance. “Estamos en contacto constante con la CGT y los empresarios para definir cómo agregarlo y que no sea indiscriminado. La idea es que tampoco obstaculice”, expresó un funcionario.
