El futuro ya llegó. Si alguien tenía que imaginar el comienzo de una buena serie distópica era con la noticia, en grandes titulares, de que el agua empezaba a cotizar en Wall Street. De ahí a la especulación total con el agua solo se necesitarían un par de capítulos.
El agua, elemento vital para la vida, ya tiene precio para su entrega en una fecha futura. Como el oro, el petróleo o la soja. Pero el agua no es un commodity, o no debiera serlo.
En casi todo el mundo, hasta ahora, las leyes consideran el agua como un bien público de uso común. No obstante, es posible otorgar derechos de uso de esa agua a través de concesiones o licencias administrativas. Eso es lo que ha empezado a cotizar en Wall Street, los precios de los derechos de uso futuros. Si bien es cierto que, en principio, debieran ser productores agropecuarios quienes intercambien estos derechos de uso para regar sus cultivos, no menos cierto es que se abre la puerta a otros actores que lo que buscarán es especular con estos permisos de uso, convertidos ahora en activos financieros.
Introducir en el mercado el acceso al agua significa transferir a su lógica de funcionamiento, asimétrico e incompleto, la responsabilidad de definir los aspectos distributivos asociados con sus usos. Esto no es inocuo sino que tiende a agravar los problemas ya existentes, socavando los intereses de las futuras generaciones y los derechos de las otras especies, porque los “mercados” desconocen el “valor” (que no es lo mismo que el “precio”) ya que ignora las complejas funciones e interrelaciones de los ecosistemas.
Pero una de las cosas más perversas es que, como todo bono financiero, su precio crecerá (y las ganancias de sus tenedores) cuando mayor sea la crisis, en este caso del agua. Así, las crisis serán recurrentes para garantizar mayores ganancias. Sin crisis, esos bonos carecen de valor.
Y el agua como mercancía es exactamente lo opuesto al agua (su acceso) como Derecho Humano fundamental. Lamentablemente en la modificación del Código Civil (y creación del Código Civil y Comercial) se eliminó, a último momento, un artículo que expresamente establecía el acceso al agua como derecho humano fundamental. A pesar de que parezca una cuestión meramente enunciativa, que esté expresamente garantizado como un derecho humano, tiene implicancias prácticas muy concretas, sobre todo en establecer prioridades en su uso, garantizar libremente su acceso y restringir su privatización.
Hasta la Encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, lo dice muy claramente: “El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos.”
El recordado Pino Solanas tenía un proyecto de ley al respecto, en el que colaboramos, pero nunca pudimos lograr su sanción por el Congreso Nacional. Increíblemente hay bloques legislativos que se oponen a considerar el acceso al agua potable como un derecho, para mantener al agua como una mera mercancía cuyo acceso fluctué al vaivén de la inefable oferta y demanda. Como si uno pudiese elegir prescindir del agua para sus necesidades más elementales, para su higiene, para su comida. Sin agua no hay nada, ni salud, ni alimentos, ni vida.
Pero vamos más allá, no sólo debiera ser un Derecho Humano fundamental, sino que el agua, como parte de la Naturaleza, tiene Derechos. Si, el agua tiene Derechos y que tenga derechos la saca del mercado, deja de ser una cosa para convertirse en un sujeto de derechos. Tiene derecho a la preservación de la funcionalidad de sus ciclos, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, a vivir libre de contaminación para la reproducción de la vida de la Naturaleza y todos sus componentes. En definitiva, este nuevo paradigma nos lleva a un progresivo e imprescindible proceso de desmercantilización de la naturaleza (y sus elementos, como el agua) que promueve, paralelamente, una relación armónica con ella. Una verdadera alternativa civilizatoria a la actual marcha suicida del modelo imperante.
Por: Enrique Viale, abogado ambientalista