Según la investigación, la maniobra consistía en la falsificación de troqueles de medicamentos y el uso de datos de afiliados de PAMI para cobrar a la prestadora medicamentos que nunca fueron expedidos.
El Juzgado Federal N°1 de Tucumán citó a prestar declaración indagatoria a seis personas acusadas de llevar a cabo una defraudación millonaria al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a través de tres farmacias ubicadas en el sur de la provincia. La medida había sido solicitada por el fiscal Agustín Chit y la auxiliar fiscal Julia Vitar, de la Fiscalía Federal N° 2, y alcanza a propietarias, a directoras técnicas y a dos personas más que explotaban los fondos de comercio. El perjuicio a la obra social fue calculado en 282.789.591,71 pesos, en un período comprendido entre la segunda quincena de junio y julio de 2023.
Según detalló el sitio Fiscales, la investigación se inició el 24 de julio de 2023 a partir de una denuncia presentada por las autoridades del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, quienes detectaron presuntas irregularidades en las facturaciones hechas por tres farmacias a la obra social PAMI. La maniobra consistía en la falsificación de troqueles de medicamentos y el uso de datos de afiliados para cobrar a la obra social medicamentos que nunca fueron expedidos.
De acuerdo a la fiscalía, se pudo determinar que existieron diferentes anomalías en el expendio de medicamentos por parte de estas farmacias, con el siguiente detalle:
– Emisión de recetas digitales falsas, utilizando datos de afiliados de PAMI, con la complicidad de profesionales médicos o personas con accesos a sus claves digitales.
– La validación de esas recetas digitales falsas por parte de las personas responsables y titulares de estas farmacias, a las que se adjuntaron troqueles falsificados para simular la venta de medicamentos.
– La consignación de datos falsos de terceros intervinientes para simular el retiro de los medicamentos.
– La presentación de estas recetas con documentación e información apócrifa al Colegio de Farmacéuticos para facturar a PAMI medicamentos que nunca fueron expedidos, y cobrando la totalidad del valor que la obra social pagó por ellos.
Asimismo, entre las irregularidades detectadas, se descubrió que en una misma farmacia figuraban validadas dos de estas recetas en un minuto y también que la caligrafía del encargado de retirar los medicamentos era la misma en órdenes destinadas a distintas personas. Además, se advirtieron medicamentos escritos con errores de tipeo. También se pudo constatar que, en la mayoría de los casos, no existía relación entre el nombre de quien figuraba retirando el medicamento como tercero interviniente y el DNI consignado en la orden.
Atento a las maniobras detectadas, el elevado monto del perjuicio que estarían ocasionando y la afectación de la salud pública de los afiliados, la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán solicitó la suspensión preventiva de la atención de los afiliados a PAMI en las farmacias investigadas.
A su vez, requirió al juzgado el dictado de una medida cautelar de no innovar para que el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán y el PAMI se abstuvieran de realizar pagos pendientes a las farmacias mencionadas.
Allanamientos
A pedido de la fiscalía, el Juzgado Federal N°1 de Tucumán ordenó el allanamiento en simultáneo de las farmacias denunciadas y del domicilio de sus propietarias. Estas medidas fueron útiles a la investigación, ya que más allá de los elementos secuestrados, de allí surgieron datos para investigar a otras personas.
El análisis de papeles de facturación, troqueles y demás documentación concluyó en la citación a indagatoria por el delito de defraudación a la administración pública de una persona en su calidad de explotador de los fondos de comercio de las tres farmacias involucradas y de las directoras técnicas y propietarias de esos emprendimientos.
En concordancia con lo requerido por la Fiscalía Federal N°2, los imputados fueron citados a prestar declaración indagatoria en diferentes audiencias programadas para mediados de marzo próximo. Además, en cumplimiento de los objetivos de política criminal sentados por la Procuración General de la Nación, se requirió el dictado de medidas cautelares sobre bienes de los imputados detectados durante la investigación de su patrimonio.
La fiscalía informó que mantiene abierta la investigación respecto de la responsabilidad de médicos y prestadores de PAMI en la maniobra.
