La comisión de Juicio Político de la Legislatura trasladó a los jueces de Paz legos José Luis Guerra (El Manantial) y Josefina Penna (Yerba Buena) las denuncias que los cuestionan por haber intervenido en matrimonios fuera de la provincia. Los legisladores activaron los procesos de expulsión este miércoles mientras, por la mesa de entrada, ingresaba el tercer pedido de destitución por el mismo motivo contra Juan Cipriani, titular del Juzgado de Paz de Gonzalo, Trancas (se informa por separado). Si bien Guerra presentó la dimisión hace una semana, esta sólo producirá el efecto de clausurar las actuaciones cuando sea aceptada por el gobernador Juan Manzur.
La decisión de dar curso al trámite solicitado procedió por unanimidad, aunque el opositor Eudoro Aráoz se excusó respecto de Guerra por amistad. Avalaron el traslado de las acusaciones los integrantes presentes en la reunión de la comisión de Juicio Político: Zacarías Khoder (presidente), Nancy Bulacio, Cristhian Rodríguez, Aráoz, Enrique Bethencourt, Elena Cortalezzi, Graciela Gutiérrez, Reneé Ramírez y Norma Reyes Elías (estuvieron ausentes Alberto Colombres Garmendia, Sara Assán y José Gutiérrez). En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán solicitó explicaciones a los jueces cuestionados y a Gonzalo Paz, empleado de Penna.
Los acusados disponen de 15 días hábiles para enviar una contestación a la Legislatura. La Ley 8.734, que regula el procedimiento de destitución, establece que esa respuesta debe contener el descargo respecto de las imputaciones; el ofrecimiento de la prueba y la constitución del domicilio legal en San Miguel de Tucumán.
A partir de la presentación de la contestación, la comisión de Juicio Político deberá expedirse en el plazo de veinte (20) días hábiles. Si considera que existen razones para destituir a los jueces de Paz, sostendrá la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento que preside Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
Penna y Guerra continuarán prestando servicios, aunque el segundo está de licencia y afrontaría dificultades de salud. La comisión puede suspenderlos con el voto de los 2/3 (dos tercios) de la totalidad de sus miembros por el tiempo que dure el proceso si decide promover la destitución. La acusación contra Guerra lleva la firma del abogado Gustavo Morales y de Mario Vittar, agente de la Junta Electoral Provincial, mientras que la de Penna es impulsada sólo por el profesional mencionado.
Los denunciantes adujeron que los jueces de Paz habrían adulterado las actas correspondientes al matrimonio de Santiago Seiler e Isabella Judith Silva Castejón(ciudadana venezolana), y a Giselle Ortega y José Carbonell (h), quienes se casaron en la localidad salteña de Cafayate. Mientras que Guerra no contestó los llamados de este diario, Penna dijo que había casado a Ortega y a Carbonell (h) en su despacho; que un empleado (Paz) había leído el acta (en Cafayate) y que los novios y testigos firmaron una hoja en blanco. “Es lo que se estila”, había dicho Penna.
