Paso a paso, en silencio, Ricardo Echegaray gana espacios de poder dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Sus lugartenientes recuperan posiciones, mientras que cosechan premios quienes lo ayudaron a enfrentar sus problemas judiciales de los últimos años, según surge de disposiciones y comunicaciones internas del organismo que obtuvo LA NACION.
Su primer alfil es Silvana Quinteros y obtuvo el control de la Regional de la AFIP en Bahía Blanca, un lugar caro a los afectos e intereses de Echegaray. Oriundo de Punta Alta, es su pago chico. Y abarca las oficinas del organismo donde se jugó a fondo desde 2012 para proteger al presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez.
El segundo alfil de Echegaray es Horacio Curien y acaba de convertirse en el número dos –y poder en las sombras- en la Regional de Mar del Plata, otro lugar caro a los afectos e intereses de Echegaray, que estudió Derecho en esa ciudad. Allí descolló en los ’80 como férreo defensor político de los genocidas de la dictadura desde el sector más reaccionario de la Unión para la Apertura Universitaria (UPAU). Y allí es donde comenzaron sus roces con otro rostro de la UPAU, el marplatense Amado Boudou.
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Eso no es todo. El lunes, la AFIP informó en la causa contra Cristóbal López y Fabián de Sousa que se bajaba de la querella contra otros dos alfiles de Echegaray: el entonces titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Rubén Angel Toninelli, más la subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitanas –y antes titular de la Regional Bahía Blanca-, Karina Venier. Ambos se sumaron a dos que ya habían sido beneficiados con una falta de mérito por la Cámara Federal: el subdirector General Técnico Institucional, Guillermo Michel, y el exsubdirector general de Recaudación, José Antonio Bianchi.
Los avances de Quinteros y Curien, sin embargo, alimentan la ilusión de Echegaray, que busca elevar su perfil. Para eso, difunde entre dirigentes peronistas una propuesta para devolverle parte del IVA a los contribuyentes antes de las PASO. Cree que esa medida permitiría captar votos en las elecciones –en las que se ilusiona con una candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires- y, mirando más allá, revitalizar la economía pospandemia.
Los vínculos de Echegaray con Quinteros y Curien vienen de años. Ella también es oriunda de Punta Alta, donde estudió y forjó su amistad con la esposa del “Negro” –como lo apodan con afecto-, con quien trabajó en la ONCCA y en la AFIP. Y Curien lo conoció en el Centro de Estudiantes Universitarios (CRU) de Mar del Plata, militaron juntos en la UPAU y de su mano ingresó a la AFIP.
Desde entonces, Curien afrontó varias turbulencias. La primera, cuando fue señalado como uno de los sabuesos de la AFIP que viajaron en abril de 2009 a Río Gallegos para reunirse con el entonces contador de los Kirchner, Víctor Manzanares. Evaluaron cómo resolver “inconsistencias conceptuales” en las declaraciones juradas impositivas de los Kirchner, cuando afrontaban la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito.
Premios y castigos
Ahora, sin embargo, Quinteros y Curien recuperaron protagonismo dentro del organismo tributario, beneficiados por los movimientos de personal que validaron las cúpulas de la Dirección General Impositiva (DGI), que lidera Virginia García, la excuñada de Máximo Kirchner, y de la AFIP, que comanda Mercedes Marcó del Pont.
En esa línea, Mar del Plata registró varios nombramientos y desplazamientos. Entre otras, descollaron las remociones del hasta ahora titular de la Regional, Roberto Seara, del jefe de Investigaciones, Eduardo Bellini, y de los responsables de las Agencias 1 y 2, Rosana Cardisco y Gustavo Álvarez Karus, entre otros funcionarios de línea.
Al frente de la Regional Mar del Plata asumió Mariano Pérez Rojas, exsecretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad de General Pueyrredón durante la intendencia de Gustavo Pulti. Su carrera en la AFIP es meteórica. Ingresó en noviembre de 2015 y pasó de inspector de “preventiva” -base de la pirámide del organismo-, a jefe de la Regional, sin escalas. Ahora asumirá las riendas junto con Curien.
Una impronta similar se repitió en Bahía Blanca, aunque Quinteros avanzó por iniciativa propia. Reasignó múltiples funciones dentro de la Regional, con una notable correlación entre la promoción de algunos empleados del organismo y sus antecedentes a favor de Echegaray.
¿Cuál fue su parámetro de evaluación? Las declaraciones judiciales de esos agentes acerca del cierre de la Regional bahiense -y su reducción a Agencia dependiente de Mar del Plata- en 2012, cuando los sabuesos investigaban tres usinas locales que emitían facturas truchas que terminaban en Austral Construcciones, la constructora de Lázaro Báez.
Promociones en Bahía
Así, Quinteros le ofreció jefaturas a Guillermo Martínez, a Marisa Amaya y a Leandro Scafetto. Es decir, tres agentes que declararon ante el juez federal Sebastián Casanello sobre aquel cierre de la Regional y cuyos testimonios fueron inocuos o incluso beneficiosos para Echegaray.
El 12 de mayo, Quinteros lo promovió a Guillermo Martínez, quien investigó a la Constructora Patagónica Argentina y abogó por convalidar su actuación, aunque la propia empresa terminó por admitir sus ilícitos para beneficiar a Báez. Quinteros lo designó como jefe interino de la División de Fiscalización N° 2 tras aceptarles las “renuncias” a Horacio Ponzoni y Ariel Martínez, quien a su vez se había encargado de investigar al Grupo Penta, otra emisora de facturas truchas a favor de Báez.
El caso de Ariel Martínez resulta curioso, según reconstruyó LA NACION. Como testigo, planteó algunos datos favorables a Echegaray. Al punto que el ex jefe de la AFIP lo invocó, repetidas veces, en su descargo ante el juez Casanello. Pero luego ocupó un cargo jerárquico en Bahía en la gestión de Cambiemos. Eso pesó más que su testimonial.
Otro caso notable es el de Amaya. Echegaray también invocó su testimonio al defenderse ante Casanello. Sostuvo que su declaración echaba “por tierra con la especulación del desplazamiento de los funcionarios [de la AFIP] para encubrir un ilícito” de Báez y los emisores bahienses de facturas truchas. Quinteros la promovió como supervisora a una División de mayor peso y relevancia.
Por su parte, Scafetto también declaró ante la Justicia de un modo favorable a Echegaray. Afirmó que Constructora Patagónica Argentina “no se presume que se trate de un proveedor apócrifo”, a pesar de las evidencias en contrario, que terminó por admitir la empresa. Por eso resultó el único testigo al que Casanello le marcó inconsistencias en su resolución de 112 carillas con la que procesó a Echegaray. Le dedicó, incluso, una línea contundente: “Sin perjuicio de la opinión de [Scafetto], entiendo que existen elementos que van en sentido contrario”.
Sin embargo, en las semanas que siguieron a su arribo a Bahía Blanca, Quinteros también premió a Scaffeto con una Jefatura de División, según reconstruyó LA NACION, aunque duró poco con esas responsabilidades adicionales y terminó por reemplazarlo.
La lista de los promovidos por Quinteros, de todos modos, tampoco se agota en esos tres nombres. Otro agente que lidió con los papeles de la Constructora Patagónica Argentina como emisora de facturas truchas para Báez fue el inspector Adrián Fotti. Con Quinteros también cosechó el premio de un ascenso. Quedó a cargo de la jefatura vacante de la División Fiscalización N° 1 de la Regional.
Aun así, los ahora ascendidos por Quinteros se encuentran bajo la lupa. El juez federal Walter López da Silva delegó en el fiscal Santiago Ulpiano Martínez la investigación sobre cómo actuaron esos y otros funcionarios de la AFIP en Bahía durante la gestión de Echegaray. Es la segunda parte del expediente por el que Báez y aquellos emisores de facturas truchas ya se encuentran procesados.
