El presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lazzari, cuestionó el presunto crecimiento de “causas armadas artificialmente”, “abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos” e involucró a “ciertos medios de prensa”comprometidos, según sus dichos, para “dictar condenas mediáticas”.
La declaración fue en el transcurso del acto inaugural de las V Jornadas de Actualización de la Red de Jueces Penales Bonaerenses y el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, realizado en el municipio de Campana. El discurso tuvo una audiencia de más de 120 Jueces, Fiscales, Defensores Oficiales, empleados y abogados de toda la Provincia.
De acuerdo con la argumentación de De Lazzari, estaría en desarrollo un proceso que “empezó a percibirse con mayor nitidez en el orden federal, pero que ahora muestra sus síntomas también en el ámbito provincial”. Esa insinuación de supuesta contaminación de aparentes vicios atribuibles a Comodoro Py, en el fuero federal, está enderazada a provocar una segura reacción del poder político, sensibilizado por la campaña electoral.
En la misma cuerda de cuestionamiento, De Lázzari mencionó el “crecimiento exponencial de denuncias contra magistrados, frente al disconformismo por un fallo, y al absurdo de tener que conformar procesos de enjuiciamientos de los cuales muchos son desestimados”.
Además, refirió a un “abuso” del proceso judicial penal, que antes se daba en el ámbito federal y ahora, insistió el ministro de la Suprema Corte, en el bonaerense.
“Estoy hablando de causas armadas artificialmente, de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados”.
Involucró también a “miembros del Ministerio Público, que terminan por generar un panorama absolutamente preocupante”.
Esta afirmación está lindante con una apreciación crítica de la tarea del fiscal federal Carlos Stornelli, quien se encuentra en rebeldía después de varias citaciones para indagatoria por su presunta participación en una red de espionaje ilegal. Esa causa tramita en el juzgado federal de Alejo Ramos Padilla, en Dolores.
“La única herramienta que tenemos para combatir todo eso es el derecho”, explicó De Lazzari en su discurso.
El tono utilizado marcaría el componente controversial, llegado el caso, con aquellos que sostienen una evolución favorable del ámbito judicial en los últimos años. El gobierno en primera línea. De Lázzari no sostiene, precisamente, este criterio. Remite a las relaciones del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial como soporte de esta disparidad interpretativa. “El punto es que la Justicia debe tener el rol de poder del Estado que lamentablemente ha perdido. No puede ser el tributario de los otros poderes, no puede ser la Cenicienta, no puede depender de los dictados que se hagan desde los poderes políticos. Si ponemos el hombro en ese menester, creo que podremos salir al cruce de ese panorama sombrío que estaba mencionando”, completó.
¿Se refiere a la controversia por el reciente planteo de los ministros de la Suprema Corte por la asignación de fondos de la administración de María Eugenia Vidal?. ¿Acaso por la demanda de autonomía presupuestaria?. ¿O de un involucramiento “desmedido” del poder político en la administración de justicia ¿.
Ahí, donde faltó precisión, puso concepto: “Con la ley en la mano tenemos que salir al cruce de esos (manejos), que por suerte no son generalizados, pero que realmente significan amenazas. Y el derecho ejercido con firmeza, con valentía, con independencia”.
De Lázzari no agotó su diagnóstico de los tribunales. Incorporó en su alocución académica una fuerte denuncia contra el Sistema Penitenciario Bonaerense, a cargo del gobierno provincial: “Entre los desafíos actuales y a la vez estructurales y de larga data, se halla el tema de la situación carcelaria, en la medida en que los magistrados deben enfrentar, desde hace mucho tiempo, las vulneraciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad con resultados desalentadores frente a los incumplimientos de las sentencias dictadas para remediar esas transgresiones”.