Finalmente, ocho senadores y diputados cristinistas resolvieron con una simple resolución, el debate sobre si habrá o no un indulto para Cristina Kirchner debido a que lo habrá, aunque de una manera sinuosa y furtiva. Al mismo tiempo, el oficialismo le lanzó una guerra sin cuartel ni medidas a la justicia, porque ésta no consuma la venganza contra la administración del ex presidente Mauricio Macri.
Y es que varios jueces que condenaron a la vicepresidenta serán perseguidos, pero la furia de la vicepresidenta estalló porque la Cámara de Casación no siguió su proyecto de revancha en un caso contra el gobierno macrista que se ventilaba en Lomas de Zamora. Algo puede suceder. La ofensiva fue acompañada por una notable ferocidad a la Justicia, por lo que la maniobra del kirchnerismo estaba cantada.
En ese marco, según la nueva normativa, solo irá presa, si fuera condenada, cuando la sentencia se considere definitiva, ya sea por decisión de la Corte Suprema o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso es que pueden pasar tantos años que tal vez la respuesta más acertada sea nunca para la pregunta de si alguna vez conocerá la prisión. Pero, ¿cómo fue que se consumó esta maniobra?
Esos ocho legisladores integran una comisión bicameral de seguimiento e implementación de las reformas al Código Procesal Penal Federal, que está autorizada por el Congreso para ejecutar las modificaciones. Esos ocho representan a una ajustada mayoría; la oposición de Juntos por el Cambio no votó esos beneficios para los investigados por corrupción. La modificación reglamenta cuándo una sentencia debe considerarse definitiva para ir preso.
Según la jurisprudencia de la Corte Suprema, dos sentencias coincidentes de los tribunales orales y de la Cámara de Casación, la máxima instancia penal del país, son suficientes para que un condenado empiece a cumplir la condena. La disposición de los legisladores cristinistas modifica ese criterio. De ahora en más, señala que solo podrán ir presas las personas con sentencias definitivas.
Y considera que esa calificación solo puede surgir de una decisión de la Corte Suprema, si es que no hay un pedido de nulidad del juicio ante la Corte Interamericana. Ni la Corte Suprema argentina, ni la Interamericana tienen plazos para expedirse sobre los casos que llegan a sus manos. Son pocos jueces, además, que deben resolver cada año miles de expediente. En ningún país serio del mundo, los perseguidos por corrupción eluden tan fácilmente la prisión.
Ahora ocurrió esta nueva implementación parcial del Código Procesal, que lleva hasta la eternidad la ejecución de una condena a prisión. La persona más claramente beneficiada es Cristina Kirchner, porque por su condición de ex presidenta, de vicepresidenta difícilmente le será negada la apelación ante la Corte Suprema. Cabe preguntarse entonces: ¿Cuánto tiempo más la sociedad tolerará este ataque a la Justicia?
