El dictamen del Presupuesto 2025 cuenta con 29 artículos (el último de forma), uno más que el proyecto que envió la Casa de Gobierno. Sucede que la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara no sólo hizo modificaciones en lo referido a los excedentes financieros, para que la disposición se implemente a partir del próximo ejercicio; también consignó las facultades que tiene el presidente de la Legislatura para modificar la escala salarial del personal y la dieta de los legisladores. Sin embargo, hay jurisprudencia que establece que dicho debate debe darse en sesión pública.
El gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía y Producción Daniel Abad enviaron el proyecto de ley a la Cámara a fines de octubre. Prevé erogaciones por $3,39 billones para 2025, recursos por $3,4 billones y un superávit de $5.613 millones. Luego de algunas tensiones en lo que respecta a la disposición de los excedentes financieros de los poderes, hubo acuerdo con la Casa de Gobierno y el lunes se dio dictamen a la propuesta en el comité que preside Carlos Gallia.
Los parlamentarios que integran la comisión incluyeron un nuevo artículo 11 en el dictamen, el cual dispone: “facúltase al presidente de la Honorable Legislatura, en consonancia con el artículo 59 de la Constitución de la Provincia, mediante decreto, a establecer la escala de sueldos de su personal y dieta de los legisladores, conforme a la política salarial que implemente para ese Poder del Estado”.
Fuentes del oficialismo y de la oposición mencionaron que habitualmente se incorpora el artículo en cuestión al proyecto que envía la Casa de Gobierno. Consignaron que el apartado se incluye para garantizar la autonomía de los poderes, sea por algún aumento que otorgue el Poder Legislativo o para adherirse a la suba que autorice la Provincia. De hecho, dichas facultades se encuentran consignadas de modo similar en las leyes presupuestarias de 2023 (Ley 9.633), de 2022 (9.474) y en la de 2021 (9.369). Pero, por ejemplo, nada dice respecto a las dietas de los legisladores en las leyes de Presupuesto 2020 (9.213) y de 2019 (9.138).
Derechos y fallos
La Carta Magna que rige en Tucumán desde 2006 establece en dicho apartado que el vicegobernador – en este caso Miguel Acevedo– tendrá la “facultad exclusiva nombrar los empleados que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, fijar sus remuneraciones en el presupuesto y proveer a las necesidades funcionales del Poder y sectores que integran el Cuerpo”.
Sin embargo, hay un fallo de la Corte Suprema de Tucumán, de 2017, que establece que se violaba el principio de legalidad porque es la Cámara la que debe fijar la suma de dinero que percibirán mensualmente los legisladores y no el presidente. Ese planteo había sido formulado por los constitucionalistas Luis Iriarte y Carmen Fontán.
La política salarial dentro de la Legislatura está mencionada en los artículos 59 y 68 de la Constitución. El primero establece que el vicegobernador tendrá la “facultad exclusiva nombrar los empleados que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, fijar sus remuneraciones en el presupuesto y proveer a las necesidades funcionales del Poder y sectores que integran el Cuerpo”. El segundo señala que “los legisladores percibirán mensualmente una suma de dinero que se denominará dieta, tendrá carácter compensatorio de la función y será fijada por la Presidencia del Cuerpo”.
Sin embargo, tras el litigio y la declaración de inconstitucionalidad de esa facultad para determinar los ingresos que tiene el vicegobernador, la dieta de los parlamentarios debe ser fijada en sesión pública. Por lo general, las dietas legislativas desde 2015 venían atadas a los porcentajes acordados en las paritarias con gremios estatales.
Cambios y fundamentos
El año pasado, sin embargo, en la última sesión, los parlamentarios aprobaron una resolución que prácticamente les duplicó los ingresos. En un paquete de resoluciones aprobadas “en módulo” (es decir, a mano alzada y sin argumentos), los legisladores se incrementaron la dieta, única remuneración que les prevé la Constitución.
Pese al hermetismo, este diario pudo corroborar entonces que la dieta de los legisladores fue equiparada al salario que percibía el cargo administrativo de mayor jerarquía de la Cámara (entre $ 1,3 millones y $ 1,5 millones, en promedio). Por entonces, cada legislador cobraba cerca de la mitad en concepto de dieta. En la actualidad, según pudo averiguar este diario, los legisladores perciben una dieta de unos $2,5 millones.
En una entrevista posterior con el presidente de la Cámara, se explicó que la votación se realizó por módulos porque se indicó que habitualmente se llevaba a cabo de esa manera. “Si hay que modificar o clarificar eso, lo vamos a hacer”, dijo entonces Acevedo. A su vez, rechazó que haya habido un ocultamiento porque todas las sesiones se transmiten en vivo por el canal oficial de YouTube. “No hay nada que ocultar. La misma resolución que antes decía que la dieta se ajusta con los incrementos que se den a los empleados de la administración pública, lo que se hizo es decir que eso no puede ser inferior a tal cosa”, desarrolló.
