RÍO DE JANEIRO.- La playa es, en Brasil, una extensión del salón de casa, la plaza mayor del pueblo, el ágora de la ciudad, una institución sagrada. La idea de que, en la playa, ricos y pobres pueden compartir el mismo pedazo de arena está muy instalada en el imaginario colectivo de un país extremadamente desigual. Por eso, oír en la misma frase “privatización” y “playas” ha puesto a medio país en pie de guerra.
La polémica estalló por una propuesta parlamentaria que abre la puerta a que terrenos en la línea de costa que ahora pertenecen al Estado puedan pasar a manos privadas. El gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva es contrario a la iniciativa, y es difícil que salga adelante, pero el debate ya está en la calle y salpicó incluso al futbolista Neymar, estrella de la selección, acusado de apoyar el cambio legal porque tiene intereses en un enorme complejo de resorts en la paradisíaca costa nordeste del país.
El proyecto de reforma constitucional -uno de tantos que tramita el Congreso- no trata de comprar o vender playas como si fueran un terreno cualquiera, sino de facilitar la explotación económica de una franja de costa justo pegada a las playas, donde suele haber manglares, dunas, vegetación de restinga o acantilados. Quienes construyan en esos terrenos nunca podrán ser dueños de la playa (la ley lo prohíbe), pero podrían impedir el acceso a la arena a determinados bañistas, lo que en la práctica equivale a apropiarse de ella.
Los defensores de la idea dicen que dará seguridad jurídica a las comunidades tradicionales que históricamente ocuparon estas zonas de forma irregular y estimulará el desarrollo turístico. Los contrarios alertan de la privatización del espacio público y de un incalculable daño ambiental. Según estimaciones del gobierno, Brasil cuenta con 48.000 kilómetros lineales de “terrenos de marina”, los que bordean playas, ríos y lagos y están en el punto de mira.
La iniciativa parlamentaria fue aprobada en la Cámara de Diputados en 2022, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, y ahora, con una configuración del Congreso aún más conservadora, la debate el Senado. Aún así, que salga adelante no es tarea fácil: habría que modificar la Constitución, y para ello se necesita un amplio consenso que con la polvareda mediática de los últimos días será más difícil de lograr. El relator en el Senado de la propuesta que podría privatizar las playas de Brasil es Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, que considera que las críticas al proyecto son una “narrativa de la izquierda”.
“¿Cuántas familias dependen del derecho de estar en la playa para ganarse el sustento, de colocar una barraca, de vender una bebida, un aperitivo, lo que sea? Con la aprobación de una propuesta como esa, en las áreas privatizadas eso no será posible. Se prohibirá el propio acceso a las playas”, advertía en los debates el senador Humberto Costa, del Partido de los Trabajadores de Lula. Igual que otros senadores, criticó que Neymar defienda la idea señalando que hay en juego “intereses privados”.
Neymar, en el ojo de la tormenta
El delantero brasileño entró en la polémica porque hace poco anunció una colaboración con una inmobiliaria que pretende construir 28 fincas de lujo en una franja costera de 100 kilómetros entre los estados de Pernambuco y Alagoas, una de las zonas mejor preservadas de la costa brasileña, con planicies de cocoteros y agua de color turquesa. La empresa lo llama Ruta Caribe Brasileño.
“Vamos a transformar el litoral del nordeste y traer mucho desarrollo social y económico a la región”, anunció el jugador en sus redes sociales. Le llovieron las críticas y se enzarzó con una discusión con la actriz y activista ambiental Luana Piovani que viralizó rápidamente, igual que lema “Menos Ney, más Mar”.
El debate fue más allá de los tradicionales círculos ecologistas. El lunes, el futbolista llegó a ser recibido con carteles de protesta en una subasta benéfica que organizó en San Pablo. Tanto Neymar como la empresa aseguran que no tienen nada que ver con la propuesta que están tramitando los parlamentarios.
Los críticos con la medida también recuerdan que preservar los terrenos costeros es básico en un momento en que la erosión y la subida del nivel del mar se están acelerando por el calentamiento global. El debate, además, llega pocas semanas después de la conmoción causada por las inundaciones en el estado de Rio Grande do Sul, que dejaron 172 muertos y más de medio millón de desplazados. “Causa más perplejidad constatar el avance de una iniciativa de este tipo en un momento de calamidad ambiental”, lamentaba la senadora progresista Leila Barros en los debates parlamentarios de estos días.
En línea con la propuesta que apadrina su hijo Flavio, Bolsonaro, cuando fue presidente, también se esforzó en facilitar las construcciones en la costa. Su obsesión era flexibilizar la legislación ambiental para levantar un “Cancún brasileño” en la reserva de Tamoios, un paraíso natural con una treintena de islas al sur de Río de Janeiro. El proyecto también generó una fuerte polémica y finalmente no salió adelante.
Leonardo Carrato y Joan Royo Gual
El País, SL
Por: El País
