Con el apoyo de un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, el diputado de Pro Waldo Wolff presentó un proyecto de ley que va en línea con el planteo que realizó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para desalentar los piquetes callejeros. El legislador propone que se suspenda la entrega de planes sociales a todo aquel manifestante u organización que incurra en delitos o contravenciones.
“El fin perseguido mediante este proyecto es el de evitar que el Estado financie a quienes delinquen y violan derechos constitucionales del resto de los ciudadanos argentinos”, enfatizó Wolff.
El diputado sostuvo que, más allá del motivo del reclamo, el Estado no debería permitir que un grupo de individuos, por medio de la violencia y con el propósito de coaccionar un gobierno, impida a otros ejercer sus derechos garantizados por la Constitución Nacional.
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“No se trata de desestimar la legitimidad de la causa que defienden quienes recurren al piquete, pero lo cierto es que, por más validez que tengan los reclamos de los manifestantes y por más derecho a marchar que los asista, una sociedad seria no puede seguir permitiendo que la protesta callejera se desmadre y se debe respetar el derecho del resto de la sociedad argentina a trabajar y a ejercer sin impedimentos cualquier actividad lícita”, insistió.
En su proyecto, Wolff propone que la suspensión de los planes sociales se aplique ni bien arranque la investigación judicial del hecho violento cometido por el manifestante o la organización a la que pertenece. Si la Justicia impone una condena firme, el beneficio debería ser suprimido.
Por otra parte, el diputado de Pro establece, en su iniciativa, que los beneficios, subsidios o aportes que reciba el responsable del delito o contravención y la organización a la que pertenece serán embargables a los fines de la indemnización y/o reparación correspondientes.
“Reparar los daños por los incidentes suscitados a causa de manifestaciones le cuesta a la Capital, que es el epicentro de la mayoría de los piquetes y manifestaciones, aproximadamente $3.5000.000 cada una de ellas entre gastos de limpieza y reparaciones”, advirtió Wolff, quien precisó que la manifestación que organizaciones de izquierda protagonizaron frente al Congreso para rechazar el acuerdo con el FMI le costó $11.000.000 a las arcas porteñas en concepto de arreglos de luminarias, limpieza de bancos y monumentos, señales de tránsito caídas, espacios verdes arruinados, contenedores vandalizados e incendiados.
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En su proyecto, Wolff establece además que la suspensión de los beneficios tras una manifestación violenta podría ser revertida si el individuo o la organización a la que pertenece indemniza a las víctimas y repara los daños causados.
“En cambio, las personas jurídicas que reincidan en la comisión de actos como los señalados, serán pasibles de las sanciones de apercibimiento, multa o retiro de la personería jurídica”, dispone. Asimismo, propone que el Estado le deniegue el otorgamiento de beneficios económicos de cualquier naturaleza a todo aquel que, con anterioridad, hubiese cometido hechos de violencia durante una manifestación.
