Los Tribunales provinciales anularon un despido sin causa por considerar que discriminó a un empleado que había quedado parapléjico y condenaron a la empresa a restituirle las condiciones que este tenía. Si queda firme el fallo del juez del Trabajo Nº1 de esta capital, Carlos Frascarolo, el ingeniero agrónomo Álvaro Armanini podrá volver al trabajo que desempeñaba en la compañía multinacional Monsanto y recibirá una reparación de $ 4,4 millones más intereses. En paralelo, el personal de recursos humanos de esa firma tendrá que capacitarse en el tratamiento de la discapacidad mediante la asistencia a cursos organizados por el Poder Judicial de Tucumán. La sentencia emitida el 21 de agosto dispone que los ejecutivos de Monsanto acrediten la realización y aprobación del perfeccionamiento, y la implementación en las dependencias a su cargo medidas de apoyo a los discapacitados. El pronunciamiento, además, obliga a la empresa a pagar los gastos del litigio.
La sentencia tuvo por cierto que el despido había sido un acto discriminatorio prohibido por el ordenamiento jurídico aunque la desvinculación ocurrió un lustro después de que el profesional quedara en silla de ruedas como consecuencia de un accidente deportivo. La demanda que presentaron los abogados Julieta, Antonioy Solana Tejerizo en 2017 narró que Armanini había sido sometido a una marginación paulatina que desembocó en la notificación del cese de la relación laboral.
“Está probado en el expediente que desde la reincorporación del actor (Armanini), luego del accidente inculpable que sufriera en agosto de 2011, la empleadora realizó actos relativos a su facultad de organización y dirección que tuvieron como finalidad la degradación jerárquica y personal del trabajador. Si bien en un primer momento le asignaron un vehículo adaptado a su incapacidad, luego se lo retiraron”, ejemplificó Frascarolo. Y añadió: “estos son los típicos actos que la doctrina denomina ‘acoso laboral o psicológico’ (algunos autores también lo llaman ‘psicoterror laboral’, ‘mobbing’, etcétera). Se trata de hechos sutiles, permanentes, persistentes y ascendentes que tienen por finalidad última la separación del trabajador del ámbito laboral, desenlace que sucedió en este caso”.
La compañía había rechazado los fundamentos de la demanda. El abogado Rafael Rillo Cabanne negó la fecha de ingreso de Armanini; la remuneración mensual de $ 52.998; las prestaciones complementarias; el valor de la prepaga; la existencia de un beneficio de automóvil, y la posibilidad de utilizarlo fuera del horario laboral y con los gastos pagos, etcétera. También desestimó las funciones mencionadas por Armanini y que no se le hubiesen asignado tareas, así como las diferencias salariales y la concurrencia de un acto discriminatorio ilícito susceptible de anular el despido. La contestación de la demanda consideró “totalmente reprochable” consentir reclamos como el de Armanini, a quien Monsanto había pagado la indemnización correspondiente en febrero de 2017 ($ 681.000). “El actor se reincorporó al trabajo en 2012 y la desvinculación sucedió casi cinco años después. Claramente esta no obedece a una situación particular del actor sino una condición ajena y correspondiente a la baja actividad del sector norte. Jamás ha existido de parte de Monsanto actitud persecutoria alguna”, dijo Rillo Cabanne, según la sentencia.
Contra los brazos caídos
El relato del ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Tucumán sostiene que su carrera profesional en la fábrica de semillas y agroquímicos dio un vuelco, y se truncó a partir de que quedó obligado a moverse en una silla de ruedas. En 2014, Armanini, que había trabajado en tareas productivas en la región y en la provincia de Buenos Aires, fue destinado a la administración. El profesional afirmó que el cambio de sector lo relegó y que llegó un momento en el que le quitaron toda responsabilidad. En simultáneo, Armanini dijo que perdió un beneficio en la prepaga de salud; un auto con todos los costos cubiertos adaptado a sus necesidades; el acceso a las reuniones del equipo técnico e ingresos que le hubiesen correspondido por la carrera que había desplegado. El ingeniero explicó que en una oportunidad lo invitaron a viajar a Buenos Aires para asistir a una actividad de Monsanto y que, cuando llegó al aeropuerto, se dio con que no había una reserva a su nombre. El demandante adujo que soportó las humillaciones y desprecios para probar que no podía caminar, pero sí trabajar. Y que el despido sin causa en realidad sí la tenía, pero, como era ilícita, no podía ser expresada.
“Es sabido que uno de los problemas que presentan los actos de discriminación emanados de particulares radica en la dificultad de probarlos”, razonó Frascarolo. Y añadió que en esta causa ese escollo había sido sorteado por presunciones contrarias a Monsanto, que no logró acreditar que había actuado correctamente, e indicios, y por el hecho de que el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) había respaldado a Armanini. El juez precisó que la peritación contable ratificó que el ingeniero había percibido sus remuneraciones “en forma diferenciada” a la de sus compañeros de idéntica categoría profesional.
“La empresa tenía cabal conocimiento del estado de incapacidad del trabajador. Tengo por acreditado que la empleadora obró con negligencia, y violó el deber de previsión y de seguridad pues permitió y realizó actos que configuran el ‘acoso laboral’, e, inclusive, puesta en conocimiento de estas situaciones, despidió al trabajador sin expresión de causa. Este despido es consecuencia de la sucesión de hechos detallados y, por lo tanto, obedece a la discapacidad sobreviniente del actor”, concluyó el juez.
Armanini divulgó el fallo en las redes sociales y comentó que este podía abrir un camino de reivindicaciones para otros trabajadores con historias parecidas. Tras recordar que la empresa lo había empujado a renunciar antes de proceder a despedirlo, opinó: “¡se hizo justicia! ¡Nunca hay que bajar los brazos!”.
