El juez Federal N° 2, Fernando Poviña, amplió el procesamiento sin prisión preventiva del ex rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola y dos de sus ex colaboradores, Olga Cudmani, ex directora de Construcciones Universitarias, y Osvaldo Venturino, ex director de Contrataciones Universitarias, y amplió embargo sobre sus bienes, en la causa que se investiga presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Universidad Nacional de Tucumán. También ordenó el procesamiento sin prisión preventiva y embargos contra 22 empresarios, por considerarlos prima facie responsables por sobreprecios en las obras contratadas por la Universidad entre 2008 y 2010, realizadas con fondos provenientes de las regalías mineras.
Este fallo es una ampliación de la investigación que se hizo para las presuntas irregularidades cometidas durante el rectorado de Cerisola, y por la cual el ex rector y sus colaboradores esperan fecha de apertura de juicio oral. Se trata de irregularidades en el manejo de utilidades por unos $ 353 millones -o U$S 85,5 millones, según la cotización en 2010- que la casa de Juan B. Terán recibió de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), empresa de la que la Universidad es socia.
Cerisola acordó en 2008 con YMAD el cambio de reparto de regalías y dictó tres resoluciones por las que se creó un sistema de licitación por fuera de la Ley de Obras Públicas y por otro lado se permitió a la Casa de Altos Estudios realizar colocaciones financieras con aquel dinero, según la acusación.
La Cámara Federal de Apelaciones ordenó en agosto de 2016 profundizar la pesquisa en relación a las eventuales responsabilidades penales de los representantes de las empresas que participaron en las obras realizadas.
El fiscal federal I, Carlos Brito, investigó “si se produjeron anomalías generadas por las empresas contratistas tales como cartelización de precios, pagos irregulares, pagos anticipados sin autorización, desvío de fondos, incumplimiento del proyecto de obra, facturación apócrifa”. La auditora de AUI de la UNT, Andrea Silvana González, informó que se detectaron inconsistencias en el pago a las empresas; empresas que no se encontraban inscriptas en los organismos fiscales y empresas adjudicadas pese a que estaban informadas en el Banco Central como deudores incobrables. También dijo que se hicieron obras complementarias en una licitación por un monto mayor a la licitación de origen, o que se adjudicaba a una empresa una obra y terminaba haciéndola otra que no figuraba en el pliego. También se detectó que en el Registro Público de Comercio algunas empresas no estaban inscriptas.
Las empresas investigadas fueron Beton, Anticorrosiva del Norte, Mak Construcciones, Pramarco, Boero, Obritec, Mittsuhito y Gordillo. El Registro informó además que estaban inscriptas las firmas Rondeau, Con-Fer, Camaro y Orbitec
El fiscal citó a declarar a Luis Exequiel Movsovich, Marcelo Eduardo Boero, Sylvia Viviana Coronel, Pedro Alberto Varela Ottonello, Juan Manuel Peña, Guillermo José Pasquini, Ana Inés Cossio, Juan Carlos Aranda, Norma del Valle Zóttola, Ricardo Aníbal Fernández, Ruth Soledad Fernández, Manuel Guillermo Galindo, Roberto Antonio Galindo, Javier Martínez Riera, Oscar Enrique Prado, Juan Vicente Guzmán, Horacio Eduardo Gordillo, Fernando Adrián Gordillo, Aldo Antonio Polti, Martín Preatonio, Héctor Gerardo Preatonio, Héctor Fidel Preatonio, Jorge Ignacio Zeballos, Máximo Federico Mellace, así como a Cerisola, Venturino y Cudmani.
Acusaciones
En el extenso informe se acusó, por ejemplo, a la empresa Boero de haber cobrado en 2008 $4,7 millones por encima de los precios de mercado de entonces ($ 2,4 millones) por la obra del Laboratorio en la Facultad de Ciencias Exactas. A la empresa Anticorrosiva del Norte se le endilgó sobreprecios en la remodelación del salón de uso múltiple en la Facultad de Educación Física. Se cobraron en 2008 $ 2,9 millones y el valor de mercado era $1,9 millón. Hubo obras en la escuela de Agricultura, en la Residencia Universitaria de Horco Molle, en la Facultad de Psicología, en Asunt, la Facultad de Odontología, La casa 10 de Horco Molle, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Derecho, la casa 8 de San Javier. Se encargó un informe técnico a Gendarmería que determinó perjuicios por sobreprecios, así como un informe de la Procelac. Las obras bajo investigación fueron 18.
“Administración infiel”
El juez especificó que los empresarios deben ser considerados como partícipes necesarios, y “Cerisola, Cudmani y Venturino son co-autores del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública”.
En su resolución, Poviña amplió el procesamiento sin prisión preventiva para Cerisola y amplió embargo sobre sus bienes por $ 20 millones; lo mismo en el caso de Cudmani; y en el de Venturino la ampliación del embargo es por $ 47 millones.
También ordenó procesamiento sin prisión preventiva y embargo sobre bienes de los empresarios Boero ($ 5 millones); Varela Ottonello y Peña ($ 2 millones cada uno); Pasquini y Cossio ($2,5 millones cada uno), Aranda y Zóttola ($4 millones cada uno); Ricardo y Ruth Fernández ($3,5 millones cada uno); Manuel y Roberto Galindo ($9 millones cada uno); Martínez Riera y Prado ($6 millones cada uno); Guzmán ($ 15 millones). Horacio y Fernando Gordillo ($ 10 millones cada uno); Zeballos y Mellace ($4 millones cada uno); Movsovich ($ 18 millones); Héctor G, Héctor F .y Alejandro Preatonio ($ 10 millones cada uno). Asimismo, declaró que por ahora no existen méritos suficientes para procesar ni tampoco para sobreseer a Sylvia Coronel ni a Aldo Polti. También declaró lo mismo para Cerisola, Cudmani y Venturino en el caso de una de las obras, la numerada 513.
