Según la acusación realizada por la auxiliar Mónica Torchán, siguiendo las instrucciones de la fiscala Mariana Rivadeneira, a las 12 del 4 de enero, el subcomisario que prestaba servicios en la seccional 15ª, sabiendo que no contaba con autorización judicial, sacó de su celda a un detenido y lo trasladó en su vehículo particular hasta la casa de otros de los investigados por la venta ilegal de comida.
El oficial de la fuerza, según explicó la representante del Ministerio Público Fiscal, dejó asentado en el libro de novedades que trasladaba al preso a un centro asistencial sin precisar los motivos ni de qué hospital se trataba. Con el correr de los días, se descubrió que no había sido atendido en ningún centro asistencial.
El subcomisario extrajo al preso de su celda para trasladarlo al domicilio de un hombre que está implicado en la venta ilegal de la comida de Desarrollo Social y por la que no podía tener contacto con el detenido. Al constatar lo que estaba ocurriendo, el hombre que sigue el proceso en libertad, decidió denunciar el caso.
La excusa
Ante las autoridades, afirmó que conoce al preso porque en una época trabajó para él, en el Ministerio de Desarrollo Social, en el reparto de alimentos por medio de movimientos sociales. Señaló que el día del hecho lo vio sentado en el lado de acompañante del vehículo y cuando se acercó le pidió “si le podía hacer dar una casa al chango que manejaba”: al subcomisario. Según manifestó, ellos tenían un convenio con el Instituto Provincial de la Vivienda para que le otorguen casas a la gente de su bloque de trabajo. Por otro lado, Torchán dijo que el denunciante también aportó registros fílmicos de una cámara en donde se puede observar el momento de lo sucedido.
