La Justicia avanza en la investigación de una compleja causa en la que una organización fue acusada de dedicarse a usurpar propiedades y luego venderlas, estafando a los compradores. Por este hecho se encuentran procesados con prisión preventiva un policía, un comerciante y un abogado, pero habría una decena más de personas involucradas.
El expediente se inició a partir de un delito común en estos tiempos de crisis económica. El policía Daniel Chavarría era el responsable de la custodia de un centro de compras. Según el expediente, el sospechoso cobraba los alquileres mensuales, pero nunca rendía al dueño los pagos, por lo cual los inquilinos pasaban a ser morosos. Por esa razón se le dictó la prisión preventiva.
Al hacerse público el caso, aparecieron varias víctimas a denunciar otros hechos. La fiscala María del Carmen Reuter logró sumar indicios que le permitieron descubrir una organización que, además de cometer defraudación, usurpaba casas de forma violenta y luego fraguaba documentación para venderlas.
Según la acusación de la auxiliar Paula Bellomío, el grupo entre febrero de 2023 y mayo de 2024, se habría dedicado a buscar inmuebles que estuvieran en conflictos (principalmente en juicios sucesorios) o que estuvieran ocupados por personas mayores de edad. Luego de ocuparlas ilegalmente ingresando a las que no había moradores o expulsando a los golpes a los verdaderos dueños, realizaban las gestiones para reunir documentaciones falsas y las vendían.
“Como medio para lograr esa finalidad se valían de abogados como así también de la influencia del personal policial para tener datos sobre el estado de las causas (cuando los hechos eran denunciados). Mantenían comunicación fluida, entre ellos, para alertarse sobre el mejor momento para realizar el ingreso (usurpación) y armar estratégicamente la documentación apócrifa para engañar a terceros”, señaló Bellomío en una audiencia.
La representante del Ministerio Público describió cuáles eran los roles de cada uno de los acusados. A Chavarría, que fijó domicilio en un terreno de El Cadillal, lo señaló como el líder de la organización. Walter Reynoso, que dijo ser vendedor de pizzas callejero, habría colaborado con el primero para investigar qué inmueble podría usurpar y luego tomarlo. Por último, al abogado Leonardo Augusto Panigutti lo acusó de haber realizado gestiones para realizar las operaciones.
Más sospechosos
Bellomío destacó que aún quedan varias personas por investigar. Adelantó que habría más abogados que podrían haber colaborado en la confección de documentos falsos y efectivos policiales que tenían al tanto a la organización sobre las denuncias que se hacían en su contra. “En esta incipiente investigación hay personas que todavía no están sujetos al proceso y calculamos que son alrededor de 10 o más que integrarían o formarían parte de esta organización, algunos de esos nombres fueron surgiendo de las conversaciones extraídas de los celulares secuestrados”, indicó la auxiliar que solicitó que se le dictara la prisión preventiva por seis meses y que se los acusara de defraudación por administración fraudulenta, estafas reiteradas y usurpaciones.
El juez interviniente aceptó parcialmente los pedidos. Aceptó las imputaciones, pero resolvió que los acusados estuvieran detenidos por cuatro meses. Los defensores anunciaron que impugnarán la resolución.
Hasta el momento son 13 las víctimas que se atrevieron a denunciar al grupo. Pero no se descarta que en los próximos días aparezcan nuevos damnificados como normalmente sucede en este tipo de casos.
Alcance
“No imaginamos la magnitud y multiplicidad de víctimas de esta causa teniendo en cuenta de que se investigó una estafa. No se trata de hechos aislados, sino de un accionar planificado y reiterado que tuvo como víctimas a personas especialmente vulnerables en los casos de las usurpaciones y el abuso de confianza en el caso de mi representado”, explicó José María Molina.
Por su parte, Ernesto García Biagosch, que representa a otra víctima agregó: “resulta alarmante que se hayan utilizado herramientas jurídicas y vínculos institucionales para legitimar maniobras claramente delictivas. La Justicia debe seguir actuando con firmeza para que todos los responsables, incluso aquellos que aún no identificados, respondan ante la ley”.
Un caso testigo: un ex tenista tucumano fue víctima por la organización que está siendo investigada
El ex tenista tucumano Roberto Saad, que actualmente reside en EEUU, fue uno de los damnificados por este grupo. Él, junto a sus hermanos, son propietarios de una casa que está ubicada en Balcarce primera cuadra. Como ninguno de ellos residía en ese lugar, habían contratado a cuidadores. Pero un día, cuando los ocupantes quisieron ingresar, se dieron cuenta de que habían cambiado la cerradura. Los damnificados realizaron la denuncia en la seccional Primera. “En un primer momento, el abogado Leonardo Panigutti se presentó en la seccional para informar que la casa era de Daniel Toro. Posteriormente, el profesional presenta un boleto de compraventa en la que aparece que su propietario el salteño José María Parra le había vendido el inmueble a Florinda Rosa Zerrizuela, que vive en Concepción y no tiene cómo justificar de dónde sacó el dinero para realizar la operación”, aclaró Ernesto Baaclini, que representa a la familia Saad. El querellante aportó otro dato clave: “se determinó a través de las pericias de los celulares que estaban por falsificar la firma del doctor Ernesto Saad fallecido hace muchísimos años para documentar que él había vendido la casa”, comentó. El profesional elogió el trabajo realizado por los fiscales Mariano Fernández (fue el primero en tener la causa en sus manos) y María del Carmen Reuter. “Casi con nada descubrieron una organización muy importante y gestionaron la restitución de la vivienda”, finalizó Baaclini.
