Son dos los carteles visibles a lo largo del trayecto hacia El Cadillal. El primero está ubicado en el kilómetro 1.304 de la ruta 9, justo después del puente que conecta con Tafí Viejo. El segundo aparece unos kilómetros más adelante, pasando el puente de Los Nogales, cerca del kilómetro 1.308. Ambos están orientados hacia quienes salen de San Miguel de Tucumán rumbo al norte. Al regresar, en sentido inverso, no hay señalización alguna. Lo que más llama la atención no es su ubicación, sino su mensaje: prohibido circular en bicicleta. El ícono es claro: una bicicleta tachada con una línea roja.
Pese a la advertencia, la escena se repite todos los días. Ciclistas individuales, en grupos, familias completas y aficionados siguen eligiendo ese camino para pedalear. ¿Por qué lo hacen, si está prohibido? La ruta que une la capital tucumana con El Cadillal es tan recta como la lógica que la rige: si tenés auto, pasás; si tenés bici, también pasás, pero con miedo. Los 25 kilómetros que separan la ciudad de uno de sus principales destinos turísticos es un corredor habitual para entrenamientos deportivos, salidas recreativas y traslados cotidianos. Sin infraestructura adecuada ni una vía alternativa, quienes pedalean lo hacen compartiendo calzada con tránsito pesado, sin banquinas seguras y expuestos a vehículos a alta velocidad. A esto se suma la dificultad de coordinar políticas, ya que el tramo atraviesa varias jurisdicciones y forma parte de la ruta nacional Nº 9.
¿Por qué está prohibido?
Los carteles no son arbitrarios. La Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, de 1994, establece en su artículo 46 la prohibición de circulación de bicicletas, peatones y vehículos de tracción a sangre en autopistas y rutas donde no existan condiciones de seguridad para ellos. Además, el artículo 46 bis, incorporado por la Ley N.º 25.965 (17 de noviembre de 2004), promueve la construcción de ciclovías como una solución estructural al problema. Pero en este caso, casi 20 años después, esa promesa de infraestructura sigue sin cumplirse.
La falta de un camino seguro para ciclistas ya se ha cobrado varias víctimas. El 21 de agosto de 2023, Gonzalo Jaime, de 37 años, murió atropellado por un automóvil en el kilómetro 1.305 de la ruta 9, en plena mañana. Según el parte policial, el vehículo era un Fiat Palio blanco conducido por un joven de 18 años que viajaba con un acompañante. La bicicleta que manejaba la víctima era una Venzo rodado 29. Ese trágico episodio no fue un caso aislado: muchos ciclistas advierten en grupos y redes que suelen sufrir siniestros, algunos sin consecuencias fatales, pero igualmente graves. Álvaro Viola, por ejemplo, relató que en 2021 un camión lo golpeó con la parte trasera, haciéndole perder el equilibrio. Terminó rodando hacia la banquina, con lesiones en el codo, la cadera, el hombro y la cabeza. En su momento, denunció el abandono en el que se encuentran los ciclistas: rutas en mal estado, banquinas inexistentes y zonas marcadas por el riesgo. Enrique Elizalde también compartió su experiencia, al contar que un camión los hostigó con bocinazos mientras regresaba de El Cadillal con su pareja, en una muestra de la violencia que enfrentan en la ruta.
El subcomisario José Ignacio Díaz, de la comisaría de Los Nogales, detalló que si bien el control de las rutas nacionales recae principalmente en la Policía Vial, Gendarmería y la Policía Federal, su unidad interviene cuando se registran siniestros. “El margen que hay para poder circular es de 1,5 metros y todo provoca un riesgo, no solo para ellos sino también para quienes andan en motocicletas”, explicó. Además, confirmó que el 22 de marzo pasado a las 21 se produjo un accidente en el kilómetro 1.307, donde un automóvil colisionó con dos ciclistas que iban en grupo. Las víctimas sufrieron politraumatismos, pero no hubo fallecidos.
Estos casos reavivaron el debate sobre el alcance real de la legislación vigente, que prohíbe la circulación de bicicletas en rutas sin condiciones de seguridad, pero que aún no se traduce en obras que garanticen una alternativa segura.
Riesgo cotidiano
“Estamos obligados a infringir la norma porque no hay otra opción. Es fácil legislar para quienes tienen auto, pero ¿y los que no?”, plantea el ciclista Ricardo Salguero. Tiene 53 años y pedalea desde hace más de cuatro décadas. Entrena dos o tres veces por semana y considera la ruta al Cadillal como una de sus favoritas. “Tiene subidas, bajadas, es ideal para mantener el ritmo.” Aunque tuvo “sustos” con automovilistas, destaca que la mayoría hoy respeta más al ciclista. Lo que sí critica es el estado del camino: banquinas rotas, asfalto agrietado, obras inconclusas. Y sobre el proyecto de ciclovía, opina: “si se hace, tiene que estar bien pensada. Podemos rodar a más de 40 km/h. Tiene que ser doble mano y ancha.”
Julio Benjamín Mena también lleva más de 40 años pedaleando. Sus hijos son referentes del ciclismo local. “Es nuestra forma de vida”, resume. Entrena dos veces por semana hacia El Cadillal y más allá. “Subimos por el Paredón y seguimos hasta la cuesta del 25 o Tapia.” Reconoce que, salvo un incidente, ha tenido suerte, pero advierte: “Buscamos salir en grupo para cuidarnos. La ruta tiene muchos baches, banquinas irregulares. Uno ya sabe por dónde esquivar los pozos.” Y agrega: “Muchas veces a este vehículo se lo deja de lado. Y hay que valorarlo, porque realmente es un estilo de vida. Si hay proyectos nuevos, bienvenidos sean”.
Recuerdo de víctimas
De hecho, hace pocos días la Asociación Meta Bici Tucumán y la Asociación de Ciclismo Tucumana hicieron un acto en homenaje al ciclista Julio Adolfo Zalazar, a un mes del siniestro que le quitó la vida en la ruta 301, en San Pablo. Entonces se recordó a otras víctimas que fallecieron sobre su bicicleta en diferetes lugares de nuestra provincia en los últimos tres años: Josefina Vizcarra (02/ 2024), Gonzalo Jaime (08/23), Guillermo Romero (08/23), Mario Contreras (07/22) y Florencio Sabino Pérez (06/22).
Una ciclovía es mucho más que una franja pintada en el suelo: es una infraestructura pensada para proteger al ciclista y facilitar su circulación. En Tucumán, sin embargo, estas obras aún son escasas. LA GACETA se comunicó con un empleado de Vialidad Nacional, que pidió reserva de su nombre. Explicó que el tramo entre San Miguel de Tucumán y El Cadillal es legalmente una autopista, y por tanto rige la prohibición para bicicletas, peatones y vehículos de tracción a sangre. “No debería haber circulación, aunque se da en la práctica”, señaló.
Otro ejemplo similar es la autopista entre Famaillá y Alberdi. Advirtió que muchas obras están paralizadas por razones políticas. “Hoy no se invierte en caminos”, dijo. En Tucumán hay ciclovías como la que conecta Famaillá con la ex fábrica Grafa, entregada al municipio para su mantenimiento. El proyecto más ambicioso es el trazado hacia El Cadillal. Pero sigue en espera.
El único lugar
Pero detrás de esa señal que prohíbe circular en bicicleta y que se ampara en la Ley Nacional de Tránsito, hay algo más profundo: ¿para quién está hecha esa ley? Esa es la reflexión que plantea Matías Galindo, de la organización MetaBici, que trabaja en la promoción de la movilidad urbana sustentable en Tucumán. “El trayecto hacia El Cadillal es uno de los más turísticos de la provincia, y no hay forma de llegar por asfalto que no sea por esa autopista”, remarca.
Lo dice con conocimiento de causa: recorrió esa autopista con una libreta en mano, observando, contando ciclistas, entrevistándolos. “Si no tenés auto, no tenés opción. Y ni siquiera las motos chicas pueden circular. Entonces, estamos todos en contravención”, afirma.
MetaBici participó activamente en el diseño, sobre todo en el trabajo de campo. “Nosotros no somos ingenieros, pero hicimos todo el estudio social: salimos a la ruta, hicimos encuestas, entrevistas, conteos. Relevamos quiénes circulan, cómo lo hacen, si van en grupo, si son mujeres, hombres, niños, qué tipo de bici usan, por qué eligen la colectora o el asfalto. Con esa información, armamos un informe para el equipo técnico que diseñó el trazado”, explica Galindo.
El estudio fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el respaldo de la ex funcionaria Carolina Vargas Aignasse, y costó alrededor de 28 millones de pesos. El proyecto no se improvisó: incluyó relevamientos sociales y técnicos. “Se diseñó un trazado que le diera prioridad real al ciclista”, explica Galindo.
¿Y ahora qué sigue?
Aunque el proyecto está terminado, todavía no puede difundirse públicamente porque falta la autorización del CFI, que fue quien financió el estudio. Una vez que esa autorización esté disponible, el siguiente paso será presentarlo oficialmente a la Provincia, con el objetivo de obtener su aval. “Sabemos que ni la Nación ni la Provincia van a poder financiar una obra así pero sí creemos que hay posibilidades reales de conseguir financiamiento internacional. Hay líneas de crédito globales que promueven este tipo de obras”, señala.
Más allá del trazado específico, advierte que el problema es más profundo: “Tenemos una cultura vial violenta, donde siempre manda el más fuerte. Y en esa lógica, el peatón y el ciclista siempre pierden”. Galindo cierra con una invitación a cambiar el enfoque: “La bici no es una molestia. Es una solución. Solo falta que la ciudad lo entienda”.
