En medio de la grave crisis institucional que atraviesa Tucumán, la legisladora del espacio Fuerza Republicana, Nadima Pecci, presentó un proyecto de ley que apunta a modificar la ley del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Al respecto, la representante legislativa aseguró que hoy más que nunca se hace evidente la urgente necesidad de revalorizar y proteger a las instituciones democráticas que son percibidas con sospechas y recelos por la sociedad.
Para tomar conciencia de la importancia fundamental de este proyecto de ley, hay que recalcar el rol que desempeña el CAM, debido a que interviene en el proceso de selección de los jueces. Y es que uno de los pilares fundamentales de la independencia del poder judicial son magistrados independientes, por lo que es clave extremar las medidas para tener un CAM todavía más independiente, equilibrado, plural y representativo.
La elección de jueces debe basarse en criterios claramente objetivos. Es por ello que Nadima Pecci y Fuerza Republicana plantean una modificación integral a la ley del CAM. En esencia, el proyecto de ley apunta a la búsqueda de lograr equilibrar la participación de todos los estamentos, garantizando, de esta manera, la representación de las minorías, que muchas veces se vea avasallada por las mayorías circunstanciales del gobierno de turno.
Además, la iniciativa legislativa pretende agilizar los tiempos en la designación del postulante. Por esta razón, el proyecto parlamentario establece un plazo de tiempo determinado para que el Poder Ejecutivo ejerza la facultad de elegir al concursante de entre la terna elevada. Para ello, deberá fundamentar su decisión en aquellos casos en los que la elección del candidato se aleje del orden de mérito de la misma.
En lo que hace a las modificaciones propuestas, se establece que todos los estamentos tengan 3 representantes, equiparando a todos con el mismo número de consejeros. De esta manera, se estaría constituyendo el criterio objetivo para equilibrar las representaciones, lo que contribuirá a mitigar las injerencias de las cuestiones políticas en el seno del CAM. También, se establece que el tercer consejero de los abogados debe corresponder a la minoría.
En lo que hace a la elección del vicepresidente del CAM, se establece que la misma deberá recaer en alguno de los representantes de los abogados o de los legisladores. El propósito es asegurar la posibilidad de participación de estos estamentos dentro de las principales autoridades del CAM. Esto se debe al hecho de que la Magistratura o el Poder Judicial ya se hallan representados en la presidencia.
Otra propuesta de modificación consiste en otorgar la posibilidad de reelección por estamentos hasta para dos períodos más a cada consejero y su suplente. Esto permitiría que la composición del CAM no esté necesariamente atada a los tiempos y periodos políticos del Poder Ejecutivo. Por otro lado, será obligatorio realizar la presentación de una declaración jurada con el fin de cumplir con los principios de ética pública y transparencia.
El proyecto de ley también tendrá como finalidad la efectiva y definitiva remoción del cargo por el que el consejero haya sido elegido en el caso de que existan situaciones o conductas que se consideren incompatibles con la función a desempeñar. De esta manera, se eliminarán maniobras indirectas en contra de la estabilidad de alguno de los miembros. También, el examen psicológico apuntará sólo a la existencia de patologías determinadas.
Es decir, aquellas que por sus características gravedad afecten concretamente el cumplimiento de la función que se tratare, debiéndose guardar estrictamente el secreto profesional. Y por último, se propone eliminar la referencia a la equidad de género, pues el concepto se aparta de los criterios objetivos de aptitudes técnicas y morales y capacidad que deben regir la selección de postulantes en la presente ley. Por todo lo expuesto anteriormente, sería deseable que la totalidad de los integrantes de la Cámara legislativa traten este proyecto y lo conviertan en ley a fin de defender el Consejo Asesor de la Magistratura. Y es que, tal como manifestó la autora de esta propuesta normativa, “un poder judicial fortalecido, fortalece el sistema republicano, y con ello, la confianza de la comunidad en sus instituciones”.
