El imputado por 15 hechos cometidos contra edificios públicos de los tres poderes de la provincia y otros establecimientos privados continuará con prisión preventiva por 58 días.
Por solicitud de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF, a cargo de Mariana Rivadeneira, este miércoles se realizó la audiencia de prórroga de las medidas de coerción contra el acusado (24 años) por el delito de intimidación pública reiteradas en 15 oportunidades en perjuicio del orden público.
“El 12 de enero, en feria, se hizo una nueva audiencia donde se incorporaron siete hechos más (inicialmente se lo acusó por ocho en la primera audiencia del 10 de octubre).
Durante el allanamiento practicado en su vivienda fue secuestrado un teléfono, del cual quiso deshacerse arrojándolo en un basural contiguo.
Debemos tener en cuenta la situación de peligrosidad en concreto porque demostró una actitud desaprensiva dirigida a los poderes del Estado con el convencimiento de obrar sobre seguro.
Restan medidas (como ser la extracción de datos a través de UFED y pericia de voz) que podrían vincularlo a nuevos hechos. Su comportamiento en otros procesos está siendo investigado también (por violencia de género).
De 23 líneas telefónicas que utilizó para amenazar a su ex pareja, tres líneas coincidían con las intimidaciones públicas”, expresó la Fiscal al sostener los riesgos procesales.
Según la teoría del caso, se le reprochó que, durante el mes de septiembre, motivado por conflictos familiares con su ex pareja fue que, con el claro propósito de perjudicar a la familia de ésta, adquirió numerosas líneas telefónicas que registró a nombre del padre de la chica y desde las cuales realizó numerosas llamadas al servicio 911 de la policía informando la existencia de materiales explosivos en entidades privadas y públicas con claras intenciones de causar temor en la sociedad.
En este sentido, se le adjudicó intimidaciones efectuadas contra edificios de los tres poderes del estado, edificios privados (un supermercado, una concesionaria de autos y una estación de servicio) y otros establecimientos públicos, entre los cuales figura una escuela y el Palacio de los Deportes Municipal. Finalmente, la jueza interviniente resolvió conceder el plazo solicitado por la Fiscalía.
