“En Tucumán tenemos una realidad. El vector de la inseguridad es la moto y por eso debemos atender ese problema. Y no hay mejor solución que luchar contra los que circulan de manera ilegal”, sintetizó el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, autor de un proyecto de ley que apunta a reducir los índices de delitos cometidos por motochorros.
La iniciativa, que será presentada apenas comience la actividad en la Legislatura, fue consensuada por el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara y los funcionarios del área del Poder Ejecutivo. Es el cuarto proyecto -en los últimos tres años- destinado a luchar contra quienes utilizan los rodados para delinquir.
La mayor novedad es que la Dirección de Transporte de la Provincia será la autoridad de aplicación, pero el poder de control lo tendrá la Policía. Los puntos más polémicos son aquellos que establecen las razones por las que se podrán secuestrar motos. Ellos son:
– Las motos que circulen sin dominio; no los tenga correctamente colocados; o estén adulterados.
– Se exigirá el uso del chaleco reflectivo con el dominio de la moto impreso.
– Circular sin casco y sin el seguro contra terceros.
– Transitar de a dos entre las 21 y las 6 de la mañana en cualquier parte de la provincia. Se permitirá la circulación de un motociclista y su acompañante cuando hayan logrado una autorización policial o en un caso de emergencia que se pueda comprobar.
“Se hizo un estudio y se desarrolló una iniciativa para acabar con este flagelo. No atentamos contra los trabajadores, sino que adoptamos medidas a favor de todos los tucumanos”, sentenció Vargas Aignasse durante una entrevista con LA GACETA.
El proyecto es similar al que presentó Paul Hofer cuando era secretario de Seguridad. En aquella ocasión fue rechazado de plano por oficialistas y opositores y nunca llegó a tratarse. “Es la herramienta que se necesita para luchar contra el motoarrebato”, había argumentado Hofer. Las otras dos iniciativas que se pusieron en práctica y terminaron fracasando fueron la llamada Ley de Motochorros y la disposición (ni siquiera fue transformada en ordenanza) de los chalecos reflectivos dispuesta por el municipio capitalino (ver “Los tres intentos”)
Vargas Aignasse consideró que la situación ha cambiado y que la nueva iniciativa, que ya cuenta con el apoyo del gobernador Juan Manzur, es mucho más dura. “La principal modificación es que la Policía tendrá un protagonismo central, pero no para hacer controles de tránsito, sino para actuar contra los que delinquen en motocicleta”, indicó.
Tecnología y algo más
El proyecto contempla además que una vez que esté en vigencia la norma, las concesionarias deberán entregar los rodados con un equipo de GPS que deberá ser informado al Ministerio Público Fiscal. “Ellos tienen un sistema de rastreo que nos permitirá ubicarlas rápidamente cuando sean robadas. Los que ya cuentan con un rodado tendrán un tiempo prudencial para instalarlo”, señaló el parlamentario oficialista.
El proyecto contempla además que las personas que no cumplan con los requisitos no podrán cargar combustible en las estaciones de servicio. “A diferencia de otras iniciativas, contemplamos que el control estará a cargo de un policía y no de un playero. En cada establecimiento habrá un uniformado. No creo que los empresarios se nieguen a hacerlo, porque con esta norma tendrán seguridad extra”, explicó Vargas Aignasse. El jefe de Policía dijo que están en condiciones de cumplir con este requerimiento.
Para recuperar las motocicletas, los infractores deberán pagar una multa (se hará una escala según la gravedad de la falta y siempre estará basada en el valor de un litro de combustible). Y a los que no puedan justificar la procedencia del bien se les iniciará una causa penal.
Los otros tres intentos
Una idea que no prosperó por falta de apoyo
En febrero de 2017, Paul Hofer comenzó a despedirse del cargo de secretario de Seguridad cuando presentó en la Legislatura un proyecto de ley similar al que se estudiará en los próximos días. El actual magistrado había solicitado que la restricción de circular para dos personas en una misma moto se haría por zonas y en horarios determinados, según la información que se obtuviera de la elaboración de un mapa del delito. También solicitó que se aprobara por ley el uso de casco, chaleco reflectivo con el dominio incorporado en la espalda y la prohibición de la carga de combustible a los infractores.
Una ley que fracasó en menos de un año
En marzo de 2018, el gobernador Juan Manzur promulgó la Ley de Motochorros reclamada por el ministro fiscal Edmundo Jiménez para combatir a las personas que cometían delitos utilizando motocicletas. Según la norma, que fue aprobada por unanimidad en la Legislatura, a los motochorros (incluyendo arrebatadores y asaltantes de rodados, entre otros) y “rompevidrios” (que rompían los vidrios de la ventanilla de vehículos para apoderarse de objetos de valor) se les debía dictar la prisión preventiva. Los fiscales comenzaron a utilizar la norma y los jueces la terminaron aceptando. Sin embargo, desde la Cámara de Apelaciones comenzaron a revocarla por considerar que era una medida inconstitucional, por lo que en menos de un año se la dejó de lado.
El chaleco fue tan solo una moda pasajera
Por iniciativa del subsecretario de Tránsito y Transporte Enrique Romero, los motociclistas que ingresaban a la capital estaban obligados a usar chalecos reflectivos por cuestiones de seguridad vial y para identificar a las personas que podrían cometer un delito. Se trató de una resolución administrativa y no una norma dictada a través de una ordenanza. Fue aceptada, pero con el correr de los meses se la dejó de lado. Actualmente ni el 30% de los motociclistas la cumple.
