La legisladora provincial Nadima Pecci y su par, Paulo Ternavasio, del espacio Fuerza Republicana, presentaron un proyecto de ley que apunta a terminar con los privilegios de aquellos jueces que han cometido todo tipo de barbaridades, y que cuando éstas quedan al descubierto, pretenden rápidamente presentar la renuncia para irse a sus casas con el 82% móvil de su jubilación de privilegio, asegurada junto con la impunidad.
En ese marco, la legisladora manifestó que la idea es que no existan resquicios legales ni que exista especulación por parte de algunos funcionarios para eludir sus responsabilidades en el cumplimiento de sus funciones. Al tiempo de que aquellos que están siendo sujetos de investigaciones, que una vez que éstas concluyan, luego recién desde ahí, puedan renunciar y acogerse a cualquier tipo de beneficio.
En los fundamentos del proyecto de ley se deja en claro que Tucumán atraviesa días en los que la sociedad se ha visto atravesada por una de las peores crisis en la historia de esta provincia. Y es que a diario la confianza en los poderes del estado se deteriora cada vez más a causa de sucesivos escándalos y mala praxis, ubicándonos en los peores lugares en lo que hace a la calidad institucional y no pareciera importarles a muchos con capacidad de cambiar esta realidad.
En ese marco, la actuación del Poder Judicial es algo que nos afecta a todos como ciudadanos, debido a que el acceso a la justicia independiente es un presupuesto básico de cualquier Estado de derecho. Es por eso que se hace necesario contar con una herramienta legislativa como lo es una ley que impida que los responsables del derrumbamiento de la justicia, busquen escapar de las sanciones que les caben recurriendo a pequeñas grietas del sistema.
Y es que las mismas les permiten lograr la tan ansiada impunidad. Este proyecto de ley es pertinente debido a que les corresponde a los legisladores impedir que aquellos funcionarios judiciales que no cumplen con su deber, lejos de ser sancionados, pretenden evadir su responsabilidad por medio de una simple renuncia que les posibilite cobrar sus abultadas jubilaciones de privilegio. Ese sería el caso del polémico juez Francisco Pisa, quien podría eludir la destitución por juicio político.
Esto se debe al hecho de que, ni lerdo ni perezoso, ya tiene listo el trámite para jubilarse, ya que lo inició en marzo del 2018. Y en momentos en donde estaría siendo cuestionado por su parcialidad en el caso Leiva – Pedicone, pero sobre todo, por que habría garantizado la impunidad del femicida Mauricio Parada Parejas. Es por ello que el corazón de este proyecto que pretende convertirse en normativa apunta a impedir que se acepte la renuncia solicitada por un funcionario o un magistrado.
Sería en el caso en que deba rendir cuentas ante la Justicia por medio de un Juicio Político o un Jurado de enjuiciamiento, como debiera de ser en el caso del juez Pisa. Es decir, que se le evite la presentación de su renuncia al cargo y que no le sea aceptada hasta que se sustancie el procedimiento correspondiente. Restará saber si el oficialismo en la Cámara legislativa vota positivamente este proyecto, o por el contrario, continúa protegiendo a “jueces amigos”.
