Minutos antes de las 9, el Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 informó los fundamentos de la sentencia con la que condenó a Cristina Fernández Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitó, de manera perpetua, para ejercer cargos públicos difundió al encontrarla culpable en la causa Vialidad. El documento con la extensa sentencia cuenta con 1616 páginas.
De esta forma, los integrantes del tribunal hicieron públicas las razones que los llevaron a considerar a la vicepresidenta responsable del delito de defraudación contra la administración pública por favorecer al Lázaro Báez, en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso notificaron así a la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, y a los abogados de los acusados, quienes tendrán diez días para recurrir si es que están disconformes con el fallo.
Las defensas de todos los condenados anticiparon que apelarán el fallo. Lo mismo realizará la fiscalía, ya que Luciani y Mola habían reclamado que la vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión como jefa de una asociación ilícita, además del delito de fraude, pero solo fue sentenciada por este último delito.
“Estamos ante un hecho de corrupción estatal que como tal socava las legitimidades de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia así como el desarrollo integral de los pueblos”, publicó Lanacion.com.ar sobre uno de los fragmentos de las consideraciones de los jueces.
La instancia de revisión determina que el veredicto no se cumpla hasta que quede firme y esa instancia podría darse ante la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para resolver.
El pasado 6 de diciembre, los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso distribuyeron un breve informe con un resumen de los motivos por los cuales se condenó a la vicepresidenta y se fijaron penas para otros acusados.
Del lado de los fiscales federales Luciani y Mola se espera que cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita.
Mientras tanto, los integrantes del Ministerio Público irán a Casación contra las tres absoluciones resueltas, entre ellas la del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
Por su parte, las defensas apelarán y pedirán revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación ilícita, en sintonía con los argumentos que esgrimieron en sus alegatos finales el año pasado.
En el juicio, la ex presidenta fue acusada de beneficiar al empresario Lázaro Báez con el 80 % de la obra pública nacional adjudicada en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.
Después de la lectura del veredicto, la titular del Senado y dos veces presidenta aseguró que su condena forma parte de un proceso que ya “no es ni lawfare ni Partido Judicial” sino “un Estado paralelo y mafia judicial”.
Tanto la defensa de Fernández de Kirchner, como la de otros condenados, tendrían la posibilidad también de recurrir a tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para la Justicia argentina.
En ese aspecto, la defensa de Fernández de Kirchner denunció violación de garantías constitucionales, persecución y “lawfare” por parte del Poder Judicial.
Días antes, al hacer uso de sus “últimas palabras” ante el tribunal, Fernández de Kirchner había reiterado lo que argumentó desde el inicio del proceso: que la sentencia que recibiría “ya está escrita” por el “partido judicial”.
En Casación, la sentencia será revisada por la sala IV, integrada en la actualidad por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, porque ya intervinieron en otras instancias del caso Vialidad.
Una vez que Casación dicte sentencia, podría entrar en escena la Corte Suprema de Justicia, aunque sin límites de tiempo de ningún tipo para decidir.
