La muerte de Abigaíl Riquel, la niña de apenas 9 años que fue brutalmente violada, asfixiada y asesinada por un vecino, según un testigo, conmociona a la provincia y al país entero. Al mismo tiempo, vuelve a poner en escena la vulnerabilidad de la ciudadanía, no sólo ante la delincuencia de los malvivientes, sino también, debido a la fracasada política de seguridad, diseñadas y ejecutadas por el ministro Claudio Maley.
El lado más feroz de la inseguridad quedó nuevamente al descubierto luego de que una inocente niña fuera víctima de un depredador a plena luz del día. Según un testigo, el identificado como posible autor del hecho, es un sujeto que apenas un mes atrás estaba detenido por delitos similares. Sin embargo, y de forma increíble, fue liberado a pesar de contar con un frondoso prontuario por todo tipo de delitos.
Lo relatado no hace más que poner blanco sobre negro acerca del papel de la Justicia y de algunas leyes ineficaces que parecen ser un canto a la incoherencia. ¿Acaso no es eso lo que implicó la ley anti motochorro? Propuesta por un legislador oficialista, votada por toda la legislatura y puesta en funcionamiento por Claudio Maley, fue una normativa que sólo molestó a la gente decente y ni inmutó a los delincuentes.
Además, una ley descabellada como esa y tantas otras jamás podían ser convalidadas por la Justicia que ni siquiera hace cumplir las normativas ya vigentes a la hora de poner tras las rejas a los malvivientes y proteger la vida y la libertad de los ciudadanos honrados. Y es que parecería que jueces y fiscales permiten salir a delincuentes sin medir la gravedad de las acciones que cometieron, debido a que en el fondo saben que tienen banca en la Legislatura.
Esto se debe a que saben que los legisladores jamás les iniciarán juicio político alguno por el mal desempeño en sus funciones. De hecho, durante el transcurso de la semana pasada, la comisión de Juicio Político de la Cámara legislativa archivó el pedido de destitución contra seis jueces penales acusados por presunta negligencia debido a que juzgaron a uno de los protagonistas del asesinato de Ana Dominé. Y es que una mano lava a la otra en Tucumán.
Pero el otro tipo de connivencia, la alianza implícita entre una Justicia impune a la hora de dar cuenta de sus acciones, junto con la falta de idoneidad de los funcionarios en materia de seguridad, es lo que ha sumido a Tucumán en violencia y muerte por doquier. Mientras que ninguna autoridad, funcionario o magistrado se hace cargo de la responsabilidad que le toca en esta realidad que atraviesa la totalidad de la población tucumana. De esta manera, una niña vuelve a representar las consecuencias de la implementación de leyes inservibles, las cuales, junto con la corrupción y la ineficiencia gubernamental, generan muerte y dolor. Es hora de hacerles sentir a los responsables de esta realidad, que la sociedad no se quedará cruzada de brazos tolerando la desprotección a la que han sumido a los tucumanos, que se encuentran desamparados ante la otra pandemia, la de la inseguridad.
