Muy lejos de lo que le hubiera gustado al Gobierno, el debate legislativo sobre el Presupuesto 2022 que terminó con el rechazo en Diputados al proyecto oficial, deja un par de novedades referidas al impuesto a los Bienes Personales. Por un lado, el oficialismo no logró su pretensión de que se prorrogara la facultad que el Congreso le dio al Poder Ejecutivo, a fines de 2019, para aplicar alícuotas incrementadas por los activos ubicados en el exterior. Por el otro lado, ayer una mayoría de legisladores de la cámara baja votó favorablemente una moción para que en los próximos días sea considerado el proyecto de ley, votado por unanimidad en el Senado y ahora resistido por el kirchnerismo, que busca subir de $2 millones a $6 millones el mínimo no imponible del tributo, y de $18 millones a $30 millones el valor hasta el cual está exenta la vivienda. El Frente de Todos votó en contra de que se considere esa iniciativa.
Más allá de que ahora el Gobierno, recurriendo a lo dispuesto por la ley 24.156, decidió prorrogar la vigencia del presupuesto de este año para disponer de los recursos en 2022, eso no le permite considerar extendidas aquellas facultades, según señalaron varias fuentes consultadas por LA NACION.
De esta manera, se interpreta que se cae la aplicación de las alícuotas agravadas, de entre 0,7% y 2,25%, que rigieron en los últimos años. Por la ley 27.541, el Ejecutivo recibió atribuciones para establecer sobretasas “hasta el 31 de diciembre de 2020″.
“El Poder Ejecutivo no tiene más la facultad de fijar alícuotas agravadas en el impuesto”, consideró el abogado Diego Fraga, especializado en temas tributarios, en coincidencia con lo expresado por el diputado Luciano Laspina (Juntos por el Cambio-Santa Fe).
Si se llegara a votar la extensión de esas atribuciones pero una vez iniciado 2022, entonces la vigencia sería a partir de ese ejercicio fiscal. Es decir, el impuesto correspondiente a 2021 quedaría sin sobretasas. La intención del Gobierno era prorrogar la facultad del Ejecutivo durante todo el tiempo en que exista el impuesto a los Bienes Personales, que nació en 1991 por 9 años y cuya vigencia fue varias veces extendida. Ahora, por ejemplo, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.
Para determinar quién paga Bienes Personales y con qué alícuota, se mira el patrimonio al 31 de diciembre de cada año. En otras palabras, las tenencias que cada persona tenga dentro de dos semanas, definirá las obligaciones por 2021, que deberán ser cumplidas durante 2022, en las fechas que la AFIP disponga para presentar las declaraciones juradas y pagar los saldos resultantes.
Cuando el organismo de recaudación calculó los anticipos que cada persona ya inscripta en el impuesto debió pagar por el tributo correspondiente a este año, lo hizo considerando las sobrealícuotas, lo que causó controversia. Según el tributarista César Litvin, que también considera que las facultades del Ejecutivo para disponerlas ya están fuera de juego, eso puede haber provocado que haya contribuyentes que pagaron de más, sobre todo si no hicieron uso de una opción existente para ingresar montos menores a los determinados por la AFIP.
“El Poder Ejecutivo y la AFIP reconocieron, al menos implícitamente, que la alícuota incrementada para bienes en el exterior regía solamente para los períodos fiscales 2019 y 2020″, señaló por su parte Andrés Edelstein, que fue secretario de Ingresos Públicos durante la gestión anterior. De hecho, se le pidió al Congreso una extensión del plazo.
“Habrá que ver si tratan de impulsar una ley de contenido netamente impositivo, para que tenga un rápido tratamiento antes del 31 de diciembre, con la extensión de la facultad que se había incorporado al proyecto de ley de Presupuesto”, dijo. Y agregó que desde el Gobierno podrían tratar de forzar una interpretación, “para sostener que la facultad fue ejercida dentro del término acordado por la ley 27.541, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2020, y que los efectos de esa delegación continúan hacia adelante; el tema es opinable, pero a priori debería caer [el cuadro de alícuotas incrementadas]”.
El debate por el mínimo no imponible
Con respecto a la moción aprobada para el tratamiento en Diputados del proyecto que eleva el mínimo no imponible para pagar Bienes Personales, Laspina, que es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, señaló que debe convocarse para el martes a ese grupo de trabajo [que preside el kirchnerista Carlos Heller] y que debe llamarse a una sesión especial.
Mantener sin actualización la base imponible provocaría que más personas tengan que pagar el impuesto y que quienes ya están alcanzados deban tributar, probablemente, con una alícuota más elevada respecto de la del ejercicio anual anterior. Y todo ello, no por un crecimiento real de sus patrimonios, sino solo por efecto de la inflación (que en los últimos dos años acumula algo más de 100%) y de la suba de la cotización del dólar.
La iniciativa para elevar la base imponible, que está en $2 millones desde 2019, tiene una historia bastante insólita. El Poder Ejecutivo nunca tuvo intenciones de enviar al Congreso un proyecto para subir el monto. Pero en octubre, luego de las PASO en las que el Gobierno fue derrotado, el entonces senador cordobés del Frente de Todos Carlos Caserio presentó un proyecto de ley para subir el mínimo a $8 millones. La cifra fue luego moderada y llevada a $6 millones. El texto fue aprobado en la cámara alta por unanimidad y girado a Diputados a principios de noviembre, donde no tuvo ningún avance, algo sobre lo cual advirtió días atrás LA NACION. En estos últimos días, los legisladores del oficialismo hicieron explícita la decisión de dejar congelada la base del tributo.
El mínimo no imponible está históricamente retrasado en términos reales. Hasta 2006 fue de $102.300 y en 2007 (tras varios años con inflación) subió a $305.000. El valor no tuvo cambio alguno durante los dos mandatos presidenciales de Cristina Kirchner, pese a que en esos ocho años el índice de precios subió más de 500%, según las mediciones alternativas a las del Indec (que estaba intervenido políticamente y no era creíble). Durante los cuatro años del gobierno macrista sí hubo actualizaciones del monto: subió a $800.000 (2016), $950.000 (2017), $1.050.000 (2018) y $2.000.000 (2109). Pero eso no alcanzó para compensar los efectos del congelamiento de los años previos.
