Nuestra provincia atraviesa las horas más oscuras en este 2020 y no es causa del coronavirus. Pero sí se trata de una pandemia, la de la inseguridad. En el marco del asesinato del cura Oscar Juárez, se inscribe un nuevo caso de violencia policial como el que tuvo como víctima al abogado Enrique Courtade, quien fuera agredido por efectivos policiales en la comisaría de Concepción hace algunos días. ¿Pero qué es lo que pasa con la Policía de Tucumán?
Quien no aprende de su pasado está condenado a repetirlo y la Policía de nuestra provincia nada parece haber aprendido de luctuosos hechos que la tuvieron como lamentable protagonista. Primero fue el secuestro, asesinato y desaparición de Luis Espinoza en lo que fue una emulación de la peor dictadura del siglo XX que atravesó Argentina. Un hecho que generó revuelo nacional e internacional pero que en esta provincia las autoridades intentaron minimizarlo.
Luego vino el caso de un supuesto ladrón al que nunca le encontraron lo que habría hurtado. Se trata de Ceferino Nadal, quien murió por un paro cardiorrespiratorio a causa de la falta de oxígeno que padeció cuando un bici policía aplastó su cuello al punto de cortarle la respiración. En lo que fue un calco de lo que sucedió en Estados Unidos con George Floyd y que tanto revuelo internacional causó. Pero en Tucumán pareciera que las autoridades no se dan por aludidas.
Hasta que en La Perla del Sur un abogado llamado Enrique Courtade se presentó en la comisaría de esa localidad con el fin de ampliar una denuncia. Sin embargo, terminó siendo agredido por al menos cinco policías que, no conforme con eso, lo encerraron en un calabozo en lo que fue claramente una aprehensión ilegal. Hasta un médico forense constató las lesiones que le habrían provocado los golpes propinados por los mismos policías del destacamento señalado.
Este incidente generó que el fiscal Miguel Varela ordenara la aprehensión del comisario Arnoldo Villafañe y de cuatro subalternos. Pero esta pudo haber sido una historia que la víctima podría no haber contado si le costaba la vida. De hecho, Enrique Courtade confesó que en un momento del tormento que atravesó, llegó a pensar que tranquilamente podía llegar a convertirse en la tercera víctima del abuso policial que claramente existe en Tucumán.
Y todo esto en apenas transcurridos un par de meses. El Estado de Derecho se ve amenazado ante esta nueva muestra de violencia policial que sufre nuestra provincia. A la cabeza las fuerzas de seguridad está el ministro Claudio Maley, cuya inacción e inoperancia permitió que los delincuentes se apoderen de las calles de Tucumán, y que la inseguridad se maneje a sus anchas y los ciudadanos de bien se hayan convertido en presos del miedo que no es una sensación.
Por el contrario, es una dura realidad que está jaqueada también por un deficiente accionar policial que, como ha quedado demostrado, puede llegar a matar. Un accionar policial que solo atina a maquillarse con normativas ineficientes como la ley antimotochorros u operativos rimbombantes como el equipo antimechera que no resuelven el problema de fondo. Una inseguridad estructural que nada hizo la clase política para combatirla como se debe.
