Revuelo se armó, sí, pero no el suficiente. Luego de que trascendiera la información acerca de que presos en Tucumán estarían cobrando el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) muchas son las preguntas que pueden hacerse, pero nadie contesta. Luego de que el gobernador Manzur confirmara que en Tucumán se continuará pagando el IFE, la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, dijo en un canal de noticias que el Gobierno estaba evaluando el asunto.
Pero lo más trascendente es que se disparó la polémica en torno de la posibilidad de que presos en nuestra provincia hayan ya cobrado el IFE. Mientras Raverta negó que esto sea así, la realidad es que existen documentos fidedignos que comprueban que sí es así. De hecho, los publicó en su cuenta de Twitter la periodista Gabriela Gatica y ningún funcionario local o regional salió a desmentir la información, de hecho, ni siquiera responden.
Desde Tucumán Despierta, intentamos comunicarnos con algunos funcionarios, tales como Enrique Salvatierra, quien conduce la UDAI Tucumán de la ANSES pero no pudo ser debido a que se encuentra muy ocupado, según nos dijo. También intentamos entablar una charla con Jesús Salim, quien trabaja para ANSES como gerente regional del NOA, pero las varias llamadas resultaron infructuosas y fuimos a parar directamente al buzón de voz.
Preguntas sin contestar son las que quedan en el tintero. Fernanda Raverta señaló que era difícil que un presidiario pudiera inscribirse para cobrar el IFE. ¿Es tan así? Porque sabemos que, en nombre de un falso progresismo, se les permite efectivamente a los presos que puedan contar con teléfonos celulares inteligentes con internet. No es muy difícil pensar que puedan haberse anotado en la ANSES para cobrar este beneficio de $10.000.
Cabe aclarar que desde la ANSES se deslizó que, en realidad, no tendrían responsabilidad acerca de que los presos puedan cobrar el IFE. Esto se debería al hecho de que desde el organismo se realizan los chequeos correspondientes con los datos que poseen AFIP y Migraciones pero que no se produce un entrecruzamiento de información con la Justicia. Esto es una forma de evadir la responsabilidad que le cabe a la ANSES que debe hacer cargo.
¿Acaso no debiera existir el famoso cruce de información con la Justicia para evitar problemas como éste? Las autoridades competentes deberían entender que no pueden excusarse en el hecho de que la normativa mediante la que se creó el IFE haya nacido del Ministerio de Economía y Trabajo de la Nación. Mucho menos cuando se le quiso dar luz verde a la posibilidad de instalar un cajero automático cerca de la cárcel de Villa Urquiza.
Esa fue la idea de uno de los representantes del Servicio Penitenciario con el fin de que los presos pudieran cobrar el IFE. Otra pregunta que queda en el aire es ¿a nadie le llama la atención esto? ¿Acaso no habilitaría la posibilidad de que la corrupción circule todavía más en un ámbito como el carcelario? ¿No existiría la posibilidad de comprar voluntades y coimear dentro del penal? Muchas preguntas, pero nadie que da la cara para intentar responderlas.
