Pocos funcionarios dentro del Gobierno pueden jactarse de administrar un presupuesto de $ 200.000 millones o, a precio blue, US$ 1.000 millones. Laura Valeria Alonso, secretaria de Inclusión Social, es una de ellas, ya que es la responsable de manejar la estratégica caja de “Políticas Alimentarias”, el programa del que salen los fondos para la entrega de la Tarjeta Alimentar.
Conocida en el kirchnerismo como “la Laura Alonso buena”, en contrapunto con la homónima ex diputada del PRO, Alonso tiene 44 años, es dirigente de La Cámpora y mantiene línea directa con Máximo Kirchner y Andrés “Cuervo” Larroque, dos referentes centrales de la agrupación.
En su cuenta de Twitter, esta licenciada en Trabajo Social se define como “militante peronista”, y además de resaltar su cargo actual, destaca su paso como diputada nacional por Unidad Ciudadana, antecesora electoral del Frente de Todos, de 2017 a 2019, cuando llegó a Desarrollo Social.
Laura Valeria Alonso, secretaria de Inclusión Social, con la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza. Ambas de la agrupación La Cámpora.
El poder económico de la caja que controla Alonso se advierte especialmente cuando se lo compara con los fondos que reciben, incluso, ministerios completos, como Transporte, Desarrollo Productivo, Desarrollo Territorial y Hábitat, Interior, Cancillería y Agricultura. Todos se ubican debajo de esa línea de $ 200.000 millones por año.
A nivel ministerial, Alonso reparte influencia con Emilio Pérsico, el dirigente del Movimiento Evita que está a cargo del otro programa clave, el “Potenciar Trabajo”, que agrupa recursos por $ 166.069 millones. En el caso de “Políticas Alimentarias”, el presupuesto global es de $ 201.744 millones. Juntos, representan el 90% de los fondos de todo el ministerio que conduce Juan Zabaleta, que alcanzan los $ 409.000 millones.
En lo que va del año, la partida destinada al pago de Tarjeta Alimentar creció exponencialmente, desde $ 114,000 millones hasta casi el doble, los actuales $ 201.744 millones. Pero sobre todo desde la salida de Daniel Arroyo del ministerio, cuando pasó a ser ministro, y desde la llegada de Zabaleta, en agosto, previo a las PASO.
Una imagen de Alonso en un acto de La Cámpora. Foto: Twitter Laura Alonso.
A la fecha, de esos más de $ 200.000 millones ya se gastó casi la totalidad, exactamente $ 190.626 millones, por lo que se prevé que los fondos presupuestarios vuelvan a incrementarse.
Alonso trabaja cerca también de Fernanda Raverta, contemporánea por edad, también militante de La Cámpora, y a cargo del presupuesto más suculento de toda la estructura nacional, la ANSeS, que cuenta con fondos por casi $ 4 billones, destinados principalmente para el pago de jubilaciones y asignaciones. En conjunto llevaron adelante el Programa Potenciar Inclusión Joven, destinado a personas de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad, un bono de $ 8.500 que asistió a unos $ 100.000 jóvenes.
Con Fernanda Raverta, juntas, en el lanzamiento del Programa Nacional Potenciar Inclusión Joven, un bono de $ 8.500.
No obstante, desde la Secretaría, el presupuesto central tiene que ver con la Tarjeta Alimentar. “El objetivo del programa es posibilitar el acceso de la población vulnerable a una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país. Se dirige a las familias en situación de vulnerabilidad social; priorizando la atención de embarazadas, niños menores de 14 años, discapacitados y adultos mayores que se encuentren en situación de riesgo social. Las acciones están compuestas por diversos abordajes y componentes que se llevan adelante juntamente con organismos gubernamentales y de la sociedad civil”, se detalla sobre sus funciones en el mensaje del presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación.
Y, además, se resalta que “las acciones vinculadas a la Tarjeta Alimentar consisten en una acreditación mensual de fondos a titulares como complemento al ingreso familiar para el acceso a los alimentos” y que la misma “reviste carácter no remunerativo, no dinerario, ni sustituible por dinero, servicios o beneficio que no sean los productos alimenticios de primera necesidad”. El pago mensual que se hace a los beneficiarios va de $ 6.000 a $ 12.000, según el caso.
