Cabe preguntarse qué es lo que pasa con el sindicalismo en Tucumán. Luego de que en las últimas horas trascendiera que una violenta protesta sindical, derivó en una restricción de acercamiento a una funcionaria, claramente llegó el momento de tratar un tema que suele ser tabú en la mayoría de los medios de comunicación. Y es que tanto a nivel nacional como provincial, el gremialismo está manejado muchas veces por personas oscuras.
En ese marco, se conoció que el mes pasado un total de cuatro hombres, entre los que figuraba el secretario adjunto de ATE, Jorge Antonio Flores, quien además se desempeña como jefe del bloque de concejales del PJ en Banda del Río Salí, habrían irrumpido de forma violenta utilizando bombos y silbatos y abriendo a patadas las puertas de acceso en la sede de una repartición pública como lo es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).
Según figura en el expediente judicial, estos patoteros no conformes con violentar la oficina de la directora de Dinaf, Mariana Cirelli, también se acercaron hasta ella y luego la increparon e insultaron. Es por eso que la Justicia determinó que los violentos deberán acatar una restricción de acercamiento de hasta 200 metros respecto de la funcionaria provincial, tanto en lo que hace a su lugar de trabajo como a su domicilio particular.
Situaciones como la detallada apenas son un ejemplo de las incontables veces en las que el gremialismo incurre en actos de esta naturaleza. Sin ir más lejos, desde Tucumán Despierta reflejamos lo que fue el lunes pasado el impedimento de parte de representantes del sindicato de empleados de comercio (Seoc). No sólo intimidaron a los dueños de locales comerciales, sino que además impidieron que la gente pudiera entrar de forma normal como siempre.
La situación llevó a un punto de violencia del lado de los sindicalistas y de pérdida de la paciencia por parte de los distintos representantes de las cámaras comerciales de Tucumán, que tuvieron que enviar sendas cartas, entre ellas, al mismísimo gobernador Juan Manzur. Y es que se trata de una situación que no da para más y de un nivel de intolerancia que se aguanta menos todavía en un contexto como el actual, en el que el trabajo es poco y las ventas todavía más escasas.
Es tan irresponsable el accionar de muchos dirigentes sindicales que no se dan cuenta de que ponen en peligro las mismas fuentes de trabajo que dicen defender. Y como si eso no fuera suficiente, lo hacen apelando a métodos absolutamente violentos y que ya no debieran de tener lugar en pleno siglo XXI El problema es que gozan de cierta impunidad, teniendo en cuenta que muchos de estos sindicatos tienen relaciones carnales con el poder político.
En ese sentido, una acción violenta como la que sufrió la funcionaria tal y como quedó descripto en esta nota, sólo puede tener lugar bajo el amparo de la protección política. Cabe recordar que el peronismo ha sabido utilizar muy bien la fuerza de choque en la que se han convertido algunos sindicalistas que, como ya sabemos, incluso echan mano a barra bravas de clubes de fútbol para intimidar a empresarios y trabajadores sin que nadie haga algo al respecto.
