La polémica por el presunto desvío de fondos desde el municipio de Quilmes a diversas cooperativas vinculadas con funcionarios con cuentas offshore sigue escalando y este viernes el juez federal de esa jurisdicción, Luis Armella, allanó las oficinas de las cooperativas involucradas.
Esas organizaciones cooperativas del municipio que administra Mayra Mendoza recibieron al menos unos 535 millones de pesos, una suma que recibió denuncias de irregularidades, y en esa investigación el juez Armella ordenó los allanamientos en cuestión, aunque transcurridas ya semanas del estallido del tema habrá que ver si los resultados a obtener tienen peso en la causa. Vale recordar que la intendenta está imputada por malversación de fondos públicos en una causa local que ella misma denunció en su municipio, además de la causa ya existente en los tribunales de Comodoro Py.
Según se supo de fuentes judiciales, se secuestró documentación del gobierno local vinculada a los contratos con estas cooperativas, además de una serie de celulares que serán peritados.
También fueron imputados los funcionarios de Quilmes Sebastián Raspa, Martín Bordalejo, José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler.
Autodenuncia de Mayra Mendoza
Hasta el momento, Mayra Mendoza denunció ser víctima de una persecución política. Los delitos atribuidos en esta primera etapa de la investigación, son defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos por una cifra que superaría los 500 millones de pesos.
Fue la propia Mendoza quien se autodenunció en la Justicia luego de una investigación periodística que revelaba estos supuestos hechos de corrupción. “Me autodenuncié para que los vecinos y vecinas de Quilmes sepan que la primera que está interesada en que se conozca la verdad y en poder salir a decir, y en esto confío en la Justicia, no me queda otra más que confiar en la Justicia, que se investigue, que se conozca y que se sepa la verdad”, señaló.
Este no fue el único procedimiento realizado por el juzgado en el marco de esta causa. Cabe destacar que la semana pasada, el personal de Prefectura se llevó del municipio todos los legajos de las personas involucradas en la investigación, los decretos firmados por la intendenta de La Cámpora y estados contables, entre otra documentación.
Qué dice la fiscal sobre el caso
La fiscal Silvia Cavallo, además, por la gravedad de los hechos y la estructura que se investiga, pidió que intervenga la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.
El expediente que tramita en Quilmes se inició por pedido de la fiscal quien consideró que hay, al momento, suficiente información que da cuenta de una “serie de maniobras desplegadas desde el municipio para desviar fondos públicos a través de cooperativas de trabajo, en beneficio de funcionarios públicos, con la utilización de sociedades constituidas en plataformas off shore a las cuales se derivaba el dinero desviado”.
Cavallo sostuvo en su escrito que se pudo constatar “relaciones de funcionarios y empresas a través de bases de datos públicas”. A raíz de esa premisa, consideró que se debían investigar “las presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución de fondos públicos nacionales por parte de funcionarios de la Municipalidad de Quilmes en el marco de diversas contrataciones realizadas con la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo Ltda., la Cooperativa de Trabajo Unión de Azul Ltda., la Cooperativa de Trabajo La Estrella Limitada, la Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Ltda., la Cooperativa Progreso y la firma The Wolf Building SA.”
Esta causa inició tras la denuncia que formuló el apoderado del Municipio por orden de la propia Mayra Mendoza, para sostener su supuesta inocencia y pedir que se investiguen las acusaciones en su contra, que se conocieron inicialmente a través del portal de noticias El Disenso.
