El segundo semestre arrancó con altas dosis de nerviosismo e incertidumbre sobre la economía, pese a que el escenario inicial era que, tras haber cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y gracias al alza de los precios de las commodities, el Gobierno iba a llegar fortalecido a lo que históricamente es la parte más exigente del año.
En cambio, el próximo ministro de Economía enfrenta en los siguientes meses el desafío de tranquilizar la economía, en un contexto de mayor escasez de dólares, altísima inflación y desaceleración de la actividad económica, mientras, al mismo tiempo, el kirchnerismo exige más gasto fiscal.
Los analistas económicos (y el FMI) coinciden en advertir que los márgenes de maniobra para aumentar el gasto y para emitir son más acotados. Sin embargo, las últimas medidas que impulsó el sector del kirchnerismo vuelven a poner en debate si el país va hacia una mayor radicalización o hacia medidas más ortodoxas.
Esta discusión fue fogoneada por las declaraciones del ministro de Desarrollo Bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque, cuando dijo que “la fase moderada está agotada”.
En el plano económico, el Banco Central avanzó la semana pasada sin tapujos con las restricciones al acceso de divisas para las empresas, lo que en la práctica implica un cierre de las importaciones, menor actividad económica y mayor inflación. Esta medida había sido pedida de manera directa por la vicepresidenta Cristina Kirchner, tras criticar el “festival de importaciones”.
Pocos días después, los senadores que responden a la vicepresidenta también le dieron medida sanción al plan de moratoria previsional, un proyecto que no contaba con el aval del exministro de Economía, Martín Guzmán, y que el mismo oficialismo calculó que tendría un costo fiscal de $200.000 millones en los próximos dos años en el escenario optimista. Algunos analistas se animan a pronosticar un costo de 1% del PBI a partir de 2023.
En la misma línea hay otro proyecto en carpeta en la Cámara de Diputados para establecer un salario básico universal destinado a personas desocupadas, trabajadores informales y monotributistas de la categoría más baja (se calcula 9 millones de personas), por el monto equivalente al valor de la canasta básica alimentaria de un adulto ($14.401 a mayo, según el Indec). El mismo oficialismo admitió que la iniciativa demandaría “un monto significativo” en materia fiscal, que los analistas estiman en alrededor 1,5% del PBI.
En contrapartida, generó escalofríos en más de un economista conocer los datos de emisión monetaria que destinó el mes pasado el Banco Central para financiar el gasto del Tesoro y para rescatar la deuda en pesos, que se desplomó ante la crisis de confianza en la sostenibilidad del programa. En números concretos, derramó en la economía más de $1 billón, una cifra que no se observaba desde el momento más duro de la pandemia en 2020.
“El Gobierno utiliza al Banco Central como comodín para solucionar todos los problemas: pagar deuda, financiar el déficit, bajar el dólar y esterilizar los pesos que sobran. El problema es que no puede con todo, se deben usar otras herramientas”, indicó en reserva un economista de trato cercano con el kirchnerismo.
Con el cierre de las importaciones, además, se cortó otra de las alternativas que existían para aspirar los pesos que sobran en la economía. Todas estas noticias solo hacen proyectar una mayor brecha cambiaria y aceleración de la inflación, donde se espera un piso del 80% para este año.
“De todas las crisis económicas que hubo, la del ‘Rodrigazo’ es la que más se le parece a este momento, sobre todo porque hay un gobierno débil sin poder político”, dijo con preocupación un banquero de la city porteña, en referencia al estallido ocurrido en 1975, cuando la inflación alcanzó el 800% anual.
Radicalización o estabilización
Ante la intranquilidad que empiezan a mostrar los datos fiscales (el gasto real crece al 17% y los ingresos, al 1,5%), la pregunta que se hace el mercado es cuánto margen tiene el Gobierno para radicalizarse y la salida de Guzmán agregó más interrogantes. “La conducción actual siempre se radicaliza. Ejemplo de eso es haberse parado literal arriba de las importaciones. Esta medida rompe la economía real. Significa más precio y menos actividad, pero les cierra mejor en su relato, que hacer lo que tenían que hacer, que era subir las tasas de interés, ajustar el tipo de cambio nominal y dar mejores precisiones en lo fiscal”, analizó Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma.
La analista Marina Dal Poggetto, de la consultora EcoGo, coincide con esta postura y va más atrás en el tiempo: “Este Gobierno y el anterior también tomaron muchas decisiones cortoplacistas que fueron postergando los problemas. Pero los problemas se van acumulando y las distorsiones de precios se van agrandando. Se requiere un programa de estabilización, pero cuanto más se dilate ese programa, más costoso terminará siendo”.
Según los analistas, que el propio Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, un funcionario con aspiraciones presidenciales, se haya propuesto para reemplazar a Guzmán con apoyo de La Cámpora, muestra que no hay un plan de ajuste y estabilización en el horizonte.
Lo más cerca a este panorama es la propuesta que revivió en la semana Carlos Melconian, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea: devaluar, subir tasa de interés y ganar margen de maniobra para volver a gastar el año próximo, un plan que ya utilizó Juan Carlos Fábrega como presidente del Banco Central, en 2014.
“El actual nivel de reservas netas, el acuerdo con el FMI, la crisis en el mercado de deuda en pesos y el escenario de más elevada e inestable nominalidad dejan entrever que no hay margen para una radicalización de la política económica hacia un sesgo fiscal más expansivo, un retraso más significativo del tipo de cambio o un freno en la readecuación tarifaria, como se ha hecho en la previa de las elecciones anteriores”, concluyó Santiago Manoukian, economista de Ecolatina.
