El caso de Santiago Maldonado está de vuelta. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia acaba de ordenar reabrirlo para que se agote la investigación sobre los instantes previos a la desaparición del artesano, ahogado en el río Chubut mientras huía de gendarmes junto a un grupo de mapuches que había cortado una ruta, en agosto de 2017.
La Cámara da por hecho, sin embargo, que no existió “desaparición forzada de persona” y que Maldonado murió tal como lo sostuvo la autopsia: ahogado en medio del río tras un shock hipotérmico por el agua helada. Si la justicia da por seguro que los gendarmes no se lo llevaron -como mintieron dos testigos antes de que el cuerpo de la víctima fuese hallado sumergido-, ¿qué cambia, entonces?
La Cámara pide agotar la investigación a pedido del hermano de Maldonado y de cuatro organizaciones de derechos humanos en relación, entre otras cosas, a pericias sobre algunos objetos hallados en la ropa de Santiago, como un bastón retráctil. El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, había desestimado profundizar sobre esos ítems en 2019 y repitió sus argumentos en 2023, desconociendo el derecho de los familiares de la víctima a aclarar todas las dudas, aun cuando la causa de la muerte haya sido determinada con exactitud.
Por eso los camaristas le sacan el caso, que ahora toma el juez federal de Ushuaia. La demanda central no contestada por el juez desde 2019 es si existió “algún nexo causal entre cualquier omisión del personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el río con Santiago Maldonado”.
Esa sospecha sobre la hipótesis de “abandono de persona” es un arma de doble filo para quienes insisten con la “desaparición forzada”: en la causa no hay indicios de que los gendarmes vieran ahogarse a Maldonado y evitaran hacer algo para salvarlo, pero el testigo que nadaba junto a él declaró haber oído lo que serían las últimas palabras de Santiago: “Siga usted, peñi… no puedo más…”.
Peñi significa hermano, amigo. Ese testigo dijo que entonces lo soltó y ya nadie volvió a ver a Santiago, que apareció 77 días después hundido, sujeto por una rama subacuática, a pocos metros de donde habría sucedido aquel diálogo. Las pericias demostraron que el cuerpo de Maldonado nunca salió del agua.
La Procuración de la funcionaria K Alejandra Gils Carbó comenzó una investigación paralela buscando la responsabilidad de Gendarmería -la ministra de Seguridad era Patricia Bullrich-, y presentó en organismos internacionales testimonios anónimos a los que identificaron con letras. El quinto fue el Testigo E, que decía que Maldonado había regresado a la orilla y que de allí se lo habían llevado los gendarmes en una camioneta.
Otro miembro de la comunidad mapuche sostuvo haber visto eso mismo pero desde 300 metros de distancia, arriba de un caballo y con binoculares que después “extravió”, justo cuando tenía que mostrarlos ante la justicia. La autopsia en la que coincidieron 55 peritos de todas las partes descartó por completo esa versión y se supo entonces que el Testigo E era Lucas Pilquiman, sobrino de Luis, un militante ultra K que en el posterior gobierno de Alberto Fernández sería el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) procesado por llevar mapuches en autos oficiales a tomar tierras del Estado.
Aquel Testigo E será citado otra vez en esta etapa, a pedido de la querella. Si declara, podría ser un bumerán para el kirchnerismo duro porque sólo tendría dos caminos: insistir con que a Maldonado se lo llevaron los gendarmes (en contra de toda evidencia científica), o admitir que quizá lo vio hundirse, avisó a su comunidad y sus jefes eligieron callar sólo para erosionar al gobierno de Macri justo antes de las PASO de ese año, mientras el país entero se preguntaba dónde estaba Santiago.
