El 8 de febrero, luego de que tomaran posesión de sus cargos los últimos tres jueces designados por el gobernador Juan Manzur, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, había dicho que creía que el Poder Ejecutivo iba a llenar “lo antes posible” las restantes vacantes judiciales. Los meses pasaron sin novedades y el Gobierno llegó a acumular 12 ternas (se informa por separado). Interrogado de nuevo al respecto, Amado reconoció que las coberturas de vacantes de la Justicia ordinaria y de Paz no estaban entre las prioridades inmediatas. “Designaremos después de las elecciones”, manifestó el sábado durante una conversación telefónica.
Frente a la consulta sobre el porqué de la postergación del cumplimiento de la obligación constitucional de nombrar jueces, Amado reiteró que las decisiones pendientes serán tomadas luego del 9 de junio, es decir, cuando haya certeza sobre el futuro de Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo. El ministro y candidato a legislador añadió que en ese momento también verán qué solución ofrecen para las dos ternas para fiscalías penales de la capital devueltas al Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) con el argumento de que contenían nombres repetidos y que aquel órgano restituyó al Poder Ejecutivo. “Posiblemente necesitemos que la Legislatura reforme la norma vigente. También estamos estudiando si podemos impedir que los candidatos ya designados vuelvan a concursar durante algunos años. Hay quienes consideran que ese límite al derecho a aspirar a un cargo judicial podría ser inconstitucional”, manifestó.
Respecto de la Justicia de Paz, el ministro agregó que la idea era reconfigurar el mapa actual y crear nuevas unidades, por ejemplo en Lomas de Tafí, siempre después de las elecciones, lo que también exigiría una reforma legislativa. A diferencia de los Tribunales ordinarios, donde la designación está vinculada a las ternas que elabora el CAM a partir de concursos públicos de antecedentes y de oposición, el Poder Ejecutivo aún goza de facultades discrecionales para escoger a los jueces de Paz, pero esos nombramientos han de ser aprobados por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Aunque en la provincia rige desde 2004 la ley que establece la Justicia de Paz Letrada, un resquicio jurídico permitió al ex gobernador José Alperovich seguir nombrando legos. Manzur nunca hizo uso de su potestad para cubrir “a dedo” juzgados de Paz: el 32% de estos estaba acéfalo hasta septiembre de 2018.
