Renunció una jueza que debe definir sobre la quiebra del Correo Argentino, de la familia Macri

El tribunal que debe decidir en la causa del Correo Argentino, la empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri a la que el Gobierno le pidió la quiebra, tuvo cambios inesperados: una de las magistradas de la Cámara Comercial renunció luego de una sentencia que la obligaba a hacerlo hasta tanto la Corte decida si puede seguir en el cargo más allá de los 75 años.

Se trata de la jueza María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, que integra la Sala B de la Cámara Comercial junto con Matilde Ballerini, una magistrada que lleva años en el tribunal y Guadalupe Vásquez, nombrada a fin del año pasado en ese tribunal.

Vázquez es abogada de la Universidad Torcuato Di Tella. En la última década trabajó como secretaria letrada de la Procuración General de la Nación, a donde llegó en 2012. La entonces jefa de fiscales, Alejandra Gils Carbó, la tuvo en excelente consideración. Cuando se debatió su pliego en el Senado, el kirchnerismo, con Oscar Parrilli a la cabeza, la defendió ante los embates de los legisladores de Cambiemos.

La jueza Gómez Alonso, que ahora se aleja, es camarista comercial desde hace más de 30 años y fue presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en representación de la lista Bordó, que tiene la mirada más crítica sobre las políticas del kirchnerismo.

La renuncia de la jueza Gómez Alonso se da en momentos en que la Sala B de la Cámara Comercial debe analizar si corresponde suspender el trámite de la quiebra del Correo y si se debe confirmar o revocar la quiebra dictada por la jueza de primera instancia, Marta Cirulli.

La quiebra fue apelada por la familia Macri, que pidió además que suspenda el trámite porque está pendiente de resolución por parte de la Corte una decisión acerca de si los fallos de la Justicia comercial nacional pueden recurrirse ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, ante de llegar a la propia Corte.

La fiscal Gabriela Boquín dictaminó que corresponde confirmar la quiebra del Correo. En 137 carillas, dijo que el decreto de quiebra no es apelable, por lo que no corresponde la concesión del recurso para que intervenga la Cámara. Dijo además que los acreedores no dieron conformidad, empezando por el Estado que representa Carlos Zannini, procurador del Tesoro.

El Correo Argentino pertenece en un 14% al Estado y un 86% a Socma. En esa firma, Gianfranco Macri tiene el 40% de las acciones; Mariano Macri, el 20%; Florencia Macri, otro 20%, y el restante el 20% es de los hijos de Sandra Macri. El Estado nacional se quedó con todos los activos del Correo y no sus pasivos, y luego pidió la quiebra.

Tras el fallo de Cirulli, que no está firme, Zannini pidió extender la quiebra a Socma, con lo que -de prosperar ese pedido- se afectaría el patrimonio de parte de la familia Macri.

Renuncia y fallo inusual

La jueza Gómez Alonso fue a la Justicia para reclamar que no le correspondía irse a los 75 años, como dice la Constitución, porque ella llegó al cargo antes de la reforma constitucional de 1994, que impuso ese límite de edad.

En primera instancia, el juez Pablo Cayssials hizo lugar a su pedido. Mencionó el antecedente del juez Carlos Fayt. La Corte primero admitió esa jurisprudencia, pero luego cambió de criterio e hizo taxativo el límite de los 75 años de edad.

El Gobierno apeló el fallo de Cayssilas y la Cámara le dio la razón el 27 de diciembre del año pasado, cuando revocó la decisión del juez de primera instancia. La jueza María Lilia Gómez Alonso presentó entonces un recurso extraordinario para que su caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia.

Esta semana, la Cámara le concedió el recurso extraordinario, para que la Corte decida sobre la causa, pero con una novedad inusual. En lugar de conceder el recurso con efecto suspensivo, es decir dejando en pie el fallo del juez Cayssials, de primera instancia, que le permitía a la jueza seguir en el cargo hasta que la Corte se pronuncie, decidió conceder la apelación, pero “sin efecto suspensivo”, por lo que continúa en vigor lo resuelto por esa misma Sala en la sentencia que le impedía a la jueza seguir trabajando.

La decisión fue tomada el martes pasado por los jueces Guillermo Treacy, Pablo Gallegos Fedriani (en disidencia parcial) y Jorge Federico Alemany.

Así las cosas, Gómez Alonso presentó su renuncia esta semana, ya que no puede seguir firmando decisiones. Con su alejamiento el tribunal quedará integrado por sus colegas Ballerini y Vázquez.