Para lograr llevar la economía sin mayores sobresaltos hasta diciembre de 2023, lo que en el mercado bautizaron como el “plan llegar”, el Gobierno dependerá más que nunca de lo que hagan dos sectores que no controla: el campo y la oposición. Esto se debe a la propia debilidad de la coalición oficialista, que no pudo estabilizar la economía en casi tres años de gestión, pese a haber reestructurado la deuda con los inversores privados y refinanciado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, lo reconoció esta semana. “No hay consenso sobre un plan de estabilización”, dijo ante ejecutivos de finanzas. Economistas del propio Gobierno aclaran, sin embargo, que la crítica no alcanza solo al oficialismo. Un plan de estabilización significa que todos pierden, incluidos los empresarios, los gremios, los gobernadores y la ciudadanía en general. Y, pese a que todos piden bajar el gasto del Estado, actualmente no hay quórum ni voluntad para hacerlo.
“Apenas las cosas van bien, los políticos empiezan con que, frente a cada necesidad, nace un derecho y con eso podemos hacer cualquier cosa. Massa cambia la impronta en la dirección correcta, aunque el camino es sinuoso”, reconoció Rubinstein.
A raíz de esta debilidad económica, el Gobierno solo se concentra en el “plan llegar”, cuyo principal objetivo es evitar una devaluación brusca que acelere aún más la inflación. Para ello, son necesarias dos condiciones: dejar de perder reservas en el Banco Central y refinanciar los casi $13 billones (7,5% del PBI) de deuda local que vencerán en 2023.
Esta semana que finalizó no dejó buenas sensaciones. El Banco Central volvió a terminar en rojo, con ventas de reservas por US$190 millones, y acumula en el mes una pérdida de US$950 millones. De esta forma, según estimaciones privadas, las reservas netas de la entidad monetaria rondan los US$5000 millones. Por el lado de la deuda, el Tesoro logró renovar el 100% de sus vencimientos, pero a plazos cortos y con suba de tasa de interés, y obtuvo financiamiento neto de apenas $24.550 millones (el rollover fue de 117%).
El impacto de la sequía en el trigo generó que esta temporada se liquiden alrededor de US$3000 millones menos que la campaña pasada, según la consultora 1816, cayendo de US$4800 millones a US$1400 millones. Para dejar de vender tantos dólares diarios, en la consultora se imaginan tres medidas que podría tomar el Gobierno: más restricciones a las importaciones, que en algún momento se eleve el porcentaje de importaciones que se pagan al tipo de cambio turista (hoy incluye a los bienes de lujo) o que se implemente otro dólar soja.
“Según datos oficiales, falta venderse el 29% de la cosecha 2022 de soja que, a precios actuales, son unos US$6800 millones. Tiene sentido que el Gobierno piense en algún mecanismo para acelerar las ventas. De cualquier manera, es importante tener presente que, a diferencia de lo que sucedió en septiembre, hoy no hay atraso en la comercialización de soja”, indicaron en la consultora 1816.
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La vicepresidenta dificulta los planes del Tesoro
La segunda gran preocupación del Ministerio de Economía son los vencimientos en pesos que se acumularon en los primeros nueve meses del año próximo, ya que los ahorristas no le quieren comprar deuda al Gobierno con fecha posterior a las elecciones presidenciales. Hasta septiembre de 2023 vencen alrededor de US$10 billones, de los cuales el 60% están en manos de privados. Si esos vencimientos no se renuevan, la liberación de pesos le pondrá más presión a la brecha cambiaria.
Además, según el acuerdo firmado con el FMI, el Tesoro no solo debe renovar todos los vencimientos, sino que tiene que captar financiamiento extra para cubrir el déficit fiscal y, así, acudir menos a la emisión monetaria del Banco Central.
“El año próximo el Gobierno dependerá de la buena voluntad de la oposición para que pueda dar un mensaje de que la deuda en pesos se va a pagar y del campo de que le van a liquidar. Seguro habrá algún tipo de negociación para fijar dólares diferenciales, como se hizo con la soja”, pronostica Guido Lorenzo, director de la consultora LCG.
“Tiene [el Gobierno] que construir consensos con sectores con los que no está acostumbrado a dialogar o no se lo ha visto muy amistoso en otro momento. También es responsabilidad de la otra parte, del campo y la oposición, tener la buena voluntad para que este Gobierno pueda terminar relativamente en paz. Ahí hay que ver también los incentivos políticos que puedan llegar a tener. Tal vez hay un incentivo de que el ajuste lo haga este Gobierno y no se logra esa continuidad”, agregó el economista.
En ese sentido, las críticas que la vicepresidenta Cristina Kirchner le dirige a la oposición no ayudan a lograr ese clima de consenso que necesita el Tesoro para lograr trasmitir tranquilidad al mercado. “Hace todo lo posible para que nadie quiera cooperar; es un factor polarizante, disruptivo y atenta contra la cooperación. El Gobierno necesita que la oposición tenga una actitud diametralmente distinta a la que tuvieron ellos como oposición y, encima, Cristina hace todo lo posible para que la oposición no haga eso”, analiza Gabriel Caamaño, director de la consultora Ledesma.
“Un opositor promercado puede decir que va a salir del cepo en forma de shock o que es necesario reestructurar la deuda, lo cual podría ser muy perjudicial para el Gobierno, porque nadie le venderá dólares o tendría que ofrecer un tipo de cambio suculento y eso es más emisión, que le mete más presión a la brecha cambiaria. Está muy jugado no solo a que el opositor sea racional desde el punto de vista del mercado, sino que coopere, que haga exactamente todo lo contrario de lo que ellos hicieron en 2019. Karma le dicen eso en mi barrio”, concluye Caamaño.
