El proyecto se avizoraba como uno de los puntos más álgido del temario. Finalmente fue avalado por 38 a favor y 9 en contra. La iniciativa incluyó el detalle de la habilitación de la matrícula a aquellos profesionales que la tengan inhabilitada y se acojan al beneficio.
El sistema establece un retiro voluntario y temporal, por el término de cuatro años (o menos cuando estuviera cerca de la jubilación). Durante ese periodo, el Estado abonará el 70% de los haberes normales, en el mismo tiempo y forma que lo hagan los agentes en actividad.
También se mantendrá el beneficio de la obra social. Para acogerse, el agente tendrá que tener un mínimo de tres años de antigüedad. Los agentes dejarán de prestar servicio a partir del primer día hábil del mes siguiente al del acto administrativo definitivo que se conceda el retiro.
Varios legisladores de la oposición habían planteado su postura en contra de que el retiro sea temporal y no definitivo advirtieron que la habilitación de la matrícula podría abrir la puerta a que una gran cantidad de profesionales firme el retiro por conveniencia económica.
Los nueve votos en contra se encolumnaron los legisladores opositores: Ricardo Bussi, José Cano, Manuel Courel, Silvia Elías de Pérez, José Macome, Raquel Nievas, Agustín Romano Norri, José Seleme y Claudio Viña.
El Poder Ejecutivo remarcó que esta medida obedece a la necesidad del Gobierno provincial de adoptar instrumentos que permitan seguir avanzando hacia el equilibrio de las finanzas públicas y la contención del gasto, sin resentir el normal funcionamiento de sus áreas dependientes. Se hizo saber oficialmente que los ingresos de la Provincia cayeron por unos $34.000 millones interanuales por la reducción de giros de parte de la Nación ($26.000 millones) y una disminución de la recaudación de impuestos ($8.000 millones).
