SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Justicia rionegrina declaró en “rebeldía” y solicitó anoche la detención de dos de los integrantes del lof Gallardo Calfú en el marco de un nuevo conflicto desatado esta semana entre un privado y dicha comunidad mapuche en el paraje El Foyel, a unos 75 kilómetros de esta ciudad, donde la agrupación realiza desde el jueves un reclamo territorial y cercó el acceso a la familia propietaria de los campos.
La fiscalía pidió también el “desalojo”, pero aún no fue autorizado por el juez interviniente hasta tanto puedan formularse los cargos con los imputados presente. El fiscal Jefe Martín Lozada indicó que “no puede mantenerse esta ocupación ilegal en un sitio que, como ya ha sido acreditado, ocasiona un perjuicio real, actual y manifiesto a los titulares del inmueble”. Y resaltó que “permitir la continuidad de los ocupantes constituiría un desatino procesal”.
Los integrantes del lof habían sido citado en la sede del Juzgado de Paz de El Bolsón, pero nunca lo hicieron, por lo que el fiscal del caso Francisco Arrien entendió que se trataba de “una dilación por parte de la defensa” y solicitó se declare la rebeldía y se fije captura. “No hay otra manera que comparezcan. Hay una intencionalidad de no ajustarse a derecho”, expresó.
Si bien dicha solicitud fue avalada por el Juez de Garantías Ricardo Calcagno, que intervino en la causa, el magistrado consideró que para ordenar el desalojo debían estar presentes los imputados, por lo que se postergó hasta la próxima audiencia cuando los ocupantes hayan sido detenidos.
La ocupación comenzó el jueves cuando entre 20 y 30 personas de la comunidad Gallardo Calfú se instalaron en el acceso al campo, situado a la altura del kilómetro 1957 de la Ruta Nacional 40, que une las localidades de Bariloche y El Bolsón. En un comunicado informaron que “volvían a su territorio ancestral” del cual habrían sido despojados hace 40 años “mediante una estafa” por parte de Miguel Arturo Soriani a Sexto Gallardo Calfú, a quien habría conocido en un aserradero de El Foyel.
Según confirmaron fuentes judiciales, la familia ya presentó toda la documentación que demuestra la propiedad sobre las tierras. En este sentido, se manifestó también la gobernadora Arabela Carreras, quien aseguró que la familia perjudicada “tiene el título de propiedad, porque durante años pagaron esta tierra que es de origen fiscal, y con mucho esfuerzo impulsaron su producción”. Advirtió que “tiene que quedar en claro que esto es un delito” y pidió no confundir “a estos ocupantes con las comunidades originarias pacíficas que trabajan por el bien de la gente”.
Respecto de la familia Soriani, la gobernadora aseguró que son “emprendedores” y “gente de bien, comprometida con el desarrollo de la Patagonia”. Según Carreras, “se confunde la reivindicación de las tierras con estos hechos, a partir de debates ideologizados”.
En el lugar, desde el inicio de la ocupación hubo duros cruces. El primero se dio cuando con presencia del fiscal Arrien, integrantes de la familia Soriani solicitaron ingresar al territorio y posteriormente denunciaron que no los dejaban salir. Por su parte, la comunidad planteó que el acuerdo era que entraran para alimentar animales y luego salir, pero que ese planteo fue incumplido y que se quedaron “por voluntad propia”. Incluso, denunciaron que vecinos de la zona “se acercaron con palos y barretas” a agredirlos.
Claudia Soriani, una de las integrantes de la familia que reside hace años en el campo, dijo en declaraciones a los medios locales que les “parece increíble que vengan estas personas diciendo que son propietarios cuando no lo son, exigiendo derechos que no tienen y atropellando los derechos nuestros, ellos nunca vivieron acá, los vecinos puedan dar fe de eso, reclaman algo que no existe“.
Según la versión del lof, ellos tienen documentación “que da cuenta de la clara estafa”, y que por eso regresaron al territorio.
Diferencias con la Nación
Rodrigo Buteler, ministro de Gobierno y Comunidad de la provincia de Río Negro, dijo a LA NACIÓN que este grupo de personas identificadas con el lof Gallardo Calfú están “poniendo en vilo a una familia, es un hecho que raya la locura”. El ministro destacó que hubo hace más de 10 años un reclamo judicial en el que este mismo grupo mapuche ya perdió el reclamo planteado. “La Justicia ya denegó su reclamo y ratificó que la propiedad era de Soriani, quieren lograr a través de la violencia lo que no logran por los canales correspondientes”, expresó con indignación.
Buteler, al igual que en otras situaciones similares que surgieron en los alrededores de Bariloche en torno a reclamos de territorio ancestral mapuche, volvió a cuestionar en duros términos el accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que lidera Magdalena Odarda. “Pareciera que hay un escenario propicio, que operan con cierta impunidad”. Y planteó las situaciones ocurridas en Villa Mascardi y Pampa de Buenuleo. “Estimamos que habrá una orden desalojo en este caso, nos preocupa que esto se extienda en el tiempo”, finalizó. ß
