Estiman que el camino por recorrer para que haya un acuerdo será largo. No esperan una resolución simple. Están inmersos en un juego de ajedrez en el que los dos estudian cuidadosamente al rival y meditan cada movimiento al extremo. Saben desde los dos lados que el recorte, si se arriba a un entendimiento, impactará tarde o temprano en el costo del boleto mínimo. Resta conocer quién se hará cargo de ese costo político.
En la negociación para el traspaso de los subsidios que reciben 32 empresas de colectivos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya se realizó el primer encuentro entre ambas partes el jueves. Para el martes próximo, en el mismo horario de las 15, está prevista una segunda reunión de la que participarán solamente equipos técnicos. Aunque hubo un clima cordial en esas primeras conversaciones, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no descarta apelar a la vía judicial si quieren imponerle la medida por decreto.
El procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa, ya tiene en sus manos un boceto del amparo judicial que podría tener el mismo destino que ya atravesaron la poda del porcentaje de coparticipación de septiembre de 2020 y el cierre de las escuelas que impuso el gobierno de Alberto Fernández y que fue resistido por las autoridades porteñas: la Corte Suprema de Justicia.
“Hay un acuerdo, un punto en común, que es comprender que si la Nación quiere transferir 32 líneas de colectivos, tiene que ser en el marco de un acuerdo. No nos pueden tirar las líneas por la cabeza”, explicó este sábado el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Existe el convencimiento en Uspallata, donde tiene su sede el Ejecutivo de la Ciudad, en que se agotarán todas las instancias políticas antes de llegar a un nuevo reclamo ante la Corte.
Los representantes de CABA seguirán conversando con Nación sobre el traspaso de los colectivos a la espera del encuentro del 10 de marzo al que convocó la Corte Suprema con la intención de resolver la inconstitucionalidad sobre la quita de 1,18 puntos de la coparticipación federal. Larreta ese día deberá sentarse junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro para intentar arreglar ese entuerto.
En ese marco, luego de la presión que ejercieran el grupo de los 10 gobernadores del Norte Grande con una declaración en la cual le pidieron a Rodríguez Larreta mayor “equidad y federalismo” y de las manifestaciones públicas de otros mandatarios provinciales como el cordobés Juan Schiaretti o el santafesino Omar Perotti que protestaron por las asimetrías en las tarifas del transporte entre el AMBA y el resto del país, en las últimas horas el alcalde porteño encontró algunos aliados de peso.
Schiaretti, más cercano a Juntos por el Cambio que al oficialismo a nivel nacional, y el gobernador jujeño y titular del radicalismo, Gerardo Morales, estuvieron firmando convenios recíprocos sobre turismo en la capital mediterránea y aprovecharon la ocasión para acompañar las demandas porteñas.
Morales, quien hace unos días había arremetido contra Larreta al remarcarle que los habitantes de Buenos Aires pagaban un boleto $18 y que los jujeños abonaban $50, esta vez lo defendió: “Este es un país que se debate entre unitarismo y federalismo. Horacio Rodríguez Larreta no es responsable de esta situación, que lleva décadas. Tampoco es responsable el gobernador (Axel) Kicillof. No estamos planteando quitar acá o allá, sino de generar un sistema de distribución que sea más justo”.
Y Morales agregó: “En enero se distribuyeron 20 mil millones de subsidios para 18000 colectivos del AMBA y 3200 millones para 14000 colectivos del interior, incluyendo Córdoba y Santa Fe. Entonces, el subsidio por colectivo en el AMBA es de $1.100.000, mientras que en el interior es de $240.000. Es muy injusto. Hay que meter todos los recursos en la misma bolsa y establecer criterios objetivos por cantidad de colectivos, por cantidad de trabajadores. Porque tanto en el interior como en el AMBA tenemos que pagar los mismos sueldos”.
Juan Schiaretti, el 1° de febrero, al iniciar las sesiones legislativas de su provincia. El gobernador cordobés habló ese día de las diferencias en las tarifas de los colectivos que deben equipararse entre el AMBA y el resto del país.
Schiaretti, por su parte, impulsará a través de sus diputados nacionales que en el Congreso se discuta una ley que equipare los costos del transporte en toda la Argentina. “Tenemos una concepción federal para nuestra patria; no puede ser que en el subsidio al transporte se privilegie el AMBA por sobre el interior y que se lleve el 85 por ciento de los subsidios y al interior le quede el 15 por ciento”, planteó este viernes.
Ciudad quiere sumar a Kiciloff a la discusión
Desde que trascendieron las intenciones de recortar los subsidios que reciben las líneas de colectivos bajo jurisdicción exclusivamente porteña la Ciudad pretende que la provincia de Buenos Aires tenga el mismo tratamiento y que también debe sumarse a la mesa de diálogo sobre el tema.
“No hay manera de darle solución si no se trabaja en conjunto entre la Provincia, la Nación y la Ciudad”, insistió Jorge Macri al retirarse del ministerio de Transporte el jueves. “No se pueden tener tarifas diferentes de un lado y del otro de la General Paz”, aseguró el ex intendente de Vicente López. A la insistencia por sumar a la discusión también a la provincia de Buenos Aires le agregaron datos oficiales que detallan que la Ciudad aporta el 25% de la coparticipación y recibe apenas un 1,4%.
Tanto desde Nación como desde el gabinete bonaerense remarcan que desde 2018 cuando se firmó el Consenso Fiscal bajo la presidencia de Mauricio Macri, la Provincia absorbió el pago del 91% del costo de los subsidios para las líneas bajo su jurisdicción, como lo hicieron los demás distritos. El otro 9% le corresponde a la Nación a través del Atributo Social Federal y el Boleto Integrado por trasbordos. Por ahora los representantes provinciales no serán convocados por Transporte.
Si se alcanza un acuerdo para que Ciudad asuma los costos del mantenimiento de las 32 líneas que quedarían bajo su órbita, se conformará un ente tripartito entre Nación, CABA y Provincia en el que se empezará a debatir la necesidad o no de una readecuación tarifaria. En el ámbito metropolitano el pasaje más económico cuesta $ 18 mientras que en varias ciudades del interior como Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata o Bariloche oscila entre los $ 50 y los $ 70.
El secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, dijo el jueves después de la primera reunión entre las partes que “la propuesta que le hicimos a Ciudad fue iniciar este trayecto con cuatro ejes: el aspecto jurídico de lo que significa un traspaso; la coordinación de la operatividad; la cuestión económica, y la institucionalización de este traspaso. Porque necesitamos que se vayan acercando estas situaciones de asimetría que han sido observadas por todos”.
Según el Gobierno nacional la ley 26.740 sancionada en marzo de 2012 en su artículo 2 ratifica la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de los Servicios de Transporte Subterráneo y Premetro (que recién se pudo concretar tras extensas negociaciones tres años después) de transporte automotor y de tranvía cuya prestación corresponda a su territorio exclusivamente, y cuyo traspaso no se realizó de forma íntegra.
En el año 2019, del total de subsidios al transporte público de pasajeros de CABA, el Gobierno de la Ciudad absorbía casi el 82% y el Gobierno Nacional casi el 18%. Dos años más tarde, en el 2021, la Ciudad financió el 44% y Nación el 56%. El total de los subsidios el año pasado fue de $ 14.600 millones de pesos.
En paralelo, el gobierno nacional ya avanzó en la firma del Fondo Compensador para enero, febrero y marzo 2022 con 4 provincias: Catamarca, Buenos Aires, Tucumán y Chubut, “ratificando la política pública que tiene como eje el federalismo y el reparto equitativo en la distribución de los recursos a todas las provincias del interior del país”. Distribuirá en el primer trimestre de este año 9.600 millones de pesos y otros distritos lo firmarán a partir de la semana que viene. El Fondo se constituyó en la pandemia para ayudar a las provincias en el mantenimiento de los servicios de colectivos que tienen a su cargo. Según estaba previsto en el Presupuesto 2022 alcanzaría los 46.000 millones en subsidios.
