La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, presentó un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia ambiental y sanitaria en el ámbito de la ciudad capital de la provincia. Chahla contó que recibió un municipio “con gran problemática ambiental” y que “existen muchas leyes que hablan del cuidado del medio ambiente y cómo protegerlo”.
En ese sentido, Rossana Chahla aprovechó ocasión y recalcó que “hicimos una gestión de los basurales para prevenir ciertas enfermedades, hemos retirado en algunos casos hasta 40 toneladas de basura, pero tenemos que elaborar estrategias que se cumplan y que se puedan multar en caso de no cumplirse”.
Es en ese contexto que se presentó el proyecto: “Creemos que tenemos que tener políticas públicas, como lo dice la ley. La emergencia sanitaria significa autorizar al Departamento Ejecutivo para arbitrar todos los medios necesarios para una correcta disposición de los residuos sólidos urbanos; designar partidas presupuestarias, no contempladas en el presupuesto anterior, para invertir en todo lo que es el cambio climático; y formar una comisión ad hoc en el Concejo Deliberante para que se le pueda hacer un seguimiento a esta emergencia”.
En esa comisión, aseguró, podrán intervenir representantes de todos los bloques que así lo deseen. “Esto tiene que ser una acción permanente, no una reacción”, enfatizó y agregó: “Además, tenemos que educar a la gente para que esto no ocurra. En vez de estar levantando basurales, deberíamos estar haciendo más plazas o creando espacios verdes con esos recursos”.
La funcionaria adelantó que buscarán la creación de la Fiscalía Municipal Ambiental, para que “controle exclusivamente los delitos ambientales”. La intendenta se refirió, por otra parte, a la planta municipal, tema que ha ocupado la agenda política las últimas semanas tras la revisión de los nombramientos irregulares dispuestos por Germán Alfaro, ex intendente capitalino.
“Hemos encontrado 2.726 personas nombradas desde mayo hasta octubre”, explicó Chahla, lo que significa que “se incrementó la planta en un 60%, porque el presupuesto presentado para 2023 era de 4.300 personas”. Aparte de que muchas de esas personas “no habían concurrido nunca al municipio”, la intendenta contó que el “90% administrativo y 10% operativos”.
En ese sentido, aclaró que, de los operativos, más de 200 personas tenían “años de antigüedad con contratos de 18 mil, 20 mil o 30 mil pesos, son los que salen a trabajar en casos de emergencia, están en la calle” y que “queremos darle prioridad a esa gente, desprecarizarlos”. También aclaró que han reincorporado gente, priorizando a personas con discapacidad, embarazadas, con problemas de salud o con hijos.
La mandataria municipal se expresó sobre las amenazas que sufrió en las últimas semanas: “Eso ha sido una situación muy desagradable, de mucha violencia. Estaban funcionarios elegidos por el pueblo, que son autoridades de la provincia. Eso llama la atención, que arenguen o inciten a la violencia. Es grave. Además, agrediendo al edificio, queriendo entrar por la fuerza. En lo personal, también ha sido muy desagradable para mí y para mi familia”, remarcó.
En cuanto a la denuncia penal que presentó, dijo que “la fiscal sigue pidiendo pruebas y sigue avanzando, nosotros seguimos trabajando, no van a impedir que sigamos con nuestra gestión”. Finalmente, expresó que a pesar de “el desorden, la desidia, el no cumplimiento del recurso humano” que se encontró en la municipalidad al asumir, “ahora seguimos para adelante, seguimos haciendo la gestión de las cosas que la gente necesita, me han votado para eso, no para quejarme”.
