Los concejales de San Miguel de Tucumán tendrán durante este martes una sesión extraordinaria para debatir sobre la declaración de la emergencia ambiental en la capital de la provincia, pero hay otro tema apremiante en la agenda. El servicio de transporte público de pasajeros.
El viernes pasado, la comisión de Transporte comenzó a trabajar sobre la base del pedido de aumento en la tarifa que había formulado tres días antes la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT). Si bien los ediles no resolvieron aún si otorgarán una nueva suba en el boleto, lo concreto es que dieron un primer paso para determinar si corresponde hacer lugar al reajuste.
Y es que enviaron un pedido de informes a las áreas pertinentes de la Intendencia para requerir un análisis técnico sobre -entre otros puntos- los costos del servicio de ómnibus. De esta manera, según explicaron fuentes del Concejo, la discusión sobre el boleto no estará presente en la próxima sesión, y más allá de los argumentos de los empresarios, tampoco está resuelto que esta cuestión llegue al recinto en febrero.
La intendenta Rossana Chahla envió al Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán un proyecto de ordenanza para solicitar que se declare oportunamente una emergencia sanitaria y ambiental en el municipio por un año, con la finalidad de dar soluciones urgentes a las necesidades locales.
En ese marco, cabe mencionar que el proyecto de ordenanza que propone la encargada del Ejecutivo municipal contempla que, entre otras cosas, se deben arbitrar los medios institucionales que tengan como fin la correcta gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en todo el municipio.
Además, solicita que se cree en el órgano legislativo municipal una comisión abocada al seguimiento de dicha emergencia; y que se autorice al Departamento Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias y excepcionalmente a efectuar contrataciones directas para brindar solución a las necesidades sanitarias y ambientales de la Capital.
En compañía de la solicitud que lleva la firma de Chahla, se compartió un informe sobre el “diagnóstico ambiental de San Miguel de Tucumán”, que tiene como apartados cambio climático, calidad urbana, gestión pública metropolitana, espacios verdes, calidad del aire, entre otros.
En el documento, se expone que en el municipio “no se contaba con ninguna línea de acción que permita trabajar en consonancia con la medición de gases de efecto invernadero; sea de adaptación o mitigación”. Es por eso que sostiene que “la voluntad de la intendencia es considerar que toda política pública a realizarse en el municipio debe hacerse con perspectiva de cambio climático” y que es imperioso “pensar global y actuar local”.
