El fiscal Abel Córdoba terminó hoy su alegato en el juicio de la “ruta del dinero K” y pidió una pena de 12 años de cárcel y una multa de $2.121 millones para Lázaro Báez, que otra vez se negó a presenciar la audiencia desde la cárcel de Ezeiza por el riesgo del coronavirus. El empresario ya acumulaba tres pedidos de penas de entre 8 y 9 años de cárcel de las tres querellas. La Fiscalía también pidió penas altas para los cuatro hijos de Báez y reclamó que el tribunal ordene el decomiso de 45 inmuebles y dos autos a nombre del empresario, entre otros bienes.
El fiscal pidió además que sean condenados el abogado Jorge Chueco, actualmente en libertad, y Daniel Pérez Gadin, una pieza clave en la estructura de Báez, a 8 años de cárcel.
“Perez Gadín se ha molestado de ser acusado como el contador de Báez. Si fue o no, no tiene efecto alguno. En los documentos bancarios aparece como top manager de las compañías de Lázaro Báez. En su indagatoria pidió que se le muestre una transferencia realizada por él. Solo como ejemplo, con su firma solicitó el cierre de una cuenta y la transferencia de fondos”, sostuvo el fiscal.
Algo similar ocurrió con Jorge Chueco. “Su ámbito de mayor despliegue es la operatoria de Helvetic, pero actuó en dueto con Pérez Gadín”, concluyó el fiscal Córdoba.
En el caso de los tres hijos de Báez que están libres, Melina, Luciana y Leandro, el fiscal les otorgó un grado similar de responsabilidad y pidió penas de 4 años, 4 años y 6 meses, y 5 años, respectivamente. “Cuanto mayor fue la exposición pública de la causa, mayor fue su participación. Pasaron de ser beneficiarios de las cuentas a accionistas de las empresas”, explicó. En el caso de Martín Báez, solicitó una pena de 9 años, la más alta desde que comenzaron los alegatos.
Para Leonardo Fariña, la Fiscalía solicitó una pena de apenas 5 años por su rol como arrepentido. Córdoba sostuvo que le correspondería una pena de 8 años, que redujo en 3 años por sus aportes a la causa.
Además de las penas, la Fiscalía reclamó que el tribunal ordene el decomiso de 45 inmuebles y dos autos a nombre de Báez; un avión a nombre de Top Air; 120 vehículos a nombre de Austral Construcciones y las acciones de la mayoría de las sociedades involucradas, entre otros bienes.:quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/VX3N5UNXINAUPF72QV6YZJ7PCE.jpg)
Para la Fiscalía, la maniobra de lavado llegó a totalizar la suma de USD 54.872.875. En la primera audiencia de su alegato, el fiscal Córdoba dijo que tomará en cuenta como ilícitos precedentes del lavado de dinero las irregularidades en la obra pública, que se juzgan en la causa de Vialidad, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas, y la evasión impositiva de Austral Construcciones.
El traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires también estuvo presente en el alegato. Córdoba denunció una serie de irregularidades en los controles que debían ejercer las autoridades aeronáuticas, especialmente en el aeropuerto de San Fernando, donde aterrizaban los aviones de la empresa Top Air.
En la jornada de ayer, la Fiscalía había desarrollado el entramado de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra para la compra de bonos. En ese marco, sostuvo que Fabián Rossi tuvo una participación clave en la apertura de cuentas y en varias transferencias. “Es insostenible el argumento de Rossi de que es ajeno a las cuentas. Hay un mail para financiar la compra de bonos donde se lo incluye. No hay dudas de que participó de la maniobra”, dijo el fiscal.:quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/XUSZWFDSEVD6JKVB7R3OC6BLWA.jpg)
Lázaro Báez (Gustavo Gavotti)
A partir de ahora, el juicio entrará en la recta final con los alegatos de las defensas. El TOF 4 ya dispuso el siguiente orden: 1) Lázaro Báez, 2) Jorge Oscar Chueco, 3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 4) Leonardo Fariña, 5) Martín Báez, 6) Leandro Báez, 7) Melina Báez, 8) Luciana Báez, 9) Walter Zanzot, 10) Julio Enrique Mendoza y así hasta llegar al número 27. Ante un pedido puntual de los abogados de Báez, es posible que los alegatos de las defensas se demoren al menos una semana.
La libertad del empresario depende nuevamente de la Cámara de Casación, que tiene pendiente una apelación por el monto de la fianza dispuesta por el TOF 4, un total de $632.500.000 teniendo en cuenta el valor del dólar blue. El fiscal Córdoba dictaminó a favor de reducir la fianza en pesos a 386.578.500. Sin embargo, el tribunal ratificó el monto inicial.
Si Casación no insiste en la domiciliaria, Báez terminaría el juicio detenido. La semana pasada, la Oficina Anticorrupción había pedido una pena de 8 años y 6 meses de prisión para el empresario. Antes del receso por la pandemia, la Unidad de Información Financiera (UIF) había solicitado una pena de nueve años de prisión para el empresario, y la AFIP ya había pedido ocho años de cárcel.
El juicio por la “ruta del dinero K” se reinició el 21 de julio luego de tres postergaciones. En un principio se iba a reanudar el 24 de junio; luego el 1 de julio, y por último se intentó que fuera el miércoles 8, pero nunca se superaron los problemas técnicos. Finalmente se optó por la plataforma Zoom.
