Los allegados de Sabrina Pasarín prefirieron no realizar declaraciones sobre la resolución judicial que se dictó en contra de la joven. “Tenemos que consultar con el abogado”, le explicó Silvia Populín, la madre de la detenida. En una carta que fue difundida por la familia, la joven escribió: “Tuve la desgracia de participar de dos accidentes viales en los que fallecieron dos personas. Me apena saber que dos familias perdieron seres queridos y les pido disculpas de no haber tomado las precauciones para evitar que ello suceda”.
Llegó a Tribunales esperando recibir una buena noticia, pero se retiró con la mirada triste y pensativa. Sabrina Pasarín, según los testigos que estuvieron presentes cuando fue notificada de la resolución, habría llorado cuando le confirmaron que debía ser traslada a la cárcel de mujeres que está ubicada en Banda del Río Salí. Allí estará al menos cuatro meses por decisión del juez Francisco Pisa, que ordenó que se le dicte la prisión preventiva solicitada por la fiscala Adriana Giannoni.
El jueves 20 de junio, la joven de 21 años se movilizaba en una camioneta Chevrolet S10 por calle San Martín y, al llegar a la esquina con José Colombres embistió al Chevrolet Corsa que era conducido por Rodrigo Carrizo, quien, por la fuerza del impacto, salió despedido del auto y murió en el acto.
Mientras la fiscala Giannoni investigaba el caso, se conoció que la joven, cuando tenía 14 años, había protagonizado otro accidente fatal. En septiembre de 2011 se cayó de la moto de alta cilindrada que conducía y en el percance murió Lucía Nieto, también de 14, quien la acompañaba en el vehículo. La familia Nieto, al enterarse del nuevo siniestro que había protagonizado Pasarín, se atrevió a denunciar que habían sido amenazados por el padre, Mario Pasarín (quien actualmente espera ser enjuiciado por una causa de droga) para que la causa no avanzara; y denunció varias irregularidades como que las pericias no se hicieron en tiempo y forma; además, dudas sobre el dosaje alcohólico que le debían haber practicado; y también que nunca fueron notificados de que la causa había sido archivada.
Giannoni habría logrado probar que Pasarín tenía 0,69 de alcohol en sangre; que circulaba a alta velocidad y que los semáforos de la esquina funcionaban normalmente, desmintiendo así la versión que había dado la joven de que estaban en precaución. La fiscala decidió entonces acusarla de homicidio simple, por lo que solicitó que se le dicte la prisión preventiva. Pisa le dio la razón a la investigadora. Al mismo tiempo confirmó que existía peligro de que la acusada entorpezca la investigación si quedaba en libertad. Tuvo en cuenta, como lo había fundamentado la fiscala, el presunto soborno que habría pagado para que se modificara el dosaje alcohólico y que tenía los medios y contactos para fugarse.
El magistrado le dictó prisión preventiva, pero no por ocho meses, sino por cuatro, aunque dejó abierta la puerta para que la fiscala pida una prórroga si necesita más tiempo para culminar la investigación. Dispuso además que sea trasladada de manera urgente a la cárcel de mujeres, por lo que no fue aceptado el pedido que había hecho para que se le otorgase el beneficio del arresto domiciliario.
Disconformes
“La madre de Rodrigo no entiende aún por qué el juez sólo dictó cuatro meses de prisión preventiva en contra de la imputada. Ella pretendía que se respete el pedido de la fiscala. Pasarín tiene antecedentes de dos muertes debido a su enorme indiferencia por la vida del prójimo”, aseguró Jorge Lobo Aragón, representante de la familia Carrizo.
Según el profesional, “en el expediente está probado que conducía una camioneta de gran porte a alta velocidad, alcoholizada y que trasladaba a ocho personas. Además no redujo la velocidad cuando llegó a esa esquina y no respetó los semáforos que se encontraban funcionando perfectamente.
“Ella está dolida porque su hijo no tuvo la más mínima posibilidad de sobrevivir en razón del violento impacto por el que fue despedido fuera del vehículo que conducía. Ella me dijo que seguirá luchando hasta las últimas consecuencias para que se haga Justicia con su hijo que apenas tenía 31 años. Quiere evitar que no siga la impunidad reinante de quienes con influencia, aprietes o poder evitan ser juzgados”, señaló el abogado.
Lobo Aragón, que también representa a la familia Nieto, agregó que insistirán para que se reabra esa causa. “Hay una importante señal de que se acabó la impunidad y por eso estamos decididos a seguir adelante para que se sepa lo que realmente pasó ese trágico día. Penalmente, no se puede accionar porque Sabrina era inimputable, pero sí se le pueden iniciar acciones civiles que ella deberá responder por haber alcanzado la mayoría de edad”, concluyó.
