El escándalo en Alberdi que derivó en la intervención del Municipio y del Concejo Deliberante, así como en investigaciones de la Justicia provincial y federal, resonará mañana en el recinto de la Legislatura. Se estima que por unanimidad será avalada la determinación que tomó el gobernador Osvaldo Jaldo de intervenir el municipio. Sí hay certezas de que no estará en su banca Sandra Figueroa, esposa del intendente destituido Luis “Pato” Campos.
El vicegobernador Miguel Acevedo citó a los parlamentarios a una sesión desde las 9.30, donde el único tema del día será el decreto de necesidad y urgencia (DNU) por la medida extraordinaria tomada contra el distrito que encabezaba Campos. La legisladora alberdiana comunicó al presidente de la Cámara que estará alejada de sus funciones durante algunas semanas para estar junto a su familia mientras avanzan las medidas institucionales y judiciales que sacuden la provincia.
Luego de la conferencia de prensa que encabezó Jaldo el lunes en la Casa de Gobierno, en el palacio espejado de Muñecas 951 el vicegobernador se reunió con legisladores del bloque Justicialista que preside el taficeño Roque Tobías Álvarez. Allí dialogaron sobre lo acontecido en el sur, se notificó a los parlamentarios sobre la situación de Figueroa y se brindó ciertos lineamientos sobre la organización que tendrá el debate. Se acordó, por ejemplo, designar a algunos oradores y que sus alocuciones se ajusten al tema en cuestión.
En busca de respaldo
Avalar o no el DNU que firmó Jaldo con su gabinete para la intervención de la Municipalidad y del Concejo de Alberdi será el único tema a debatir, puesto que se trata de una sesión extraordinaria, contemplada en el artículo 53 de la Constitución de Tucumán. Allí se establece que la sesión puede ser convocada por el Ejecutivo, por el presidente la Cámara o por una cuarta parte de los miembros de la Legislatura “cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera”.
La intervención se tomó en los términos del artículo 139 de la Carta Magna provincial, que establece que en los casos de “grave desorden institucional que ponga en riesgo la forma republicana de gobierno, los municipios podrán ser intervenidos mediante ley sancionada al efecto por el Poder Legislativo. La intervención tendrá como principal objetivo hacer cesar las causas que la motivaron, restableciendo el orden institucional y político en el municipio”.
La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, explicó que el gobernador se inclinó por un DNU y no por un proyecto de ley debido a la inmediatez de este instrumento legal. “En ese caso la Constitución prevé y la Ley Orgánica de Municipalidades (N°5.529) autoriza”, dijo. Señaló que ahora corresponde que el decreto reciba el respaldo de la Legislatura para que se transforme en ley. “El circuito en términos constitucionales se está cumpliendo”, expresó.
Investigación federal
La legisladora Sandra Figueroa llegó al recinto en 2023, luego de un contundente triunfo de la lista oficial Frente de Todos por Tucumán que encabezó por la sección oeste Sergio Mansilla (actual presidente subrogante de la Cámara). Por el acople oficial ingresaron también el taficeño Javier Noguera; el cocheño Leopoldo Rodríguez; y el monterizo Alberto Olea. Previamente, Figueroa se desempeñó durante ocho años como intendenta, sucediendo a su marido Campos (estuvo tres períodos como jefe municipal).
Tras la intervención del Municipio, se conoció que el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz investiga por los delitos de asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos a Campos, su ex secretario de Hacienda José Roldán, y a Figueroa. El funcionario judicial solicitó la detención de los primeros dos, pero fue denegada por el juez José Manuel Díaz Vélez. El fscal, sin embargo, no pidió la misma medida contra la legisladora ya que esta cuenta con inmunidad parlamentaria según precisa la Carta Magna (ver aparte).
Coincidencias
La legisladora oficialista Carolina Vargas Aignasse adelantó que el DNU seguramente será aprobado en todos sus términos. “Digo que lo vamos a aprobar por conversaciones que ya hemos tenido de manera interna en el bloque mayoritario. Creo que el ánimo de todos es hacer el tema de la mejor manera, con la mayor agilidad y transparencia posible”, dijo en una entrevista con LG Play.
El radical Manuel Courel, en tanto, consideró que “no va a haber mayores inconvenientes” en que se convalide el decreto. “Nosotros mismos pedimos eso ayer”, dijo en alusión a un proyecto de ley que presentó junto a otros legisladores radicales. Opinó también que lo que pasa en Alberdi es la punta del ovillo de lo que pasa en el interior. “Muchos municipios peronistas son feudos”, lanzó.
“Inflexibles”: Jaldo dispuso medidas para que la intervención pueda gestionar
El gobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó que solicitó al designado interventor de Alberdi Guillermo Norry que preste colaboración con la Justicia federal y provincial y haga entrega de toda la documentación que le sea requerida en el marco de las investigaciones sobre narcotráfico en el que podrían estar involucrados funcionarios municipales, destituidos por la medida excepcional que adoptó el Poder Ejecutivo provincial. “Hay que darle tiempo, no es fácil la tarea que tiene Norry. Pudo formar un pequeño gabinete en Obras Públicas, Hacienda y Acción Social. He dado orden para que todos los ministerios se constituyan y cada uno de ellos atienda sus respectivas áreas para que podamos cumplir mínimamente con la expectativa de ese pueblo que realmente necesitaba y que pedía que se le solucionen muchos de los problemas que tienen pendientes. Los ministerios lo van a lo van a ayudar al contador Norry para que podamos profundizar algunas transformaciones en esa querida ciudad de Alberdi”, planteó el mandatario. “Nosotros queremos que la Justicia se expida y saber qué es lo que realmente pasaba… podemos ser flexibles en determinados temas. En lo que no vamos a ser flexibles es en todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y el narcomenudeo; en todos aquellos delincuentes que andan comercializando y vendiendo droga. Queremos que todos los que estén ligados directa o indirectamente, que estén vinculados al municipio o a cualquier institución y estén en la comercialización de sustancias tóxicas que la justicia los condene y los mande presos por el tiempo que la justicia considere”, dijo. Sobre el llamado a elecciones, aclaró que lo decidirá en los próximos días: “Tenemos 30 días para fijar la fecha y luego tendremos 120 días para que se realicen las elecciones”.
Fueros parlamentarios: los legisladores cuentan con inmunidad otorgada por la Constitución provincial
En el capítulo referido al Poder Legislativo, la Constitución de Tucumán establece de manera explícita que los legisladores cuentan con inmunidad parlamentaria. En el artículo 62 se fija que los parlamentarios “no serán nunca molestados por los votos que constitucionalmente emitan y opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos dentro y fuera del recinto legislativo”. En el artículo 63, a su vez, dispone que “gozarán de completa inmunidad en su persona desde el día de su elección hasta que cesen en sus funciones, y no podrán ser arrestados por ninguna autoridad, sino en caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de algún delito que merezca pena privativa de la libertad, dándose inmediatamente cuenta al juez competente y a la Legislatura para que resuelva lo que corresponda sobre la inmunidad personal”.
El artículo 64, por su parte, fija las pautas a seguir en el caso de que la Justicia decida avanzar contra un parlamentario por indicios concretos de un ilícito. “Cuando un juez considerare que hay lugar a la formación de causa en materia penal contra un legislador, lo comunicará a la Legislatura y solicitará, en su caso, el desafuero. Ante el pedido de desafuero formulado por un juez, la Legislatura deberá pronunciarse, concediéndolo o denegándolo, dentro de los 15 días de recibido. Si pasare este tiempo sin que haya pronunciamiento, se entenderá concedido”, señala. Y agrega: “la denegatoria deberá ser fundada, votada nominalmente por lo menos por veinticinco legisladores, y dada a publicidad dentro de los cinco días, por la prensa local, con las razones de la denegatoria, y nombres de los legisladores que así decidieron. El desafuero implica el total sometimiento a la jurisdicción, pero no involucrará, por sí solo, ni la destitución ni la suspensión”.
