Fuente: LA NACION – Crédito: Marcelo Manera
La oscuridad que cubre la política santafesina desde hace tiempo comenzó a ser perforada por una investigación que tuvo su génesis en el asesinato en enero pasado del gerente del Banco Nación de Las Parejas, Enrique Encino, y en la banda de Los Monos, protagonistas de extorsiones, y terminó con el jefe del bloque del PJ en el Senado provincial, Armando Traferri, al borde de ir a la cárcel si sus pares retiran los fueros que lo protegen.
El apotegma de que las mafias no pueden funcionar sin la complicidad del Estado comienza a hacerse palpable en Santa Fe. Hasta ahora la Justicia nunca había profundizado en las relaciones entre el mundo criminal y la política, sobre todo en materia de narcotráfico, con bandas como Los Monos que persisten en un negocio millonario y violento -este año Rosario sobrepasó los 200 homicidios- desde hace más de 25 años.
Hasta ahora se habían identificado a sectores encumbrados de la policía como el eslabón más claro de la protección de estos grupos criminales. Pero nadie se animaba a avanzar. El jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal está preso por cobrar coimas en dólares, junto con su mano derecha en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), Gustavo Ponce Asahad, que admitió haber recibido sobornos y lanzó el viernes de la semana pasada fuertes acusaciones contra Traferri, jefe del bloque del PJ en el Senado y otros dirigentes y jefes policiales, entre ellos, Daniel Corbelini, que fue gestor de las investigaciones más complejas en la gestión socialista.
Traferri, un aliado clave de Omar Perotti, que fue uno de los alfiles que forjó la unidad del peronismo, con cercanía a los gremios -entre ellos al portuario Herme Juárez, preso hasta febrero pasado- e intendentes, se plantó desde un principio de la gestión como un opositor interno, disconforme con la cuota de poder que administraba dentro del gobierno, con posiciones más cercanas al Frente Progresista -integrado por socialistas y radicales- que al oficialismo. Él afirma que esa postura crítica le salió caro.
El Senado santafesino acumuló poder desde que en la administración de Antonio Bonfatti, condicionado por tener la Cámara alta en contra, avaló que los 19 legisladores -uno por departamento- manejaran un presupuesto millonario de más de 200.000 millones de pesos, con fondos para subsidios con escasos controles. Por ejemplo, el departamento Garay posee 8.500 habitantes.
En 2017 el exconcejal radical Jorge Boasso denunció irregularidades en el manejo de esos recursos, pero el jefe de los fiscales de Rosario, actualmente preso, cajoneó la causa. Cuando el fiscal Sebastián Narvaja comenzó a investigar, los senadores y diputados, con el aval de todos los bloques, decidieron crear una comisión para controlar a los funcionarios del Ministerio Púbico. La investigación se terminó.
Esa precariedad institucional se construyó desde hace tiempo, con el aval de los espacios más robustos de la política, como el peronismo, el socialismo y el radicalismo, que coincidieron en condicionar cualquier investigación que rozara al poder, como la que llevaron adelante los fiscales María Laura Martí y Roberto Apullán -que terminaron desplazados de sus cargos- sobre las horas extras de la policía, cuando Maximiliano Pullaro era ministro de Seguridad, y a la gestión de la Municipalidad de Santa Fe en manos en ese momento del radical José Corral.
En su discurso de asunción hace un año, Perotti planteó que “el negocio del narcotráfico se ha extendido frente a la ignominia estatal, policial y política, con un pacto de gobernabilidad con el delito. Esto se acabó”. Nadie creyó que dos fiscales iban a llegar tan lejos y que el principal protagonista iba a ser un senador peronista.
Traferri acusa al ministro de Seguridad provincia, Marcelo Saín, de estar detrás de la maniobra judicial. El exjefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria dirigió el Organismo de Investigaciones en el MPA hasta diciembre de 2018. Hace tres semanas, el sector del PJ liderado por Traferri y el Frente Progresista sancionaron dos leyes para golpear el poder del ministro de Seguridad, que Perotti el jueves pasado vetó y dio una señal de respaldo a Saín, que después de contraer Covid-19 mantuvo un silencio poco frecuente en su perfil como funcionario en Santa Fe.
La citación de Traferri a los tribunales se produjo después de que el exfiscal Ponce Asahad, que admitió haber cobrado coimas del empresario que maneja el juego clandestino Leonardo Peiti, acusó al senador de ser un intermediario entre la justicia y los sectores políticos. Los fiscales recolectaron evidencia que avala la imputación del legislador. Este viernes, el abogado de Traferri tuvo que llevar un disco rígido externo para hacerse del caudal de pruebas acumuladas en su contra, que no entraban en un pendrive.
Casi toda la clase política de Santa Fe subestimó el accionar de los fiscales Edery y Schiappa Pietra. Ninguno de los referentes de la oposición ni del peronismo -consultados por LA NACION- creían que tendrían que decidir, quizá la semana próxima, el futuro judicial y político de Traferri, una especie de barón del conurbano rosarino. Los funcionarios judiciales redoblaron la apuesta y anunciaron que llevarán las pruebas a la Legislatura.
Los fiscales pedirán el desafuero del senador y la pelota pasará a la Legislatura, donde ahora los diputados y senadores redireccionan sus GPS, incluido el propio peronismo, que ya dejó de mostrar devoción por la unidad electoralista de la que hizo gala en 2018. El sector kirchnerista fue crítico de que la alianza de gobierno se cerrara y no abriera el juego dándole más espacio a otros sectores, sobre todo a ellos. Ese es un reclamo general a Perotti.
Un síntoma de este desconcierto es que nadie quiere hablar por fuera de la contención del off the record. En el socialismo creen que el gobierno trama llevar al Frente Progresista al terreno de la sospecha. “Quieren que un problema que mancha al peronismo afecte a todos”, apuntan.
Oscuridades no develadas
Es que la oscuridad cubre la política santafesina desde hace tiempo. La diferencia es que ahora dos fiscales decidieron investigar. La historia reciente deja dudas y misterios en episodios que son transversales a los distintos sectores políticos.
Uno de ellos es el asesinato del narco Luis Medina, que en la Justicia analizan revisar. Lo ejecutaron junto con su pareja en el acceso sur de Rosario, el 29 de diciembre de 2013. La jueza María Pérez Vara, de turno en ese momento, nunca apareció en la escena del crimen ni su secretario, el exfiscal Ponce Asahad, actualmente detenido por cobrar coimas. Fue quien lanzó fuertes acusaciones contra el senador peronista. Un día después del asesinato, Bonfatti aceptó jubilar a la jueza.
Dos funcionarios del gobierno del socialismo, Javier Echaniz y Martín Degrati, abrieron la notebook del narco horas después de su muerte en el hotel del casino City Center, sin ninguna autorización judicial. Luego, un grupo de policías entró al country Haras del Pilar, en la provincia de Buenos Aires, donde vivía Medina, en una incursión ilegal. ¿Qué buscaban los funcionarios y los policías? La Justicia nunca lo dilucidó, porque tampoco se investigó en profundidad.
La causa del asesinato terminó en manos de la entonces jueza Alejandra Rodenas, actual vicegobernadora y compañera de fórmula de Perotti, y nunca se supo quién mató a este poderoso narco, que había conseguido la habilitación municipal en Rosario para instalar el boliche Esperanto en pleno centro.
Se sospecha que podría haber sido su exsocio, Esteban Alvarado, que actualmente preso. En noviembre pasado, en la audiencia imputativa contra Alvarado, que encabezaron los fiscales Edery y Schiappa Pietra, se reveló un audio de la aplicación Telegram, que se obtuvo del teléfono que el narco arrojó al lago en Embalse Río Tercero, cuando fue detenido. En ese audio le pedía a su abogado Claudio Tavella -preso hasta fines de noviembre y condenado a tres años de prisión- “que me dé una mano Rodenas”.
El jefe de Unidades Especiales de la Policía Guillermo Morgan, que estuvo en el hotel del casino con la computadora de Medina, fue asesinado en junio de 2014 en un supuesto intento de robo en un Rapipago en pleno centro de Rosario, que manejaba su hijo. Los asaltantes no se llevaron dinero, solo ejecutaron a Morgan pero tampoco nunca fueron atrapados ni identificados los culpables.
El atentado contra la casa del exgobernador Bonfatti, el 11 de octubre de 2013, que provocó una fuerte conmoción política, fue investigado también en un principio por la jueza Pérez Vara, y la causa pasó luego a Rodenas. Nunca se identificó al autor intelectual del ataque a balazos.
Bonfatti decidió en noviembre de 2015, por recomendación de su abogado, el exministro de Justicia Héctor Superti, retirar la imputación contra Emanuel Sandoval, acusado de ser uno de los autores materiales del atentado. Ema Pimpi era un “soldado” narco de Alvarado, rival de Los Monos.
Sandoval fue asesinado el 25 de octubre del año pasado, luego de que un grupo comando cortara la luz y las cámaras de seguridad en la mansión donde vivía y lo acribillaran a balazos. La casa en la zona norte de Rosario, donde cumplía una detención “morigerada” por un doble intento de asesinato, se la había alquilado a un juez, camarista civil de Rosario. El fiscal que pidió esa modalidad de detención en una mansión tenía que ser evaluado por la Legislatura esta semana pero la sesión se suspendió por el escándalo de Traferri.
La semana pasada, en un juicio oral el narco Actis Caporale, que fue detenido en diciembre de 2016 cuando se disponía a correr una carrera de automovilismo en el autódromo de Buenos Aires, afirmó que “la policía de Santa Fe era un ente regulador del narcotráfico”. Y lanzó otra vez todos sus dardos contra Alejandro Druetta, exjefe de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones, que también está siendo juzgado por narco. Druetta era un hombre cercano al exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.
