Claudia Sbdar dice que hay una especie de mito respecto de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Pero ella esperó -entrenó- 11 años hasta que se le dio la oportunidad, sin contar que nunca antes una mujer había accedido a ese lugar. En contraste con su alegría sobria, en su vocalía hay un clima de festejo que subraya la conquista de la “jefa”, como la llaman. Ella trata de quitar hierro a lo que acaba de conseguir y rescata que lo mejor es haber cerrado el capítulo largo que mantenía a las mujeres apartadas de la posibilidad de encabezar los poderes del Estado. Y cuando tiene que referirse a lo que hará en los próximos dos años, subraya que forma parte de un equipo con cinco integrantes y que lo que importa es la voluntad colectiva. A la hora de contestar la pregunta difícil sobre por qué parece que la Justicia protege a los poderosos, Sbdar mira hacia adelante abrazada a los principios fundamentales y sentencia: “la independencia judicial es un valor constitucional irrenunciable”.
Acaba de volver a su despacho, que esta semana dejará para trasladarse al más amplio del Palacio de Justicia, después de participar de un acto de renovación de autoridades que quedará en la historia de la institución porque, a diferencia de las votaciones ásperas de los turnos anteriores, esta vuelta las distintas designaciones salieron por consenso, como Sbdar misma acentúa. No es que haya sido fácil ponerse de acuerdo, pero, al final, el entendimiento permitió emitir una acordada sin mayorías ni minorías. Es, sin dudas, un punto de partida diferente al de las presidencias bienales anteriores. Lejos de esas mieles, a la vocal le inquieta la cadena montañosa de expedientes que tiene sobre la mesa. Luego de recibir las felicitaciones de los colaboradores de su par Daniel Leiva, quien personalmente encabezó el saludo y se puso a su disposición, la presidenta electa se sienta, pide un café y se permite emocionarse evocando en ese momento la figura de su padre, el odontólogo Oscar Sbdar.
-¿Puede relatar cómo fue la reunión de renovación de autoridades en la que participó junto a los vocales Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse, Leiva y Eleonora Rodríguez Campos?
-Creo que hubo una deliberación muy importante e interesante donde se marcaron las diferencias y los acuerdos, que permitió llegar a un consenso. Fue un proceso que se vio reflejado en todas las decisiones tomadas para cubrir los distintos espacios.
-¿Qué puede esperar la ciudadanía de su impronta como presidenta? ¿Qué le dice al vecino común, que ve la Justicia como algo lejano que no entiende o que descree de ella?
-No quiero hablar en nombre propio ni sobre mi presidencia. Entiendo desde siempre que las decisiones de la Corte pertenecen a sus cinco integrantes. Hay algún mito con el tema de la presidencia, que en parte sería de origen popular, pero no es real que signifique un espacio de mayor decisión porque todos los asuntos jurisdiccionales y de superintendencia se toman en conjunto: es un quinto de la decisión. En ese sentido, lo importante es la construcción de una voluntad colectiva. ¿Qué puede esperar la ciudadanía de esta nueva organización? Insisto en que la sociedad tiene que sentir que el Poder Judicial le da una respuesta. Tiene que sentir que logra una solución para los problemas que corresponden a este ámbito, porque, cuidado, muchas veces nos plantean conflictos que no podemos ni debemos resolver por el principio de la división de los poderes. Y cuando hablo de respuesta me refiero a una sentencia fundada, dictada en tiempo oportuno, justa y que se pueda cumplir. En términos técnicos, la Corte busca realizar el derecho de la población a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva, que es el artículo 18 de la Constitución Nacional. No hay mayor garantía que vivir de acuerdo a los mandatos constitucionales: el proceso es una herramienta que sirve básicamente para esto.
-¿Y cuáles son los objetivos concretos de trabajo para los juzgados y tribunales colocados bajo la órbita de la Corte?
-Es muy verdadero que los vocales de la Corte no podemos conseguir solos el servicio que pretendemos dar a la ciudadanía. Estamos transitando el proyecto, que comienza a verse realizado, de la oralidad. Ese es el factor de cambio en esta idea del derecho a la tutela judicial efectiva, y de que el juez y la jueza estén cerca de las partes, y tomen decisiones rápidas e inmediatas. Esto se refleja en las reformas procesales penal y civil. La primera está en un plano de instrumentación y de preparación para que en mayo de 2020 entre en vigencia en toda la provincia. La Justicia civil ha implementado la oralidad sin reforma procesal de manera muy satisfactoria con la particularidad de que, en simultáneo, una comisión con integración amplia y plural elaboró un anteproyecto de código que hoy estudia el Poder Legislativo. Advierto que en este tiempo ha habido un compromiso enorme de parte de los jueces y de las juezas civiles y penales, que se tradujo en muchas horas de capacitación. Tengo fe en estas dos reformas y en el cambio que implicarán para el Poder Judicial. También soy creyente de la relación estrecha que existe entre la formación y el hacer, que es algo que venimos enfatizando, y que debemos sostener y mejorar.
-¿Qué cambio supondrá la presidencia para su rutina?
-Hace mucho tiempo que trabajo en un horario extendido porque me resulta cómodo y rendidor. Sé sin ninguna duda que la presidencia de la Corte exige más presencia todavía porque muchas veces yo he concluido mi tarea a las 17 y, para estudiar en paz un tema, me lo he llevado a mi casa. La decisión jurisdiccional siempre merece una reflexión y un análisis en un clima de concentración. La dinámica de la presidencia, que es de coordinación y de gestión, demanda estar más en Tribunales.
-En el último tiempo hemos tenido noticias de denuncias de hechos graves que involucran a jueces y de apertura de sumarios administrativos. A veces se advierte que el esclarecimiento de estos cuestionamientos es lento en comparación, por ejemplo, con la rapidez con la que otras instituciones evalúan y descartan los pedidos de destitución. La situación es delicada porque el cuestionamiento hiere la imagen de la Justicia más allá del caso concreto. ¿Cuál es su enfoque al respecto?
-Es importante despejar las dudas que surjan porque esto es parte de los derechos que la Justicia debe garantizar a los ciudadanos. Necesitamos acelerar y resolver lo antes posible el trámite de las denuncias que ponen en cuestión el comportamiento o el desempeño de la magistratura y del personal.
-¿Cómo evalúa las condiciones de independencia del Poder Judicial? Hay un indicador preocupante en el hecho de que las denuncias de corrupción muy excepcionalmente llegan a juicio oral, desigualdad ante la ley que genera impotencia en la sociedad.
-La independencia judicial es un valor constitucional irrenunciable e innegociable. La Justicia tiene que ser independiente porque esto hace a las expectativas de la ciudadanía. La Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 dice que los dos principios básicos del sistema republicano son la división del poder y las garantías de los derechos. Estos son los pilares del Derecho Constitucional. Al comienzo se creía que la separación de los poderes era suficiente para garantizar los derechos, pero no alcanzó e hizo falta generar más mecanismos. Ahora bien, las bases fundamentales siguen vigentes.
-La Justicia de Paz está en una situación dramática de extinción. Cuando Posse asumió la presidencia en 2017, el 25% de los cargos estaban vacantes. Dos años después, las acefalías alcanzan al 40% de los despachos. ¿Cómo revertir ese escenario?
-El formato de cinco vocales que analizan y se pronuncian en todas las cuestiones genera cierta demora. Estamos pensando, concretamente respecto de la Justicia de Paz, centralizar una coordinación en dos vocalías. Del mismo modo procederíamos con los asuntos atinentes al personal, a la Secretaría Administrativa, a las compras… Hay una propuesta en circulación para dividir el trabajo, que facilite el estudio de los temas y la toma de decisiones a todos los vocales. La idea es que haya un análisis profundo y una proximidad que permita transmitir con mayor agilidad las necesidades y agilizar las soluciones.
-Usted es la primera mujer de la Corte y la primera mujer que llega a la presidencia. ¿Qué le dice a los chicos que a veces creen que los sueños no pueden alcanzarse?
-Que sí se puede. Hay que soñar e ir atrás de esos objetivos. Es posible trabajar, estudiar, formarse, hacer un camino, luchar por los valores y conseguir los sueños.
Responsabilidades del cargo
¿Cuáles son las funciones de la presidencia de la corte?
La Ley Orgánica del Poder Judicial de Tucumán confiere a quien ejerce la jefatura de la Corte la representación de los Tribunales provinciales. Además, quien tiene a cargo la titularidad del alto tribunal integra las dos salas (Civil y Penal, y Contencioso Administrativo y Laboral); dirige el trámite de los expedientes; supervisa la superintendencia y las oficinas de apoyo, y encabeza la Junta Electoral Provincial que integran los ministros públicos fiscal y de la Defensa.
Coincidencia de género
Mujeres al poder en la provincia
Por primera vez en la historia, distintas instituciones ligadas a la Justicia de Tucumán estarán en manos de mujeres. Claudia Sbdar ocupará la presidencia de la Corte, mientras que Carolina Vargas Aignasse es ministra de Gobierno y Justicia en el Poder Ejecutivo. A la vez, la vocal Eleonora Rodríguez Campos presidirá el Consejo Asesor de la Magistratura. A ello se suma que Marcela Ruiz es la titular de la Asociación de Magistrados de Tucumán. María Elisa Gallo cumple igual función en el Centro de Funcionarios. María Nélida Paz, por su parte, es secretaria general de la filial provincial de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, institución a la que también pertenece la gremialista local Alejandra Martínez.
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