En los últimos meses hubo múltiples denuncias de corrupción y malversación de fondos en la Mutualidad por parte de la gestión de Daniel Deiana, los cuales fueron reflejados oportunamente por parte de Tucumán Despierta. En ese marco es en el que se inscribe la noticia que ayer provocó un verdadero terremoto político.
Y es que el hecho de que la justicia federal ordenara la intervención de la Mutualidad Provincial Tucumán luego de las graves acusaciones de corrupción contra el legislador provincial oficialista es un clavo más que se encastra en el ataúd político que él mismo supo construirse con tantas irregularidades que han salido a la luz en estos meses.
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Sin ir más lejos, ya en mayo del año pasado, dos ex empleados de la Mutualidad Provincial denunciaron a Daniel Deiana nada menos que por defraudación fiscal y por evasión previsional, en el marco de su gestión como presidente de esa entidad. Se trata de Juan Carlos Romero y de Patricia del Valle Giolitto.
La denuncia daba cuenta de los fines defraudatorios para con los acreedores por medio de una maniobra delictiva, consistente en la creación de un Fideicomiso por medio del cual se generó un vaciamiento de la Mutualidad Provincial Tucumán, lo que impide la percepción de las deudas generadas por la violación de las disposiciones de la Ley Penal Tributaria – Provisional.
En ese marco, cabe mencionar entonces que la maniobra delictiva denunciada consistió en la constitución de un fideicomiso al cual le cedieron la totalidad de las cuotas sociales, por lo tanto, al pretender embargar y/o secuestrar estas, ya no se encuentran en el patrimonio de la Mutualidad Provincial Tucumán.
De esta manera, queda claro que la irregular administración lleva a cabo por Deiana generó una multimillonaria deuda perjudicando a diversos acreedores. Para entender la gravedad de este asunto, cabe aclarar que se debe al hecho de que la mayor parte de la deuda a la que se refieren es de naturaleza previsional y fiscal.
Esto, se da a raíz de incumplimientos de aportes al sistema de seguridad social, lo que perjudicó a trabajadores y al fisco nacional. En esa línea, el descarado accionar de Deiana consistía en modificar de manera ilegal las condiciones de trabajo de los empleados de la Mutualidad. Alteraba los rubros que componían la remuneración.
Como así también los comprobantes en donde se debe registrar las condiciones de trabajo de la relación de empleo -recibos de sueldos y libro de registro único-. Entonces, se modificaba la base de cálculo de los aportes y contribuciones, lo que generaba que ingresara al fisco nacional una suma inferior, lesionando los derechos fundamentales de los trabajadores.
La afectación consistía en que los trabajadores no percibían el monto del beneficio previsional que por ley les correspondía a consecuencia de las maniobras delictivas de Deiana como Presidente de la Mutualidad. Además, al momento de hacer efectivo el pago de los salarios, se hacía entrega de un recibo de sueldo en que constaban los aportes y contribuciones.
Este detallaba una correcta exposición de la relación de empleo, pero resulta que el pago de estos se hacía por una suma inferior. Se modificaba el contenido del recibo de sueldo, lo cual se hacía sin consentimiento de los trabajadores y en violación a las disposiciones legales que rigen la relación de empleo.
Lo que, a su vez, implicaba que ingresara una suma inferior al sistema de seguridad social de aportes y contribuciones. Es entonces que no se entiende tamaño cinismo de parte de Deiana cuando ayer le expresó a la prensa que “Oficialmente, no está confirmada la intervención”. Lo cierto, es que el legislador y su gestión tienen los días contados al frente de la Mutualidad.
Como si esto no fuera suficiente, la venta de vacunas que habían sido obsequiadas por el Siprosa, la aplicación de inyecciones con ampollas de medicamentos vencidos a los afiliados, el robo del sueldo a empleados y otras gravísimas denuncias pesaron desde mayo en adelante contra el legislador Daniel Deiana.
Lo cierto es que los damnificados de la administración Deiana esperan todavía respuesta de los tres poderes del Estado, porque tanto el Ejecutivo durante el gobierno de Alperovich, como el Legislativo y la Justicia son responsables de las humillaciones y atropellos que sufrieron los trabajadores de la Mutualidad provincial durante años, y jamás hicieron nada.
En esa línea, no s casualidad que los damnificados denunciaran que Deiana convirtió a la Mutualidad Provincial en una Pyme familiar. Sobre todo, considerando que, si se repasa los apellidos de quienes ejercieron los siete cargos en el actual Consejo Directivo, el apellido del legislador se repite cuatro veces.
Claramente, con una Mutualidad quebrada y sin servicios esenciales para sus afiliados, la institución solo parece ser un gran negocio para Deiana y familia. Es por ello que resulta auspiciosa la decisión de la justicia federal para que de una buena vez por todas, el reinado de Deiana al frente de la Mutualidad llegue a su fin junto con la impunidad que lo caracterizó todo este tiempo.
