Opinión:
Cuando la sociedad está demasiado crispada y escéptica, producto de soportar sobre la espalda demasiadas décadas de decadencia nacional ininterrumpida, salvo breves y esporádicos veranitos inconsistentes, “el sentido judicial” estalla por el aire.
Y cuando nos gana el enojo no hay razonamiento posible. La gente siente bronca cuando observa tantos delincuentes sueltos (de remera o de traje), muchas veces reincidentes, arrestos domiciliarios incomprensibles, condenas demasiado leves, libertades condicionales en crímenes aberrantes o investigaciones que, a medida que más alto suben en la escala del poder, menos avanzan, o que directamente nunca comienzan.
No importa si se trata de procesos judiciales correctos, en tiempo y forma razonables o sentencias ajustadas a derecho. Aunque estas “virtudes” no abundan en el servicio de Justicia, aún cuando se hubiera hecho todo bien, ya nada conforma a nadie.
Esto pasa cuando ya no es el sentido judicial el que estalla por el aire -de hecho viene ocurriendo desde hace años- sino que es el sentido común el que ahora está explotando.
Linchamientos, justicia por mano propia y ajusticiamientos son moneda común y cada vez asombran menos.
Del lado de los malos, porque gozan de impunidad para robar, lastimar, violar o asesinar. Del lado de los buenos, porque la impotencia y la desesperación llevan a cometer cualquier locura.
650 años de sueldo
“En ningún país hay inseguridad cero, hagamos el esfuerzo que hagamos”, afirmó esta semana el gobernador sustituto Osvaldo Jaldo. No deja de ser una verdad a medias.
Porque América y África tienen entre cuatro y cinco veces más homicidios intencionales cada 100.000 habitantes que Europa, Asia y Oceanía.
Y así mientras hay países como Finlandia que han cerrado cárceles o les están quitando las rejas, en lugares como Tucumán estamos desesperados por construir más penitenciarías para amontonar inadaptados y desahuciados.
La desigualdad es la variante que más impacta en la inseguridad, así como a mayor estado de bienestar e igualdad de oportunidades, mayor es la seguridad.
Lo mismo que con la equidad ante la ley. ¿Cuántos años de cárcel hubiera recibido un marginal si lo hubiesen descubierto in fraganti con nueve millones de dólares robados? ¿Además de una decena de otros delitos contra el Estado?
Buenos abogados, una billetera gorda y una red de influencias definen la dureza de una pena, si acaso excepcionalmente se llegara a una condena.
Esto también es inseguridad, jurídica, institucional, republicana.
Parafraseando a Jaldo, en ningún país hay corrupción cero. Faltaría agregar “hagamos el esfuerzo que hagamos”, pero para el caso de Tucumán esta aclaración no aplicaría.
Es público y notorio que el nivel de vida que ostenta una importante parte de la clase política tucumana no condice con sus ingresos.
¿Cómo hizo un simple empleado legislativo, que nunca tuvo otra actividad en 30 años, para comprar una casa en Punta del Este que a precio fiscal (un millón de dólares) equivale a lo que gana un maestro en 560 años? ¿O para tener tres vehículos de alta gama que equivalen a 90 años de sueldos docentes?
Esto, suponiendo que en esos 650 años el maestro no comió, no se vistió, no se curó, no crió ni educó hijos, no viajó en colectivo, etc.
Más cerca nuestro, con un simple recorrido por Tafí del Valle, Yerba Buena o el mismísimo Cafayate veremos una tras otra mansiones que pertenecen a empleados de los tres poderes del Estado.
Esta pregunta que se hace muchos ¿no se la hace ningún funcionario judicial? ¿Tampoco se la hace ningún político que dice ser honesto?
Es que, en mayor o menor medida, los favores van y vienen por debajo de la mesa. Conocemos, hay que decirlo, no pocos funcionarios que viven austeramente. Aunque, también debe decirse, austeramente callados. Si esto no es inseguridad, ¿qué es?
El juicio que no fue
Esta semana debería haber comenzado el juicio penal contra el legislador Manuel Jorge Yapura Astorga y otras siete personas más por presuntos delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito (por un valor de 200.000 dólares aproximadamente) cometidos durante su mandato como intendente de Tafí del Valle (2011-2015).
Una causa de peso en un contexto donde poco y nada se investiga, con posibles hechos de corrupción en la provincia, sobre todo de ese nivel jerárquico.
Luego de siete años de dilaciones y chicanas judiciales y políticas, la audiencia oral y pública, a cargo de la Sala III Conclusional, integrada por los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Adolfo Fradejas y Luis Morales Lezica, debería haberse iniciado el jueves.
De hecho sí comenzó, pero a los 10 minutos el plenario fue suspendido.
Para que esto pase ocurrieron dos hechos, tan sorpresivos como sorprendentes.
El primero pasó el martes, que por el feriado era el último día hábil antes de la audiencia. El fiscal de la investigación, Daniel Marranzino, se inhibió de la causa. Fue reemplazado por la fiscala de Cámara de la I Nominación, Marta Jerez de Rivadeneira.
Cuando comenzó el debate, la representante del Ministerio Público Fiscal manifestó que los argumentos que vertió su colega Marranzino no alcanzaban para una inhibición.
“Ninguno de los elementos ha sido cumplimentado. En consecuencia, considero que no debe hacerse lugar a la inhibición de Marranzino. Debe rechazarse y que él sea el representante del Ministerio Fiscal que continúe en la causa”, dijo.
Es casi inédito que un fiscal argumente que no quiere investigar a los acusados un día antes de que comience el juicio.
Y los argumentos que presentó Marranzino para no investigar -y que rechazó Jerez- fueron dos: el primero, que se había interpuesto un pedido de Juicio Político contra él en la Legislatura, y el segundo fue que esta misma columna de LA GACETA, del 13/05/2022, titulada “Una luz al final del oscuro túnel judicial”, “cuestiona mi actuación en la presente causa y agreden a mi honorabilidad y objetividad personal”.
Lo que dijimos en esa columna de hace dos semanas fue lo siguiente: “También el fiscal de Cámara Conclusional Daniel Marranzino defendió los fueros de Yapura Astorga. Resulta llamativo que un funcionario que debe investigar coincida con los argumentos de un imputado para no ser investigado. Además contradijo un dictamen anterior del propio Ministerio Fiscal”.
A lo que hacía referencia este párrafo es que anteriormente, cuando la defensa de Yapura Astorga pretendía llegar a la Corte Suprema para que dirima si el legislador estaba desaforado o no, Marranzino, subrogando al ministro Fiscal Edmundo Jiménez, consideró que no existía “gravedad institucional” para que la causa llegara al máximo Tribunal. Luego cambió de opinión.
Ahora queda en manos de Romagnoli, Fradejas y Morales Lezica designar un nuevo fiscal, algo que podría ocurrir en los próximos 15 a 20 días.
En manos de la Corte
El segundo hecho sorpresivo y sorprendente por el que se suspendió el juicio fue que ese mismo jueves el Alto Tribunal hizo lugar a un recurso de queja por casación denegada que había presentado en abril la defensa del legislador, encabezada por Macario Santamarina.
La decisión suprema fue notificada minutos antes del comienzo de la audiencia. Por este otro motivo los jueces se vieron obligados a suspender el proceso hasta tanto la Corte se expida.
Hay pocas razones para que una decisión de una Cámara, que consideró que Yapura Astorga ya había sido desaforado dos veces para ser procesado, llegue a la Corte. Que se trate de una sentencia definitiva o equiparable, como una prisión preventiva que pone en riesgo la libertad de una persona, o que se trate de un hecho de gravedad institucional.
Lo muy llamativo es que en marzo de 2020 la Corte consideró lo contrario:
“…Tampoco se verifica en el caso la existencia de algún supuesto de gravedad institucional que permita superar el obstáculo de la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado, ya que los recurrentes no logran acreditar que la cuestión debatida en autos exceda el mero interés particular del interesado y se proyecte a toda la colectividad. En efecto, no se advierte que la cuestión que se pretende traer a la revisión extraordinaria de esta Corte supere el sólo interés particular del imputado Yapura Astorga…”
Esta sentencia de hace dos años fue recordada por el vocal Daniel Posse, cuando argumentó su rechazo a la queja interpuesta por la defensa del ex intendente.
Posse fue el único juez que ahora votó en contra del pedido de Yapura Astorga y su defensa.
A favor votaron el presidente de la Corte Daniel Leiva, Claudia Sbdar y el subrogante Patricio Prado.
Antes se habían inhibido de esta causa, los vocales Antonio Estofán y Eleonora Rodríguez Campos.
También Sbdar había realizado un pedido de inhibición porque fue denunciada por Sebastián Luna y Carlos Arnedo (los dirigentes que iniciaron la investigación), pero no se la aceptaron.
La ley es muy clara en el tema de los fueros. Una vez que un funcionario fue desaforado y se inicia un proceso judicial no recupera los fueros si vuelve a ser electo, al menos para esa investigación.
Sí le valen los fueros para acusaciones posteriores a ser nuevamente elegido para un cargo.
Yapura Astorga perdió los fueros dos veces, a manos del propio Concejo Deliberante de Tafí del Valle.
Si ahora la Corte le da la razón al legislador en el tema fueros todo el proceso quedará nulo y deberá empezar de cero, con un nuevo pedido de desafuero a la Legislatura.
Si la Corte le vuelve a decir que no al acusado, la defensa podría llevar este caso al máximo tribunal nacional, lo que podría tardar años en resolverse, ya que se trata de una causa “pequeña” para ese nivel judicial.
Como fuese, ya sea por la condena o la absolución, no habrá Justicia en este caso por mucho tiempo.
Ya pasaron siete años y nadie sabe cuántos años más pasarán.
“Sentido común” versus “sentido judicial”, o “sentido común” versus “sentido político”.
Realidades paralelas que en esta provincia no se tocan ni se miran, y donde el Estado sólo protege los privilegios de sus privilegiados.
Por: Federico Türpe
