El Poder Ejecutivo (PE) avanza con los trámites administrativos para llevar adelante el cotejo de precios destinado a la compra de un centenar de ómnibus, a la espera de que la Legislatura trate en el recinto el DNU firmado por el gobernador, Osvaldo Jaldo.
Por estas horas, uno de los interrogantes pasa por cómo se distribuirán las unidades, que serán adquiridas a partir de una inversión del Gobierno provincial, aunque las firmas nucleadas en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) deberán reintegrar esos fondos, principalmente, mediante la retención de los subsidios al sector.
El martes, tras la reunión con la comisión de Labor Parlamentaria, en la Legislatura, el ministro de Economía, Daniel Abad, explicó a la prensa que el DNU está justificado en la crisis que atraviesa el sector, algo que es “de público conocimiento”. Y remarcó que el instrumento alude al servicio interurbano y rural, dado que “es la competencia que tiene la Provincia”. “El transporte urbano es competencia de la Municipalidad de la Capital”, recordó el funcionario.
Más allá de esto, fuentes de la Casa de Gobierno explicaron ante una consulta que la intención es respetar la autonomía del municipio. Por ello, caso de que la sede de 9 de Julio y Lavalle requiera que se incluya a las 14 líneas urbanas en la distribución de nuevos coches, el Poder Ejecutivo está dispuesto a analizar las posibilidades de avanzar en ese sentido.
El propio gobernador había abierto la puerta a esta posibilidad días atrás, cuando acompañó a la intendenta de la Capital, Rossana Chahla, a la presentación de la primera tanda de colectivos 0 Km para el ámbito urbano, adquiridos por los empresarios Maximiliano y Guillermo Villagra (Líneas 11 y 19). “Quienes viven en San Miguel de Tucumán también van a ser beneficiados con la compra (de colectivos por parte) de la Provincia”, había señalado Jaldo respecto al pedido público que había efectuado la jefa municipal para que se incluya a la Capital.
Pese a ello, en Aetat dan por hecho que los primeros ómnibus que llegarán por gestión de la Casa de Gobierno -en el marco del DNU enviado a la Legislatura- serán asignados a los recorridos del Gran San Miguel de Tucumán y de los distritos del interior.
Concesiones
Incluso, además de la cuestión de la competencia y de la autonomía, el tercer factor que podría complicar el envío de coches a la Capital es la cuestión de las concesiones.
Desde la gestión alfarista, los empresarios prestatarios del ámbito urbano cuentan con permisos de explotación precaria.
Si bien la administración de Chahla busca regularizar esta situación, el Concejo Deliberante aún no llevó el tema al recinto.
En contrapartida, el medio centenar de líneas de los servicios del interior cuenta con las concesiones, e incluso se habla de una renovación de las adjudicaciones para el año próximo.
Como una de las condiciones que plantea el PE a las empresas de ómnibus es que estén en regla para recibir las unidades -con prenda-, en Aetat no tienen claro si los permisos precarios serán un obstáculo para que los nuevos coches lleguen a la Capital. “Hay que ver la letra chica”, advierten en el sector privado.
Por lo pronto, este tema ya generó reacciones en la Legislatura, donde Agustín Romano Norri advirtió que “sería un acto de discriminación hacia los vecinos de San Miguel de Tucumán, que deben tener las mismas posibilidades que los usuarios del interior”. “Con los instrumentos que hay, salvo que surja algún acuerdo, es un hecho que no llegarán a la Capital”, alertó el radical.
