Si no llueve para arriba, la Corte volteará en semanas la reforma del Consejo de la Magistratura que el kirchnerismo consiguió hacer ley en 2006 con el apoyo de un sector del duhaldismo. Hablando de equilibrio, desequilibró en beneficio de la política el organismo que decide sobre los jueces. Un organismo bien poderoso: designa, echa o salva jueces. La ley fue declarada inconstitucional y espera desde hace cuatro años la confirmación de la Corte.
Impulsada por Cristina Kirchner, achicó los consejeros de veinte a trece, en una poda planificadamente despareja. Jueces, abogados y académicos perdieron cinco sillas. La política, apenas dos. La política conservó siete lugares y, de yapa, conquistó un premio: la posibilidad de armar quórum. Los números a veces confunden. Aquí aclaran: los dos cargos que cedió la política, un senador y un diputado, le fueron sacados a la minoría. O sea, a la oposición.
Ya en 2006 el kirchnerismo hacía gimnasia con su vamos por todo, al que aún no se había animado a sincerar. Ganó la política pero sobre todo ganó el Gobierno: con cinco votos propios (dos senadores y dos diputados más el representante del Poder Ejecutivo) pasó a tener casi el 40% de los consejeros, sin contar aliados. Esos cinco votos sobre trece le dieron algo más todavía.
Le otorgaron un virtual poder de veto, porque las decisiones clave, como aprobar pliegos o remover jueces, necesitan de los dos tercios. La ley también corrió nada menos que a la Corte, que presidía la Magistratura y quedó afuera. El reparto terminó así: 3 jueces, 2 abogados, 4 legisladores por la mayoría y 2 por la minoría, 1 académico y 1 del Poder Ejecutivo. Puestos con nombres y colores políticos.
Ideado para cuidar la Justicia, el Consejo cuida la política, haciendo la peor de las políticas. Tiene menos consejeros, pero más empleados que nunca y aparece paralizado por donde se lo mire: un 25% de los cargos está vacante y la Comisión de Disciplina se reúne, promedio, cada tres meses. Se movió rápido para el desplazamiento de Bruglia y Bertuzzi, casos molestos para Cristina porque habían procesado a Cristina.
En definitiva, bajar la reforma es volver al viejo Consejo, a menos que la Corte resuelva otra cosa. El reequilibrio no será fácil ni rápido: hay que nombrar consejeros y esperar que venza en noviembre el mandato de los actuales. El Gobierno temía este fallo, que ahora teme más, perdidas las legislativas y el cómodo manejo que Cristina ejercía en el Senado, por donde pasan o quedan las decisiones sobre los jueces.
