En diciembre, el presidente Alberto Fernández anunció obras por más de $33.000 millones para Tucumán. Del total, $4.112 millones se presupuestaron para un nuevo Complejo Penitenciario en Benjamín Paz (Trancas), en el marco de la crisis carcelaria de la provincia y de la Emergencia en Seguridad Pública (Ley N° 9.424). El proyecto, sin embargo, aún no se puso en marcha. Y todo indica que tendrá algunas semanas más de retraso. ¿Qué pasó?
El titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) de la Provincia, Alfredo Quinteros, dijo que la semana pasada se convocó a cinco empresas constructoras a un cotejo de precios para adjudicar las obras (la norma por la emergencia autoriza la excepción de la licitación pública y sus respectivos plazos). Dijo que para la convocatoria se tuvo en cuenta la capacidad ejecutora de cada firma y sus antecedentes en proyectos vinculados a seguridad.
La empresa Tensolite resultó seleccionada en el cotejo. La oferta fue enviada a la comisión de Preadjudicación de la DAU para su análisis, pero Quinteros adelantó que la propuesta sería desestimada por estar un 60% por encima del presupuesto de la Nación. “Estimo que se hará un nuevo cotejo de precios y que en 60 días estaremos en obra”, dijo.
El funcionario sostuvo que: las firmas invitadas cumplían con los requisitos fijados en línea con los requerimientos de la Nación; desconoce por qué la oferta de Tensolite es superior (especuló que se contemplaron cosas que no estaban incluidas en el proyecto); se convocó a empresas de las dos cámaras de construcción que hay en Tucumán (CTC y Cecoprit); y que del cortejo también participaron autoridades la Secretaría de Obras Públicas y del Ministerio de Seguridad. A su vez, advirtió que en los procesos de obra se eligen las ofertas más convenientes y no necesariamente las más económicas para que se garantice la concreción del proyecto.
Según pudo averiguar este diario, las otras firmas que se invitaron a participar del cotejo de precios el 16 de este mes fueron Nesol, Cuadrado, Helpa y Cesa.
El legislador Ricardo Bussi (FR) se hizo eco de la situación y elevó un pedido de informes al titular de la comisión de Obras Públicas de la Cámara, Tulio Caponio (PJ), para que solicite detalles relativos al proceso de adjudicación del proyecto. Criticó especialmente la falta de publicidad del proceso debido a su magnitud.
Bussi dijo que, según averiguaciones realizadas, cuatro de las firmas no habrían dispuesto de la capacidad necesaria para constituirse en ofertantes. Por ello pidió que se informe si sólo una de las empresas se encontraba en condiciones de ofertar y que se precise el monto de la obra propuesta por la firma ganadora.
El titular de la CTC, Jorge Garber, dijo que desconoce en profundidad cuáles empresas de la cámara fueron invitadas. A su vez, afirmó que dicha institución no fue consultada respecto a cuáles pueden tener “el expertise” para hacer este tipo de obra.
Quinteros aclaró que la comisión de la DAU evaluará la oferta y aconsejará o no su aprobación. En caso negativo, el PE debe autorizar un nuevo proceso.
