La causa en contra de un joven empleado legislativo al que le encontraron cinco kilos de drogas está paralizada porque la Justicia ordinaria no cumplió con los pasos procesales y en la Justicia Federal, que debería entender en el asunto, no se inició aún una investigación. El polémico caso salió a la luz cuando quedan poco más de dos meses para entre en vigencia la Ley de Narcomenudeo y sigue sin determinarse cómo actuarán ambos fueros ante este tipo de situaciones.
Armas en alquiler
El 26 de setiembre, una mujer fue asaltada por dos motochorros en la esquina de Santa Fe y Lucio V. Mansilla. Personal de la seccional 7ª, al mando del comisario Ariel Galván, investigó el hecho. Los policías no lograron individualizar a los delincuentes, pero sí recibieron información de que los acusados podrían haber alquilado armas en una casa de Lomas de Tafí y que parte del botín (un celular blanco y una campera rosa) podrían estar allí. El fiscal Arnoldo Suasnábar consiguió que un juez autorizara un allanamiento en la vivienda de Juan José “El Gringo” Correa.
Los uniformados se presentaron en el domicilio señalado el 2 de octubre. Allí encontraron dos armas de fuego, más de 40 proyectiles; 3,8 kilos y 12 plantas de marihuana; 1,8 kilo de cocaína, unas 15 pastillas que podrían ser de éxtasis; celulares, agendas y una camioneta Ford Ranger, entre otros elementos.
No pudieron ubicar ninguna de las pertenencias de la víctima. [su_highlight background=”#FAFA05″ color=”#000000″ class=””] También descubrieron que “El Gringo”, ex integrante de “La banda del Quiosquito”, formaba parte del personal de la Legislatura. (Ver “Le dimos la baja…”) [/su_highlight]
Según una fuente policial, se sospecha que la casa allanada no era un “quiosco” de venta de drogas, sino que en realidad el acusado las habría ocultado allí para venderlas en otra parte; o podría haberlas entregado para que otros las comercializaran. También se cree que sus clientes, según la hipótesis que manejan los investigadores, eran personas de alto poder adquisitivo.
Medidas contradictorias
[su_note note_color=”#0A8C06″ text_color=”#ffffff” radius=”10″ class=””]El operativo en cuestión también generó polémicas. Cuando la Policía comunicó a la Justicia los resultados del allanamiento, una funcionaria judicial ordenó la aprehensión de Correa, pero luego se comunicó nuevamente para informar que Suasnábar había dispuesto que se dejara en libertad al sospechoso. Sin embargo, minutos después, se documentó que por pedido del ministro de Seguridad, Claudio Maley, el fiscal decidió que “El Gringo” quedara finalmente tras las rejas.[/su_note]
Idas y vueltas
Con los resultados de los allanamientos, el joven debería haber enfrentado dos causas paralelas. Suasnábar lo acusó por el robo agravado y por ese hecho pidió la detención, medida que concedió un juez de instrucción, pese a que hasta el momento no habría pruebas fehacientes -dijo la fuente policial- de que haya tenido algún tipo de participación en el hecho, ya que no se secuestraron las armas utilizadas en el ataque ni los objetos sustraídos a la víctima. Fuentes judiciales dijeron que pedirían en las próximas horas que se le dicte la prisión preventiva.
En la Justicia Federal, que debe entender por el hallazgo de las drogas, no existe aún ninguna causa. El juez Francisco Pisa declinó la competencia el viernes 4, es decir, dos días después de haberse producido el allanamiento.
Según trascendió, Pisa le pidió al fiscal Suasnábar que remitiera la causa a la justicia Federal, pero no se cumplimentó el trámite, ya que nunca lo habría notificado de la decisión que había tomado, por lo que la investigación por la causa de drogas quedó en la nada.
En la espera
Fuentes de la Justicia Federal confirmaron a LA GACETA que hasta ayer a la mañana no habían recibido el caso, pese a que ya transcurrieron 15 días del hallazgo. No se descarta que en las próximas horas, el juez federal Daniel Bejas tome cartas en el asunto ante la falta de comunicación por parte de sus pares.
Planteos
Mientras los días pasan y la causa sigue estancada, la droga permanece guardada en la seccional 7ª, en la misma dependencia donde se encuentra detenido Correa. Los abogados Silvia Furque y José María Molina, desde hace más de dos semanas, recorren los pasillos del juzgado federal para comenzar con la defensa del acusado, pero hasta ahora no pudieron hacer nada, ya que legalmente no hay ninguna causa en su contra por tenencia o comercio o tráfico de estupefacientes.
[su_note note_color=”#0A8C06″ text_color=”#ffffff” radius=”10″ class=””]Los profesionales cuestionaron las irregularidades que se cometieron durante el procedimiento. “Secuestrar drogas no es facultad de la justicia ordinaria; si la Policía no comunicó ni telefónicamente el hallazgo de la sustancia, y si la Justicia Federal no tiene conocimiento de la causa, nos preguntamos: ¿la droga dónde está?”, dijo la abogada.[/su_note]
Sin control
Molina agregó: “no podemos saber si la cadena de custodia que fija el protocolo de actuación dispuesto por la Nación se está cumpliendo. Tampoco es normal que hayan pasado 15 días del procedimiento sin que se hayan mandado las actuaciones a la justicia Federal”.
“Nunca se nos mostró la droga incautada. Llegamos al domicilio por pedido de nuestro defendido y no se nos permitió entrar para realizar un control sobre lo que se estaba haciendo. Cómo será de armada que está la causa que personal de la seccional 7ª invadió jurisdicción para realizar un allanamiento irregular”, concluyó Furque.
[su_box title=”Las claves del caso” style=”default” box_color=”#0A8C06″ title_color=”#FFFFFF” radius=”10″ class=””]
1- La Policía allanó una casa de Lomas de Tafí por una causa de robo, pero encontraron más de cinco kilos de droga. Los defensores aseguran que la medida fue irregular.
2- Juan José Correa trabajaba en el bloque del legislador Eduardo Bourlé. Se quedó sin trabajo al día siguiente de ser detenido.
3- La Justicia ordinaria no había declinado aún la competencia. El juez federal Daniel Bejas tomaría medidas al respecto.
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