Un mes de definiciones fiscales. Eso es octubre. Las provincias ya cuentan con las pautas presupuestarias para 2023, pero aún esperan otros indicios para terminar de cerrar el calendario impositivo en cada una de sus jurisdicciones. Y hay dos cuestiones esenciales que tendrán impacto en los bolsillos de los contribuyentes: las valuaciones de las propiedades y de los automóviles, dos tributos que inciden, particularmente, sobre el patrimonio de las personas y de las empresas. Esta situación se observa en medio de la promulgación del Consenso Fiscal, por parte del Gobierno nacional, con el que las provincias pueden retocar las alícuotas de los impuestos hasta un tope asignado en ese acuerdo. Sin embargo, desde la Casa de Gobierno manifestaron que no se prevé modificar esas alícuotas, sino recrear las condiciones para que el sector productivo y otras actividades privadas puedan desarrollar sus negocios y, así, mejorar la competitividad respecto de otros distritos de la región.
El decreto 677/2022, que promueve el convenio Nación-provincias, fue publicado ayer en el Boletín Oficial de la Nación, con las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Juan Manzur y del ministro de Economía, Sergio Massa. Ese nuevo consenso fiscal fue firmado el 27 de diciembre del año pasado entre el jefe de Estado y 21 gobernadores. Luego fue remitido al Congreso Nacional para su tratamiento y tardó varios meses para convertirse en ley.
Así, las provincias quedan habilitadas para aumentar impuestos, como Ingresos Brutos y Sellos, aunque con topes máximos.
En cuanto al impuesto a los Sellos, se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles; del 3% a la transferencia de automotores; y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general.
Consultados por LA GACETA, tanto el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, como el ministro de Economía, Eduardo Garvich, señalaron que la intención oficial se sostener el esquema impositivo vigente y no aumentar la carga fiscal. Sin embargo, el Estado (nacional y provinciales) apelan todos los años a un revalúo. En el ejercicio vigente, ha sido del 30% para las propiedades radicadas en territorio tucumano. Para el próximo período fiscal 2023, el reajuste puede ser similar o tal vez un poco más alto, del 40%. Esa es la definición que aún no se adoptó en la Casa de Gobierno.
En las últimas reuniones, los gobernadores han dejado en claro que no estaban dispuestos a enganchar las subas en las valuaciones con las que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene previsto aplicar a nivel nacional para el cálculo del impuesto sobre los Bienes Personales. Así, las jurisdicciones del interior aplicarán sus propios revalúos para la estimación de las posiciones vinculadas con el impuesto Inmobiliario. Según los cálculos oficiales, con la inflación actual más los reajustes naturales de ese proceso en el mercado inmobiliario, el aumento estaría en el orden del 75%. En el caso tucumano, se aclaró que no se reajustarán a través de esa mecánica, mucho menos para poner los valores de las propiedades a tono con los precios del mercado.
En marzo pasado, el Gobierno nacional había promovido una modificación de las valuaciones fiscales de los inmuebles para acercarlos a su valor de mercado, de manera de que a lo largo del programa que se busca aprobar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tenga un impacto positivo en torno al 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI). Así lo había anunciado la entonces titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. El Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (Ofevi) se encargaría de recabar los datos de todo el país y hacer los respectivos cálculos de acuerdo con la ubicación de las viviendas. Con los cambios en el gabinete económico más otras modificaciones que la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda formularon en el mercado de la renegociación de la deuda con el organismo internacional, ese proceso había quedado sin efecto.
En el Consenso Fiscal, el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior y las áreas competentes, se comprometió a fortalecer y modernizar los organismos jurisdiccionales de Catastro Territorial, Registro de la Propiedad Inmueble y Rentas o Agencias de Recaudación y su interoperatividad o integración entre ellas. “Las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometen a tomar las medidas que resulten necesarias para incrementar el grado de cobrabilidad de los distintos tributos, colaborando con los gobiernos municipales en el caso de aquellas provincias que han delegado impuestos en los mismos”, plantea la ley nacional 27.687. Sin embargo, al momento de su firma, la situación económica de la Argentina era diferente a la actual. Los gobernadores consideraron que, frente a la inflación, poner los impuestos a tono con esa suba sostenida de precios implicaría un alto costo político, más aún a las puertas de una elección general.
Los rodados
Mientras tanto, los fiscos provinciales aguardan otra decisión nacional: la readecuación de los valores de los automotores y rodados por parte del Registro Nacional de Propiedad del Automotor (RNPA). Tanto esta disposición como la inmobiliaria son fundamentales para que, luego, la Dirección General de Rentas de Tucumán determine el porcentaje de las bonificaciones que, cada fin de año, se anuncian para aquellos contribuyentes que pagan regularmente las posiciones. Habitualmente ha sido del 20%. La difícil situación del país, además, ha llevado a que el Ministerio de Economía de la provincia sostenga el régimen de facilidades de pago de deudas impositivas. La prórroga, según indicó el ministro Garvich, rige hasta fines de este mes. Luego se determinará qué sucederá hacia el futuro.
Comportamiento de la recaudación de Rentas
El Gobierno tucumano prácticamente ha llegado al límite de las subas de las alícuotas permitidas por el Gobierno nacional para el cálculo del impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Ingresos Brutos representa el 82% del total de la recaudación de impuestos provinciales. Le sigue Sellos, con el 6,5% del total; Automotores y Rodados con el 4,8%; Salud Pública con el 3,8% y el Inmobiliario con el 2,2% del total.
El grueso de la recaudación de Ingresos Brutos proviene de contribuyentes de extraña jurisdicción, es decir, que están fuera de la provincia, pero inscriptos en el sistema denominado Convenio Multilateral.
En los ocho primeros meses del año, Rentas recaudó cerca de $ 60.000 millones (equivale a cinco planillas salariales netas del sector público), con un aumento interanual de los ingresos del 66%.
